Universitarias Entrevista con Henning Jensen, rector de la UCR

“La Ministra de Hacienda miente”

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  • FOTO DE PORTADA: Fabián Hernández.
  • Jensen afirma que el presidente Carlos Alvarado se comprometió a garantizar la autonomía universitaria de distribución del FEES “en el futuro”.

El conflicto suscitado entre el Ministerio de Hacienda y las universidades públicas tiene un componente contable que ya está prácticamente resuelto. Sin embargo, el fondo del problema es político, porque lo que está en juego es la autonomía que la Constitución otorga a las universidades estatales para diseñar sus presupuestos.

Así lo manifestó el rector de la Universidad de Costa Rica y presidente del Consejo Nacional de Rectores (Conare), Henning Jensen, en una entrevista con UNIVERSIDAD, en la cual reveló que equipos técnicos de la UCR ya identificaron alrededor de ¢20 mil millones en al menos tres partidas del presupuesto diseñado por las propias universidades, con los cuales cubrirán la parte que corresponde a esta universidad, de los ¢35 mil millones que quedaron destinados por Hacienda a inversiones de capital (infraestructura, equipos, vehículos, etc.).

Además, Jensen aseguró que, en las negociaciones entabladas con el propio presidente Carlos Alvarado, este se comprometió “a futuro” a garantizar que las universidades sigan distribuyendo sus presupuestos de manera autónoma.

El presidente del Conare recordó que los rectores tienen su expectativa puesta en el fallo que la Sala Constitucional emita sobre el recurso de inconstitucionalidad contra la regla fiscal que presentaron con el fin de rescatar la autonomía universitaria.

El buen ambiente entre las autoridades universitarias y Casa Presidencial fue confirmado por el ministro de la Presidencia, Víctor Morales: “Sí, hay un diálogo abierto y se han acercado mucho las posiciones para alcanzar un acuerdo. Ya se han identificado mecanismos administrativos y presupuestarios que permitirían solucionar la situación actual y evitar cualquier problemática futura, sin generar afectación alguna en el presupuesto de las Universidades”, respondió a nuestra consulta.

A pesar de esto, tanto Jensen como Morales enfatizaron en que la modificación o no del Presupuesto Nacional tal y como fue presentado por el Ministerio de Hacienda depende ahora de la Asamblea Legislativa, donde, en opinión de Jensen, el ambiente es desfavorable para las universidades públicas. A continuación, la entrevista, que fue realizada el pasado lunes.

Como usted ya ha reconocido, los rectores sí firmaron el acuerdo cuya cláusula quinta dice que ¢70 mil millones del FEES se dedicarán a inversión de capital. ¿Por qué, ahora que esto aparece en el Presupuesto Nacional, se sorprenden?

— La razón es que, durante la negociación del FEES, se habló explícitamente de que esos ¢70 mil millones no eran parte del FEES, sino del presupuesto total de las universidades. De manera que los rectores consideramos que la Ministra de Hacienda violó el acuerdo del FEES y que actuó de una manera impositiva y unilateral.

Al haber sido absolutamente explícitos, omitimos la alusión al FEES de una manera absolutamente intencional y consciente en la redacción de esa cláusula quinta, porque al comprometernos a una inversión de capital de ¢70 mil millones estamos respondiendo a las inversiones históricas de las universidades.

Tanto es así que ya las cinco universidades hemos presentado ante los consejos universitarios y ante la Contraloría General de la República (CGR) los presupuestos y en conjunto estamos haciendo una inversión de capital de ¢104 mil millones. Entonces, ¢70 mil millones no es una cifra sorprendente, no es inusual, sino un promedio histórico.

Las sesiones en las que se discute el FEES ¿no se graban? ¿No hay registros de ese compromiso?

— No se graban. Nunca se han grabado a lo largo de la existencia FEES, que data de finales de los años 80 y lo único que se toma nota es de los acuerdos a los cuales se va llegando.

¿Cómo se toma nota? ¿Hay actas?

— No, no hay actas tampoco.

¿Solo el producto final, que es este documento? (Se le muestra el documento del acuerdo del FEES firmado).

