Cuatro de los candidatos a la Rectoría de la UCR piden al Tribunal Electoral Universitario (TEU) que se defina una nueva fecha para las próximas elecciones porque estiman que se podría caer en una parálisis y se acrecienta la incertidumbre sobre el futuro de la institución.
Esto a pesar de que ellos coinciden en que es necesario tomar medidas sanitarias, ante el aumento de casos por COVID-19. La candidata Lizbeth Salazar considera que el anuncio de la suspensión de fecha de elecciones sí se justifica por razones de protección sanitaria.
El TEU comunicó el pasado viernes la suspensión del proceso electoral para la Rectoría de la Universidad de Costa Rica (UCR), cuya fecha de inicio reprogramada era el próximo 10 de agosto y la elección el 09 de setiembre.
La resolución emitida justifica que, ante el ascenso en el número de casos activos por COVID-19 así como las hospitalizaciones y los fallecimientos, “permitir la reanudación del proceso electoral (…) además del riesgo a la vida y a la salud de las personas involucradas en el proceso y sus familias, constituiría una afectación importante para el proceso democrático que se pretende realizar”.
El Tribunal ya había suspendido el pasado 17 de marzo el proceso electoral programado para abril y dispuso el 1 de junio nuevas fechas -sujeto a cambios según variaciones de la curva epidemiológica, de acuerdo con lo indicado en materia de salud-.
Además, la resolución expresa que, en concordancia con la normativa institucional, no hay posibilidad de modificar la modalidad de votación de un proceso ya iniciado.
La normativa electoral universitaria solo contempla realizar elecciones para la Rectoría mediante una convocatoria presencial de la Asamblea Plebiscitaria.
En una carta abierta dirigida a las candidaturas y a la comunidad universitaria, la presidenta del TEU, Virginia Borloz, expresó “hemos hecho toda clase de consultas a diferentes instancias internas y externas, hemos recibido diversas visitas y asesoría de personas expertas en salud, en estadística, en proyecciones, en asuntos jurídico-electorales, informáticos y otros”.
La carta abierta también expuso que la elaboración e implementación de un protocolo con miras a elecciones presenciales “representará altos costos para la Institución” y se ha elaborado en coordinación con instancias especializadas en materia de salud, internas y externas a la universidad.
El TEU acordó que la suspensión será “hasta tanto no se den las condiciones idóneas y necesarias que permitan una nueva reprogramación y un adecuado desarrollo de este proceso electoral” y se llevará a cabo en modalidad presencial.
Candidaturas preocupadas y con criterios divididos
UNIVERSIDAD consultó a las personas aspirantes a la Rectoría su posición sobre esta nueva suspensión del proceso electoral y la imposibilidad jurídica de modificar la modalidad de un proceso ya iniciado.
José Ángel Vargas
— Como universitario y como candidato a la Rectoría, entendiendo que el Tribunal es el órgano superior en materia electoral, yo acepto esa resolución; pero quiero advertir que esa resolución tiene peligros para la institucionalidad del país, para la democracia universitaria y para la confianza que el pueblo costarricense ha depositado en las instituciones públicas y particularmente en la Universidad de Costa Rica. La resolución se deja abierta, no precisa en qué momento podrían realizarse las elecciones a la Rectoría y el fundamento para decir que se hará cuando las condiciones sean idóneas y necesarias, no se entiende cuáles son, porque estamos en una condición de pandemia y falta fundamentación para esas condiciones, entonces la resolución deja un vacío muy grande.
No puede ser que una administración de transición se prolongue en el tiempo de manera indefinida, haciéndole con esto un daño a la democracia universitaria, porque están tomando decisiones que trascienden su período y con compromisos que serán asumidos, posiblemente, por la administración siguiente.
