Movimiento estudiantil despertó durante el 2019

El redireccionamiento de 70.000 millones del FEES provocó el accionar de los estudiantes y protagonizó las discusiones de educación en la segunda mitad del año.

Los estudiantes de las universidades públicas, cansados de los cierres de cursos y de los congelamientos de carreras, se organizaron entre sedes y recintos para apoderarse de facultades y campus en distintos sectores del país.

El redireccionamiento de los ¢70 mil millones del Fondo Especial para la Educación Superior (FEES) fue la gota que derramó el vaso y, sumado a las malas condiciones en sedes y recintos universitarios, provocó que el 23 de octubre estudiantes de todo el territorio nacional partieran desde el pretil de la sede Rodrigo Facio de la Universidad de Costa Rica (UCR) rumbo a casa presidencial.

El primer golpe sobre la mesa lo dieron los estudiantes de la sede del Pacífico de la UCR, el miércoles 16 de octubre, al tomar el establecimiento como reclamo por los cierres de cursos y trabajos comunales, por un periodo indefinido, hasta conseguir respuestas de la administración.

La facultad de Ciencias Sociales estuvo tomada por estudiantes durante 15 días, como protesta por la redistribución del FEES y en solidaridad con los alumnos de otras sedes. (Foto: Esteban Gillen).

Esto contagió a los estudiantes de la sede Rodrigo Facio, sede de Guanacaste, sede de Occidente y el recinto de Grecia de la UCR, así como otros los de la sede central de la Universidad Nacional a tomar algunos edificios y campus universitarios.

Desde el inicio, este movimiento estudiantil enfatizó que estarían desligados del oficialismo de las federación de estudiantes de la universidades, porque consideraban que no representaban todas sus demandas.

Según Carmen Caamaño, investigadora del Instituto de Investigaciones Sociales (IIS) de la UCR, se dio una fractura entre la población estudiantil y la institución debido a varios aspectos. Uno de ellos fueron los casos de hostigamiento sexual, donde estudiantes se organizaron en movimientos como “Me pasó en la UCR”, para denunciar actos de acoso sexual por parte de profesores y administrativos de la universidad.

“Este año, con la declaratoria de emergencia por parte de varias colectivas feministas dentro de la universidad, se evidenció que la Universidad no estaba atendiendo los casos de acoso y esto hizo que el estudiantado se levantara”, agregó Caamaño.

De manera simbólica, el movimiento feminista también lideró algunas de las tomas de edificios y facultades, afirmando su protagonismo dentro del movimiento estudiantil..

Uno de los acuerdos de la comisión del enlace del FEES fue que los estudiantes universitarios tuvieran un representante en dicho espacio, con el objetivo de exponer de manera directa las inquietudes y necesidades de la población estudiantil, además de tener mayor transparencia en la toma de decisiones que repercuten en ellos. (Foto de archivo).

Debilitamiento del vínculo entre la universidad y la sociedad

En enero del 2019 inició funciones la comisión del FEES en la Asamblea Legislativa, con el objetivo de evaluar el uso de los fondos de las universidades públicas.

La comisión surgió después de una serie de discusiones durante las negociaciones de la regla fiscal en el 2018, que puso en la mesa de diálogo la autonomía universitaria y los límites al presupuesto.

“La posición oficial fue que la Universidad no estaba peleando por el tema del plan fiscal, sino solo por los intereses del financiamiento y su autonomía”, dijo Caamaño.

El 8 de noviembre del 2018, el rector de la Universidad de Costa Rica decidió marchar, de blanco y por las aceras, una acción que desmovilizó y deslegitimó las protestas sociales, según la investigadora.

La ausencia de las universidades públicas en la huelga en contra del plan fiscal inició una separación con un sector que se sentía económicamente afectado por esta regla, opinó Caamaño.

La investigadora resume que las universidades experimentaron este año una pérdida de influencia política, distanciamiento con los sectores sociales y el cuestionamiento constante de su legitimidad por los poderes políticos.

El politólogo Rotsay Rosales prefiere verlo en retrospectiva, como parte del proceso de cambio del modelo de Estado de Costa Rica a uno que apunta a la reducción del aparato estatal y que ve las instituciones como un gasto, incluidas las universidades.

Henning Jensen, rector de la Universidad de Costa Rica y presidente de la Comisión Nacional de Rectores (Conare), aceptó en repetidas ocasiones que las universidades habían perdido “cancha” en la Asamblea Legislativa.

Por esta razón es que deciden tomar la ruta hacia el Poder Ejecutivo, con quienes iniciaron la disputa y con quienes terminan firmando un acuerdo, que está a la espera de ser ratificado por la Contraloría General de la República.

De verdad estoy muy agradecida de que hayan puesto los ojos en Upala, porque francamente es un lugar muy abandonado por la capital y solo nos ven cuando hay procesos de elecciones nada más”.

Carmen Caamaño, Instituto de Investigaciones Sociales

Redistribución del FEES

Pero todavía resta el informe final de la Comisión del FEES en el Congreso, que según la diputada Yorleni León, del Partido Liberación Nacional, podría ser uno solo de parte de toda la comisión (aunque no descarta que el PAC se distancie) y enfocado en la sostenibilidad de las universidades.

León dice que desde ya, aunque no se terminara todavía el informe, apuntan a nuevas formas de generación de recursos, un porcentaje del FEES para las regiones, a las plazas en propiedad en lugar del interinazgo y a la revisión del modelo de salarios.

La legisladora también asegura que el informe va a apostar a la apertura del Conare al incorporar al sector privado, la participación permanente del Mideplan y del Ministerio de Educación Pública. También se está conversando sobre la posible participación de los estudiantes.

“Es muy probable que entre estas incorporaciones al proyecto de ley se recomiende trabajar sobre la base que determina que las negociaciones sean cada cinco años o cada año”, agregó León.

Entre las recomendaciones que estarían vinculadas a proyectos de ley también estaría la redistribución del FEES, pero la diputada no descarta que encuentren otra forma de lograrlo y sí descarta que se hagan modificaciones constitucionales.

“Va a ser una solicitud planteada, usted sabe que nosotros como legisladores por el tema de la autonomía no podemos decirle a la universidad cómo distribuye a sus recursos”, explicó León.

El diputado oficialista Enrique Sánchez coincide con León en que lo más probable es que no se tocaría la Constitución, que lo más necesario no es un proyecto de ley y que no se harán recomendaciones que violenten la autonomía universitaria

También coinciden en que se deben mejorar las metas e indicadores en la educación superior, pero a diferencia de León, considera que lo más posible es que la comisión presente dos informes.

“Los estudiantes tienen que volver al centro del sistema, quedó claro con los reclamos que le hicieron a las autoridades universitarias”, mencionó.


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