— Ese es el único producto final, porque se trabaja bajo la premisa de que hay una confianza entre las partes. Evidentemente, esa confianza ahora ha sido violentada.

Tanto la Ministra de Hacienda, quien ahora se encuentra fuera del país según se nos ha informado, como el viceministro de Egresos, Rodolfo Cordero, tienen otra versión.

— Sí, ciertamente. Yo he leído las declaraciones de la ministra y del viceministro Cordero y tengo que decir que la ministra no estuvo presente.

Ella estaba de viaje en el momento de la firma del FEES, ¿verdad?

— En la última sesión de la Comisión de Enlace, ella no estuvo presente. Es más, espero no equivocarme, pero, de todas las sesiones que hubo, creo que solo estuvo en una sesión. Y en esa última sesión, que fue cuando se habló de los ¢70 mil millones, ella no estuvo presente, ella no firmó el acuerdo, sino que lo firmó el entonces viceministro Nogui Acosta.

En este caso vendría a ser prácticamente la palabra de la ministra contra la palabra de los rectores. En algunos sectores de la población, incluyendo la universitaria, parece ser que tiene más credibilidad la versión de la ministra que la versión de los rectores, porque la versión de la ministra ha calado y se nos imputa, entonces, a los rectores, el haber llegado a un acuerdo ingenuo, en el sentido literal del término, de haber sido cándidos, cuando eso no se requería en virtud de lo hablado, según nuestro parecer.

Si uno interpreta una cláusula, debe hacerse tomando en cuenta el conjunto del documento y el acuerdo se firma en el contexto de la validez de los artículos 84 y 85 de la Constitución Política y eso es lo que los rectores hemos defendido. La negociación del FEES se hizo desde la perspectiva de un apego a la Constitución Política.

Es decir, que las universidades tienen autonomía para distribuir su presupuesto.

— Exactamente. Y somos nosotros los que decidimos esta distribución del presupuesto entre las universidades y lo definimos también a lo interno de nuestras universidades.

¿Esta es la primera vez que Hacienda presenta el presupuesto para las universidades con el monto que se destinará a inversión de capital?

— Es la primera vez en la historia, que yo sepa, que el Presupuesto Nacional es presentado a la Asamblea Legislativa haciendo un señalamiento de las fuentes y de los destinos. Y eso, aparentemente, es una respuesta a las recomendaciones de la OCDE.

Yo no conozco que nunca antes se haya hecho una clasificación de destinos, siempre se colocaba, en el presupuesto Nacional, el presupuesto del FEES total.

¿Lo cual, en el caso de las universidades públicas, es de especial importancia por la autonomía universitaria?

— Pero, además, porque es un destino que se fija constitucionalmente y desde el punto de vista de la Constitución –según mi criterio-, el Ministerio de Hacienda no tiene la potestad de definir esos destinos.

Después de esto ¿usted no ha hablado con la Ministra de Hacienda?

— Doña Rocío (Aguilar, Ministra de Hacienda) es una persona bastante inaccesible. Hemos hablado con el Presidente de la República no sé cuántas veces.

¿Qué han hablado con el Presidente de la República?

— Esta situación nos pone a nosotros en disyuntivas legales, políticas y técnicas. Desde la perspectiva legal, que es la señalada por la Constitución, no puede haber una definición de destinos del FEES por parte del Ministerio de Hacienda.

El problema político es que esto ha sido presentado ya a la Asamblea Legislativa y se encuentra en la corriente de la discusión legislativa, fuera del ámbito de competencia o acción del Poder Ejecutivo, que ya no puede enmendar lo que envió, porque incluso el proyecto de Presupuesto Nacional fue dictaminado ya por la Comisión Permanente de Asuntos Hacendarios.

La Comisión ya liberó ¢35 mil millones, la mitad de los ¢70 mil millones.

— Sí, se hizo esta moción en la Comisión de Hacendarios, que fue presentada por Enrique Sánchez, del PAC, la cual logró que ese rubro no fuera de ¢70 mil millones sino de ¢35 mil millones.

