En el primer presupuesto extraordinario de la Universidad de Costa Rica (UCR) la administración excluyó las partidas de aumentos salariales, anualidades y otras remuneraciones, enfocándose en partidas meramente operativas y desarrollo de infraestructura.
El presupuesto es de un poco más de 48 mil millones de colones, a pesar de que en enero se afirmaba que sería de 69 mil millones, para completar el monto total solicitado en la primer propuesta de presupuesto ordinario presentado a la Contraloría General de la República, que fue rechazado y archivado. Esto sucedió pues además de ajustes propios definidos por la administración, la Contraloría sumó los fondos corrientes y los fondos del sistema como parte del FEES, que la Universidad consideraba vínculo externo.
Así lo confirmó Carlos Méndez, coordinador de la Comisión de Asuntos Financieros del Consejo Universitario, órgano que discutió el documento este lunes y que espera aprobarlo el jueves 12. Posteriormente, explicó, se enviará a la Autoridad Presupuestaria para que certifique el cumplimiento de la regla fiscal y entrará en vigencia, previo al cambio de administración universitaria.
Según Méndez, este documento corrige los faltantes operativos garantizando el funcionamiento básico de las unidades académicas y administrativas. También, dijo, garantiza proyectos específicos de desarrollo de infraestructura entre los que se destacan la renovación del piso de la Facultad de Ciencias Agroalimentarias dedicado a la carrera de Economía Agrícola, el edificio para la Federación de Estudiantes, instalaciones para la Oficina de Bienestar y Salud, además de auditorios nuevos para las sedes regionales.
Además de la partida de remuneraciones, el documento deja por fuera la designación de fondos del sistema, la mayor parte de vínculo externo y algunos superávits dedicados. Según dijo Méndez, esta decisión responde a minimizar las posibilidades de que la Contraloría impruebe el presupuesto, impidiendo el funcionamiento básico de la institución.
“Probablemente las remuneraciones vayan a ser lo último que se vaya a ver, en el presupuesto extraordinario 3, el 2 probablemente va a ser de vínculo externo”, explicó. “Tenemos que pensar en el entorno nacional, la presión a la que han estado sometidas las universidades públicas para acatar el plan fiscal, a pesar de que viola los artículos 84 y 85 de la constitución, aunque parece que los poderes políticos, económicos y mediáticos no están de acuerdo”, dijo.
El representante comentó que es preferible dar tiempo y esperar la resolución de la Sala Constitucional a la acción interpuesta por las Universidades Públicas, para evitar el escenario en que la Contraloría impida la ejecución presupuestaria y porque “si se aplican los aumentos y anualidades y luego la Sala dice que no, habría que hacer el cobro a los empleados pero a la hora de devolverlo no se devuelve en la misma magnitud”.
Méndez indicó que la propuesta intenta no perjudicar los programas y que se garantizaron desde el primer presupuesto ajustado los recursos para las becas. Eso sí, dijo, si se consideran las afectaciones de la decisión, son los docentes y administrativos los más afectados pues no han recibido la compensación por costo de vida.
Consultado sobre la relación entre los ajustes y las recientes denuncias estudiantiles sobre falta de cupos, especialmente en Estudios Generales, el representante consideró que no tiene vínculo con el tema presupuestario o que al menos, aún no tiene elementos para afirmarlo. “Si empezamos a ver falta de cupos en otras unidades que dan cursos comunes a muchas carreras: química, física, matemática, entonces sí lo vincularía a cuestiones presupuestarias pero por ahora parece no tener relación.
Los datos exactos de cada partida fueron solicitados a la Oficina de Planificación Universitaria desde que la propuesta fue enviada al Consejo, pero el documento no fue entregado antes del cierre de esta edición, argumentando que está en discusión y se divulgará una vez aprobado.
