Entre las muchas alteraciones que trajo la pandemia del COVID-19 para el país, la Universidad de Costa Rica (UCR) también vio interrumpido el proceso de elección de las autoridades que debían asumir desde mayo de este año. Toda esa serie de circunstancias, inimaginables hace unos meses, son las que tienen hoy a Carlos Araya Leandro al frente de la universidad más grande del país.
Araya fue vicerrector de Administración durante los ocho años casi completos que tuvo Henning Jensen como rector de la UCR, por lo que al asumir como interino en este “gobierno de transición” no le eran para nada desconocidas las condiciones en que le tocó a la institución enfrentar esta pandemia.
Ahora, con el horizonte claro de que habrá elecciones en setiembre para elegir a la siguiente persona que encabece la Rectoría, Araya asegura que su mayor preocupación es evitar que miles de estudiantes universitarios vean truncados sus estudios por la fuerte crisis económica que azota al país y al mundo.
En entrevista con UNIVERSIDAD, realizada el jueves 2 de julio, Araya comentó algunos pormenores de la negociación que se mantiene con el Gobierno para evitar un recorte de ¢65.000 millones al Fondo Especial para la Educación Superior (FEES) y el embate que desde la Asamblea Legislativa pretende modificar la Constitución Política para alterar las reglas que rigen el financiamiento y funcionamiento de las casas de estudio superior públicas.
Tras asumir usted como rector uno usualmente le preguntaría cómo encontró la Universidad, pero eso es algo que usted ya sabía puesto que formaba parte de la administración. ¿En qué estado está la Universidad cuando usted asume y qué ajustes vio necesario hacer en este periodo de transición?
—El hecho de haber estado ocho años en la administración anterior evidentemente me permitía tener en ese momento una claridad de cuáles eran las acciones a corto plazo que tenemos que resolver. Es un cambio, es una nueva administración, pero con la particularidad de que es una transición; por ende, de corto plazo. No podés entonces imaginar y proyectar un trabajo para mediano o largo plazo, sino que son acciones inmediatas, y tenemos muchísimas. La prioridad número uno de esta administración es atender los asuntos relacionados con la emergencia sanitaria y eso nos lleva a un punto central: cómo evitamos que nuestras y nuestros estudiantes abandonen las aulas, al menos por la situación de la crisis económica que genera la crisis sanitaria y golpea indudablemente a cientos de miles de familias.
También es evidente que tenemos en el país una brecha digital importante, cuando tomamos la decisión de que no había más actividad presencial en la universidad y que la actividad académica fuese virtual, hubo una población que no tenía equipo, no tenía acceso a Internet; entonces tuvimos que actuar muy rápido para suplirles de tabletas, de chips, de manera tal que todas y todos los estudiantes puedan tener acceso a la clase virtual. Eso es un elemento fundamental.
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“Cerramos el periodo de recepción de solicitudes de beca para el segundo ciclo. Tuvimos un incremento de un 24% con respecto al año anterior”.
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El otro elemento fundamental es el tema de las becas. He insistido muchísimo en que requerimos fortalecer el sistema de becas de cara al segundo ciclo lectivo, pues eso lo dije desde el día uno y justamente el día martes (30 de junio) cerramos el periodo de recepción de solicitudes de beca para el segundo ciclo. Tuvimos un incremento de un 24% con respecto al año anterior. Eso es significativo, es una cuarta parte más. La Universidad no puede y no debe decirle a una persona, bajo ninguna circunstancia, que efectivamente su condición socioeconómica lo hace acreedor o acreedora de una beca, no podemos dársela porque no hay presupuesto.
En el mes de marzo una buena parte de la comunidad universitaria insistía en que era importante que se evitara la presencialidad y que todos hiciésemos teletrabajo o actividad académica virtual.
Ahora tenemos para el segundo ciclo un fenómeno contrario, porque la mayoría de las unidades académicas quieren tener actividad presencial. Tenemos que hacer un balance porque primero está la salud de las personas que conforman la comunidad universitaria.