Ahora estamos frente a un problema técnico, además, que consiste en ver si las universidades somos capaces, con lo ya presupuestado, de llegarle a los ¢35 mil millones que faltan, sin afectar las otras partidas.

Aparentemente, si ustedes separaron ¢104 mil millones para inversión de capital, podrían restar de esa cifra los ¢70 mil millones y destinarlos para gasto corriente. ¿Es así?

— Lo que pasa es que lo que va para inversión de capital no puede ir para gastos corrientes. Se podría hacer una modificación presupuestaria reclasificando las partidas, pero el Presupuesto Nacional ya lo determinaría previamente, entonces, habría que hacer una reclasificación de la partida en el Presupuesto Nacional, no en el presupuesto nuestro. No es un problema de dinero. Es un problema de categorías contables.

Porque el FEES no lo han rebajado, sino que lo han entregado entero, ¿pero ‘amarrado’?

— Sí, exactamente. Nosotros tenemos el dinero y tenemos aún más de lo que ha sido clasificado como inversión de capital. Ese no es el problema, el problema es la clasificación y cómo la CGR va a exigir, entonces, que el presupuesto universitario encaje con esa clasificación, porque ellos tienen que regirse según el principio legal, que en este caso estaría enmarcado dentro de la Ley del Presupuesto de la República.

No podemos hacer acopio de fuentes como el superávit, que nosotros tenemos de sobra superávit, para cubrir esos ¢70 mil, pero esos dineros solo pueden ser usados para equipamiento e inversión de capital, que se define como la inversión en bienes físicos. No podemos hacerlo porque sería un desvío de fondos y eso es un delito penal. Entonces, el amarre es realmente muy difícil.

¿Qué harán en el terreno legal?

— Nosotros interpusimos una acción de inconstitucionalidad contra la regla fiscal, la Procuraduría General de la República se pronunció a favor de la tesis de las universidades y este dictamen ya ha sido transmitido a la Sala Constitucional, que no se ha pronunciado, pero, al darle curso a nuestra acción de inconstitucionalidad, ordenó la suspensión de las normas impugnadas por las universidades, no pueden ser aplicadas.

A pesar de esa suspensión de lo impugnado ordenada por la Sala Constitucional, el Ministerio de Hacienda nos pone en esta situación.

¿Cómo salir de esto mientras se pronuncia la Sala Constitucional?

— Nuestros equipos técnicos están trabajando en la estimación de cuánto podríamos aportar del FEES que ya ha sido aprobado para ver si cumplimos con esos ¢35 mil millones que faltan, bajo el supuesto de que la Asamblea Legislativa no lo va a modificar, pero la probabilidad de que eso sea modificado existe, pues, en el Plenario Legislativo, la atmósfera es hostil hacia las universidades. Eso podría volver a ¢70 mil millones.

Hay partidas en nuestras universidades que nosotros consideramos como gasto corriente, pero muy bien podrían ser inversión de capital y son partidas grandes.

La cláusula quinta del Convenio del FEES, que firmaron los rectores de las universidades públicas, sí incluyó el destino de ¢70 mil millones para inversión de capital. Sin embargo, en el texto no se explicitó que esa cifra no provendría del propio FEES, sino del conjunto de los ingresos de las universidades, argumentó Jensen.

¿Puede darnos un ejemplo?

— Sí, el fideicomiso con el Banco de Costa Rica (BCR), son como 20 edificios que están siendo pagados por la universidad, que le pertenecen al BCR, pero nosotros estamos amortizando ese fideicomiso. Esa amortización es inversión de capital y nosotros lo tenemos como gasto corriente en nuestro presupuesto. Entonces, nosotros podríamos hacer el traslado de partida.

Si también tomamos el concepto de inversión de capital en un sentido literal, no se trata únicamente de construir o adquirir un bien físico, sino de darle mantenimiento. Si invertimos en un microscopio, el mantenimiento de ese microscopio debe ser considerado también una inversión de capital. Entonces, esa es otra partida que podríamos añadir.

