Tras acordar una prórroga de la fecha límite para la negociación de la Convención Colectiva de la Universidad de Costa Rica (UCR) hasta septiembre, tanto la Administración como el Sindicato de Empleados Universitarios (Sindeu) trasladaron ahora su preocupación hacia el punto más conflictivo del proceso: la discusión sobre el porcentaje de anualidades para los trabajadores.
Este tema, que ha estado en discusión en diferentes instituciones públicas del país en los últimos años, genera discrepancias entre ambas partes.
A pesar de que aún no entran a discutir aspectos puntuales de las propuestas.
Mientras el Sindeu propone man- tener la anualidad vigente del 5,5%, la Administración universitaria aspira a una rebaja escalonada.
La propuesta de la Administración es conservar el 5,5% para quienes cumplan entre uno y cuatro años de servicio; bajarlo al 4% durante el quinto y sexto año; al 3% para quienes laboren de siete a 30 años, y que de 30 años en adelante la anualidad se mantenga en el 1%.
El vicerrector de Administración, Carlos Araya, afirmó que esta medida se toma por la necesidad de disminuir la masa salarial de la institución, pues estos egresos están creciendo a mayor ritmo que los ingresos y descartó que sea por presiones políticas referentes al déficit fiscal. “En febrero del 2013 creamos una comisión para que analizara la situación salarial, en ese momento no habían entrado los diputados que están generando presión en materia de empleo público”, manifestó.
Asimismo, explicó que las anualidades permiten que la UCR ofrezca salarios atractivos en el mercado laboral, y que su propuesta busca mantener ese incentivo sin arriesgar el bienestar económico de la institución. “Para compensar ese efecto de salarios de contratación, que no son del todo competitivos, durante los primeros años podemos tener un porcentaje de anualidad mayor, que haga que al año siete los salarios lleguen a ser muy competitivos, pero que a partir de ahí no siga habiendo diferencias, como se está generando en este momento”, declaró Araya.
Aunque la Convención Colectiva vigente indica una anualidad del 3%, en el 2009 el Consejo Universitario (CU) aprobó un aumento hasta el porcentaje actual. Por otra parte, el artículo 12 de la propuesta de texto sustitutivo del Sindeu, señala que el 5,5% se debe man- tener “conforme con las prácticas ya establecidas por la Universidad”.
La secretaria del Sindeu, Rosemary Gómez, alegó que “ese 5.5% está protegido por la actual Convención Colectiva y es un derecho adquirido”.
Según el Sindeu, la propuesta de anualidad escalonada de la Administración busca castigar a las personas con más años de laborar para la institución. “Yo puedo interpretar que se castiga al más antiguo, pero también puedo interpretar que es un mecanismo para que la gente se pensione más rápido”, dijo Gómez.
Por su parte, Araya consideró que el sindicato se opone a un nuevo sistema de anualidades porque están “alejados de la realidad de la Universidad, del país y del mundo”. Desde el Sindeu ponen en duda la tesis de la crisis, pues afirman que la Universidad da indicios de tener unas finanzas sanas y estables, refiriéndose a las inversiones que se han hecho en infraestructura. “Hasta la fecha (…) no tenemos estudios que nos demuestren que la situación cambió”, aseguró Gómez.
En términos financieros, la Administración también propone cambios en la fórmula de aumento salarial por costo de vida. El método actual, en uso desde 1996, paga por adelantado el incremento anual en inflación, basado en las previsiones del Banco Central.
La Administración universitaria plantea un ajuste semestral del salario basado en la tasa de inflación acumulada durante el semestre anterior, y mantenerlo igual cuando la inflación sea negativa. En contraste, el sindicato no sugiere cambios al modelo actual. “En 1996 teníamos una realidad financiera muy diferente. La tasa de inflación fácilmente se acercaba al 20%, en este momento tiende a 0%” dijo Araya.
Según expuso, las estimaciones del Banco Central en los años recientes han sido más altas que la tasa final de la inflación, lo que provocó, en los últimos dos años, un aumento real de sueldos de casi 8%. Según Araya, “eso no es sostenible, para esta, ni para ninguna institución”.
Además de mantener una anualidad del 5,5%, el Sindeu propone aumentar el tope a la cesantía de 15 a 20 años, subir los días de vacaciones de acuerdo con los años trabajados, y los subsidios por incapacidad.
Lo anterior busca que sean del salario completo por todos los días que dure incapacitado el trabajador, mientras que en la Convención actual se pagan completos solo los primeros tres días.
La Administración pretende disminuir los tiempos sindicales de 15 a 10, otorgar permisos por goce de salario de 35 días calendario a quienes posean licencia por maternidad; mientras que el sindicato propone 15 días hábiles, brindar licencia por paternidad por 15 días en lugar de apenas dos días de la Convención vigente, reforma que la Administración comparte con el Sindeu.
Carlos Araya destacó las propuestas de la Administración en derechos humanos y permisos para los empleados de la Universidad. “A mí no me gusta reducir el tema de Convención Colectiva a anualidades. En reconocimientos de derechos traemos elementos importantes como equidad de género y derechos de las parejas del mismo sexo”, aseveró.
Consultados sobre sus propuestas específicas referentes a estos temas, en el Sindeu evitaron entrar en detalles pues primero analizan sus argumentos con las bases y luego en el seno de la Comisión negociadora.
Además, agregaron que en las próximas semanas harán un pronunciamiento oficial sobre la propuesta de texto sustitutivo que presentaron.
DIFERENCIAS POR LA JUNTA
Otro punto de desencuentro es la propuesta de la Administración de sustituir la Junta de Relaciones Laborales por el Órgano Director del Proceso de Instrucción (ODPI), una especie de tribunal en el que ninguna de las partes tendrá injerencia en los procesos que se manejan.
La Junta de Relaciones Labora- les está integrada por miembros del Sindicato y de la Administración, y se encarga de asuntos relacionados con sanciones disciplinarias, aplicación errónea de las cláusulas de la convención y actos que el trabajador considere afecten sus derechos.
El texto de la Administración propone que sea el ODPI el órgano que tome esas funciones, que formaría parte de la Oficina de Recursos Humanos de la Universidad, con autonomía, independencia funcional e integrado por tres abogados.
De acuerdo con la propuesta, el Sindeu podrá seguir defendiendo a los funcionarios, pero no intervenir directamente en los procesos. “¿Por qué eliminar eso (la Junta) si no se ha dado un solo argumento? Obviamente tenemos que estar en desacuerdo.
El sistema que sustituye no es el más óptimo y es más administrativo y sancionatorio”, aseguró Rodrigo Aymerich, secretario de conflictos del Sindeu, en referencia a la propuesta de la Administración.
Para Araya, la Junta de Relaciones Laborales no es un órgano equilibrado en la resolución de problemas, debido a que el Sindeu se constituye en “juez y parte” de cada proceso, al brindar un abogado al trabajador y a la vez influir en la toma de resolución del conflicto. “Sindeu tiene derecho a defender al empleado, pero no a juzgarlo, por eso se busca que el ODPI sea un órgano independiente”, manifestó.
Las reuniones entre las partes continuarán cada martes y, según las estimaciones, en seis meses se acordará una nueva convención colectiva.
