Al tiempo que el proyecto de Ley Marco de Empleo Público (21.336) está en la recta final hacia la votación en el Congreso, el Ministerio de Planificación Nacional y Política Económica (Mideplan) no logra brindar explicaciones sobre cómo se generaría un ahorro para las finanzas públicas al incluir a las universidades.
A pesar de esto, la entidad insiste en que incluir a las casas de enseñanza genera un “ahorro fiscal”. Incluso publicaron, el pasado 7 de abril, un documento con cifras.
No obstante, nadie en el ministerio ha sido capaz de mostrar los cálculos específicos que se hicieron para llegar a esos números, ni tampoco han dado mayores explicaciones ante los señalamientos de UNIVERSIDAD de que tales ahorros para el erario no son posibles.
No genera ahorros fiscales
La principal razón por la que la inclusión de las universidades no genera ningún ahorro al Estado es muy sencilla: las universidades manejan el dinero en sus propias cuentas (por aparte de las del Gobierno), por lo cual, cualquier ahorro generado quedaría siempre dentro del presupuesto universitario.
Al respecto, el presidente del Consejo Nacional de Rectores (Conare) y rector de la Universidad Nacional (UNA), Francisco González, expresó que la ministra de Planificación, Pilar Garrido, conoce esta situación.
“Este proyecto de ley de empleo público es una cortina de humo. Detrás están todavía cosas más serias: la transformación a un modelo de Estado que pretende llevar al mínimo la funcionalidad pública”. Francisco González, presidente de Conare
“Pilar Garrido me lo reconoció a mí en una reunión que tuvimos. Me reconoció que efectivamente el Ministerio de Hacienda no puede recoger el dinero de las universidades”, sentenció.
De esta forma, las universidades utilizarían el dinero ahorrado de la forma en que dispongan, lo que implicaría que pueden invertirlo, por ejemplo, en la compra de equipo o infraestructura, pero no para la contratación de personal docente, función esencial de las universidades, explicó.
Igualmente, en unas consultas enviadas por este semanario a Mideplan, en las cuales se evidencia esta situación, la Ministra no insistió en que se genera un ahorro fiscal, sino que manifestó la situación antes descrita:
“El ahorro generado por las universidades podrá utilizarse para otros fines que estas dispongan y que contribuyan a mejorar la calidad de la educación, o bien la sostenibilidad financiera de las mismas”. Garrido también señaló una lista de cosas en las que los centros educativos podrían invertir el dinero ahorrado, como investigación y centros deportivos.
Sobre esto, el rector de la Universidad de Costa Rica (UCR), Gustavo Gutiérrez, expresó que, en la respuesta de la jerarca, “ella está admitiendo que ese ahorro no va a resolver la situación fiscal del país”.
Además, según el docente y exviceministro de Hacienda, Fernando Rodríguez, esta acotación que hace la jerarca choca con la autonomía universitaria.
“Se puede promover la eficiencia, pero a nivel de las universidades no se puede meter a decir cómo se va a gastar la plata”, dijo el economista.
Estas declaraciones de la ministra llegaron, paradójicamente, casi dos horas después de que se publicara un documento en el sitio web de Mideplan, el cual presenta cifras sobre el ahorro fiscal generado por incluir a las universidades.
Dicho escrito dice que el ahorro promedio anual, en porcentaje del producto interno bruto (PIB), en las universidades sería: 0,08% entre los años 1 y 10; 0,13% entre los años 11 y 20; y nuevamente 0,08% entre los años 21 y 30.
Estas cifras generan otra contradicción, pues el 12 de febrero Mideplan había indicado a este medio que el ahorro promedio anual para la primera década, en el caso de las universidades, estaba estimado en 0,06% del PIB.
Educación superior: un gasto protegido constitucionalmente
Además de lo expuesto anteriormente, existen dos normas que protegen el gasto en educación, por tanto, el incluir a las universidades no podría generar ahorros fiscales, según Rodríguez.
- En primer lugar, la Constitución Política establece que el Fondo Especial para la Educación Superior (FEES) no puede ser reducido respecto del año anterior. De esta forma, el dinero que se gira a las universidades cada año debe ser igual o superior al presupuesto precedente.
- Por otra parte, la Constitución Política también establece que el gasto en educación no puede ser inferior al 8% del PIB, por lo cual, si se decidiera violentar el punto anterior y disminuir el FEES, habría que redistribuir los recursos en otras partidas educativas para alcanzar ese 8%.
“Entonces no existe la posibilidad de que por más que se presione para generar ahorros en materia de gasto en educación, ya sea el superior o hablando del gasto en general, esto se traduzca en una reducción del gasto público, debido a que existen esas dos normas constitucionales que juegan para generar esa restricción”, aseguró Rodríguez.
No han compartido datos
Además de las reiteradas solicitudes de este semanario para obtener los cálculos que Mideplan tuvo que realizar para llegar a las cifras que exponen, el rector de la UCR también solicitó, sin éxito, esos documentos.
“En una reunión que tuve con Pilar Garrido, yo le dije: comparta esos datos con nosotros y los analizamos, nos explican la metodología que ustedes siguieron y nosotros los analizamos desde la Facultad de Economía o donde sea pertinente”, aseveró Gutiérrez, quien añade que “no los han compartido porque no los tienen o no les conviene”.
Por su parte, el diputado José María Villalta, había expresado a UNIVERSIDAD el pasado 18 de febrero que a los legisladores tampoco les dieron ningún estudio que respalde incluir a las universidades.
“No hay ningún estudio que justifique, y ellos en el fondo saben que el proyecto como está es totalmente inconstitucional”, comentó el frenteamplista.
Ante esto, la ministra Garrido defiende que a los diputados se les entregó un documento general con estimaciones desde el 8 de diciembre de 2020. No obstante, en este citado informe no se hace ni una sola referencia específica a las universidades.
Asimismo, Gutiérrez también explicó que varios diputados han reconocido que están votando este proyecto “a ciegas”.
“´No tenemos los datos´, ´No tenemos la evidencia´. ´No estamos seguros de lo que estamos votando´”, son frases que el rector asegura que le han manifestado los parlamentarios.
Entre tanto, el rector de la UNA, dijo que la iniciativa de ley no es más que una “cortina de humo” para transformar el modelo de Estado costarricense.
“Este proyecto de ley de empleo público es una cortina de humo. Detrás están todavía las cosas más serias, y es la construcción o la transformación de un modelo de Estado que pretende llevar al mínimo la funcionalidad pública y para eso se está violentando todos los principios constitucionales elaborando la legislación”, sostuvo González.