Y luego está la partida institucional, ya tradicional, que es parte siempre del FEES, de adquisición de equipo científico y tecnológico. Entonces, en el caso de la UCR, muy probablemente ya dentro del FEES tenemos contemplados más o menos unos ¢20 mil millones que corresponderían a lo que nos tocaría proporcionalmente. Faltarían las otras universidades.

Pero, desde mi perspectiva, este problema no es un asunto contable, sino constitucional. Y la Constitución es el modelo de Estado que tenemos, que es un Estado Social de derecho. Lo que está en juego es eso. Ahora estamos enfrascados en una discusión técnica y política, pero, en última instancia, lo que está en juego es un modelo de sociedad y de Estado.

¿Qué les ha dicho el Presidente en sus reuniones con él?

— El Presidente nos ha dicho que él se compromete a futuro, porque lo hecho, hecho está y él no puede sacar eso de la Asamblea Legislativa. Se compromete a respetar las decisiones de las universidades públicas en lo que respecta a la cantidad que ellas estén dispuestas a invertir en capital. O sea, que esa definición sea realizada por las universidades y nos ha dicho que está dispuesto a ponerlo por escrito.

Entonces, lo que ahora tenemos que hacer es llegar a firmar un acuerdo en ese sentido, pero está la muy difícil situación en la Asamblea Legislativa. Los rectores hemos hecho una gestión política intensa en las últimas semanas, pero a sabiendas de que ese es un terreno muy delicado de manejar, en tanto que es un órgano adverso.

En sus reuniones con el Presidente ¿se ha comentado que hubo incumplimiento de lo acordado por parte de Hacienda?

— Yo le dije explícitamente que la Ministra de Hacienda miente.

¿Se mantienen las negociaciones con Casa Presidencial y Hacienda?

— Con Víctor Morales (ministro de la Presidencia). Es que Hacienda no aparece.

¿Qué opina de la forma como está reaccionando parte del estudiantado y la comunidad universitaria?

— Yo esperaría que en la comunicación que haya de parte de las autoridades universitarias se tome, por la comunidad universitaria, como algo veraz, lo que los rectores estamos transmitiendo. Yo encuentro un rechazo de las comunicaciones de la rectoría, en especial lo de la cláusula quinta. Y en eso lo que yo observo es una predominancia del discurso de la Ministra de Hacienda, que su versión goza de mayor credibilidad en ciertos sectores. Y eso conduce a que, en la comunidad universitaria, se dé una división que en este momento no conviene en términos estrictamente políticos.

Yo pienso que, en momentos como estos, deberíamos tomar medidas más incluyentes. Para mí, la toma de un edificio es algo expulsivo. No importa quién lo tome. Igualmente expulsivo es el cierre de un edificio, como ha sucedido con Derecho o Ciencias Económicas, por ejemplo.

Yo les he recomendado a los decanos que no cierren los edificios, porque no debemos expulsar al estudiantado.


Ministra de Hacienda, Rocío Aguilar: “Rechazo categóricamente el calificativo”

Consultamos a la ministra de Hacienda, Rocío Aguilar, sobre la afirmación del rector de la UCR, Henning Jensen, de que la funcionaria habría “mentido” sobre el acuerdo de destinar ¢70 mil millones del FEES para inversión de capital por parte de las universidades públicas. Al cierre de edición, nos envió la siguiente reacción:

Foto: Archivo.

“Entiendo la encrucijada del señor rector al tener que enfrentar a estudiantes y administrativos por sus decisiones, pero rechazo categóricamente el calificativo que me atribuye. La negociación contó con la participación de los jerarcas de los ministerios de Educación Pública, Planificación Nacional, Ciencia, Tecnología y Telecomunicaciones y Hacienda, en representación del Gobierno de la República, y los señores rectores, representantes de las universidades.

Durante el proceso se les explicó la razón por la cuál era necesario que un porcentaje de los recursos se destinara a gasto de capital, y ambas partes firmamos dicho acuerdo hace más de tres meses. La razón es simple: el Presupuesto de la República debe cumplir la regla fiscal establecida en la Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas y para lograrlo era necesario direccionar al menos un 13% como gasto de capital”.


 

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