Ralph García
— Yo creo que es lo más prudente. Si hablamos jurídicamente este es un proceso electoral que ya inició, que ya estableció las reglas del juego, cómo se iba a desarrollar y que por lo tanto no se pueden cambiar a medio camino. Además, considerando la crisis por el COVID-19 y el aumento de casos que se está presentando, creo que es lo más prudente en este momento, eso por el lado de la salud que es lo más importante, dado que el proceso solo se puede hacer de manera presencial.
Con respecto a lo que ya había mencionado anteriormente, la administración de la universidad va a afrontar situaciones críticas, como la iniciación de la negociación del FEES para el 2021 que amerita toda la atención, y aprovecho este espacio para hacer un llamado a la comunidad universitaria y dejar un poco de lado la política en este momento para unirnos más bien a luchar por estos derechos que corren riesgo. Se trata de unirnos más bien y apoyar en todo lo que se pueda una buena negociación y defensa.
Orlando Arrieta
— Reafirmo una y otra vez mi respeto al Tribunal Electoral Universitario como órgano supremo en materia electoral, debo manifestar un entendimiento a la situación de pandemia que vivimos actualmente y que justificó la suspensión de la elección de Rectoría. Sin embargo, a mí me preocupa que no hay un plan B o C donde dentro de las circunstancias de excepcionalidad que vivimos pudieran pensarse otras alternativas. Todos reconocemos que estamos en un panorama incierto y cambiante, pero por lo menos deberíamos tener una línea alternativa trazada que pueda cambiar, explorar, innovar y repensar ideas.
Por lo que entiendo y leo, la normalidad como la vivíamos antes y la elección como estaba pensada para el 17 de abril, yo no vislumbro esas condiciones ni para un corto ni para un mediano plazo, así tal cual. Entonces por eso es que yo apelaría a explorar posibilidades, yo apelaría a pensar en un sistema mixto. También me preocupa muchísimo la elección de miembros del Consejo Universitario que podría llevar a una parálisis operativa muy grave.
Gustavo Gutiérrez
— Es lamentable. En tiempos excepcionales deben haber soluciones excepcionales, a mí me parece que el Tribunal fue muy reglamentista, y creo que se pudo haber sido más flexible en este proceso, pero no hay marcha atrás. Con respecto a la reunión que tuvimos, sí fue una reunión donde todo estaba “cuajado”, nos reunieron para contarnos la resolución sin que nuestras inquietudes tuvieran carácter vinculante.
Mi posición al igual que el TEU es que la salud es prioridad. Pero esa decisión de suspender la reanudación y reprogramación de elecciones nos preocupa, deja a la universidad en cierta inseguridad jurídica y desde luego que afecta la democracia universitaria, porque la administración transitoria no ha sido electa por una Asamblea Plebiscitaria y esto genera una incertidumbre indefinida, porque no hay fecha definida. Sí celebro que no se haya considerado el voto electrónico, pero sí habían posibilidades de un escenario electoral innovador y nosotros consideramos que se cerró esa posibilidad.
Lizbeth Salazar
— Era de esperarse. Cuando nosotros empezamos e inscribimos las candidaturas lo hicimos bajo un reglamento y una normativa muy clara, donde se indicaba que era presencial, así que cambiarlo sería violentar el proceso y no sería transparente, por eso tenía que mantenerse como nosotros nos inscribimos y desde ese momento teníamos muy claras las reglas del juego.
Yo estoy de acuerdo con la disposición tomada por el Tribunal Electoral Universitario porque estamos en una pandemia, y en el país en este momento están subiendo los casos (por COVID-19) y hacer una actividad presencial es exponer a toda la población universitaria y la prioridad tiene que ser la salud. Hay personas de riesgo que no sabemos cómo podrían reaccionar ante una infección de este tipo, porque no se tiene conocimiento del estado de salud de toda la población; tenemos estudiantes, docentes y también el sector administrativo. Desde esa perspectiva considero que lo más adecuado y pensando en toda la universidad era suspender el proceso.
Fotos candidaturas (Crédito: Miriet Ábrego)