Lo otro es la negociación del FEES para este año, en un contexto de crisis. Adicionalmente, el día 30 de junio teníamos que presentar las universidades públicas el Plan Nacional para la Educación Superior (PLANES) y me encuentro una serie de situaciones que no habíamos mapeado inicialmente. Por ejemplo el examen de admisión es un tema relevante, no podemos hacer el examen en esta condición en que estamos, se tuvo que suspender la fecha prevista para finales de agosto y el mes de setiembre. Hemos establecido el mes de noviembre como la fecha en que se realizarán las pruebas de admisión, esto tendrá una implicación en la fecha de inicio del ciclo lectivo 2021.
En el tema político, nos enfrentamos a una situación en el momento en que una comisión legislativa durante un año investigó el financiamiento de la educación superior y estaba a punto de dar un informe. Ese informe se dio, hubo un dictamen de mayoría y uno de minoría. Tuvimos que hacer una tarea importante de acercamiento con la Asamblea Legislativa, ahí me encuentro un elemento que me ha generado sorpresa: el deterioro que había en la relación con algunos sectores políticos. Hemos estado trabajando fuerte en restablecer esas necesarias relaciones entre la Universidad y sectores políticos, económicos, mediáticos y de la sociedad civil en general, con los cuales hay que tener un diálogo permanente.
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“Pareciera que estas diputadas y diputados intentan decir ‘no hagan lo que dice la Constitución, sino lo que nosotros decimos”.
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¿El segundo semestre va a iniciar en las fechas previstas?
—El segundo ciclo lectivo iniciará el 10 de agosto tal y como estaba programado en el calendario universitario. Nosotros sacamos una circular en la cual indicábamos que podemos tener presencialidad en aquellas actividades que no es posible la virtualidad. Pero estamos en un momento de incertidumbre en el que todo cambia en periodos cortos.
¿En el caso de los funcionarios que llenaron un formulario de teletrabajo que llegaba hasta el 13 de julio, eso se va a extender?
—Eso se va a extender en los próximos días. Yo asumo que el Centro de Coordinación Institucional de Operaciones (CCIO) estará enviando el comunicado sobre el mecanismo para llenar los formularios de trabajo remoto y, sobre todo, el plazo, hasta cuándo irá a ser. Pero es evidente que por la condición que tenemos en este momento no vamos a tener presencialidad mayor a la que tenemos en este momento, por lo menos por dos meses.
¿Para qué convocó el Gobierno a las universidades?
—Lo que sucedió ayer (1 de julio) es que se nos convocó a una reunión en la Presidencia de la República. Una reunión en la que participamos la rectora y los rectores de las universidades, más el Ministro de la Presidencia, la Ministra de Educación y el Ministro de Hacienda, y ahí se nos hace el siguiente planteamiento: el Poder Ejecutivo va a presentar un presupuesto extraordinario la próxima semana con un recorte de gasto muy relevante, de aproximadamente el 1% del PIB. Eso son como ¢350.000 millones. Y lo que nos plantean es que ellos están proponiendo un recorte de ¢65.000 millones al FEES del 2020, porque la negociación del 2021 no ha arrancado todavía.
¿Qué planteamos nosotros como rectores? Primero vamos a escuchar lo que plantea el Gobierno, pero no vamos a negociar, porque cualquier negociación sobre financiamiento de la educación superior se da en la Comisión de Enlace.
El Gobierno puede, no debe, pero puede decir “vamos a recortar el FEES”, y posiblemente será la Sala Constitucional la que defina en última instancia si podía hacerlo o no podía hacerlo. Nosotros como rectores, y en mi caso particular, cuando asumo la Rectoría de forma transitoria, juro defender la Constitución Política de la República y no podría firmar un documento que vaya en contra de eso. Eso es básicamente lo que sucedió ayer.
¿Cómo plantea el Gobierno ese recorte?
—El planteamiento del Gobierno es el siguiente: el año pasado la exministra de Hacienda, Rocío Aguilar, estableció de forma unilateral que el FEES se iba a dividir en dos grandes partidas, o dos grandes transferencias: una transferencia corriente y una de capital. La transferencia de capital son recursos que solo se pueden destinar a inversión. Lo que planteaba la ministra eran ¢70.000 millones de transferencias de capital, en octubre la marcha que llevó a que los diputados aprobaran que no fuesen ¢70.000 millones sino ¢35.000 millones.
¿Qué plantea el Gobierno entonces? No girar las transferencias de capital; es decir, ¢35.000 millones, pero que de lo que resta de girar del FEES. Nos han girado siete cuotas, faltan seis cuotas; de esas seis transferencias se recorte un 15%. Eso son los ¢65.000 millones.
El Ministro de Hacienda ha dicho que pretendía recortar las transferencias y decirle a las instituciones “usen la plata que tienen guardada”. ¿Las universidades tienen plata guardada?
—Nosotros tenemos un superávit que viene de proyectos de inversión o en procesos licitatorios, pero no es correcto decir que tenemos plata guardada. La Universidad de Costa Rica tiene una particularidad y es que generamos, nuestro presupuesto no solo depende del FEES, sino también de la generación de recursos, de la vinculación remunerada que llamamos. La vinculación remunerada en muchas ocasiones se trata de proyectos que no se desarrollan en un solo año, sino durante varios años.
Le voy a poner un ejemplo: hemos estado negociando con el Gobierno de Corea el financiamiento de un proyecto que denominamos el proyecto “Élice”, que está proyectado a cuatro años y con un financiamiento de varios millones de dólares. Como en el país tenemos el concepto del presupuesto anual, todo lo que nos queda del proyecto para trabajar los años siguientes se considera superávit. Por eso hemos insistido en la necesidad de que en el país exista la figura de presupuestos plurianuales para poder efectivamente que esos recursos de proyectos como este no se incorporen al superávit. Muchos de esos recursos no podemos tocarlos porque provienen de aportes y donaciones de entes internacionales. De ahí viene una falsa visión del superávit.
¿De esos ¢65.000 millones que pretende el Gobierno, cuánto sería el recorte para la UCR?
—En una eventualidad de que ese recorte se diera, para la Universidad de Costa Rica serían ¢38 mil millones. Eso sería muy difícil de manejar. Solo le doy un ejemplo, pero no quiero referirme a ese escenario. Esta semana emitimos una resolución en la que se indica que para lo que resta del 2020 la Universidad no va a hacer incremento salarial por reconocimiento de costo de vida, porque no hay inflación. Eso representa en términos económicos ¢3.600 millones. No es ni siquiera el 10% del monto que tendría que recortar la universidad.
Habría compromisos que no se podrían cumplir, todo se vería afectado…
—Todo se vería afectado. En un panorama de ese tipo evidentemente habría que priorizar y si usted me pregunta qué debería priorizar la universidad, en la cúspide de pirámide deben estar las becas estudiantiles.
¿Eso es lo que protegería usted a toda costa?
—Efectivamente, todo se puede ver afectado menos becas. Porque si afectamos becas afectamos la vida de muchachos y muchachas. Si me decís en ese orden, el punto dos sería salarios, de manera tal que no haya que despedir personas. Evidentemente tenemos que asegurar servicios públicos, el compromiso con el fideicomiso, son elementos que la universidad no podría obviar, pero esperamos no llegar a ese extremo.
¿Qué consideraciones tiene usted de ese informe de mayoría que se presenta en la Asamblea Legislativa y pretende reformas constitucionales relacionadas con las universidades?
—El informe de mayoría es un informe que he señalado como bastante deficiente. Tenemos dos puntos de coincidencia en la necesidad de tomar acciones en el tema del régimen salarial. En eso estamos y vamos a continuar trabajando y ahí coincidimos con que se requiere tomar acciones. Pero las acciones las deben tomar las universidades en el ámbito de la autonomía que la Constitución Política les establece. También en materia de regionalización es evidente que tenemos que hacer mayores esfuerzos; hemos hecho muchos esfuerzos, nunca habíamos invertido tanto como en los últimos ocho años, pero no es suficiente y hay que trabajar más en el modelo de regionalización.
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“En una eventualidad de que ese recorte se diera, para la Universidad de Costa Rica serían ¢38 mil millones. Eso sería muy difícil de manejar”.
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En lo demás diferimos por completo. No puede ser que este grupo de diputados nos intenten decir más bien qué debe hacer la universidad y cuál debe ser su oferta académica. Hay un error de concepto básico cuando nos dicen cuál debe ser la universidad del futuro y nos ponen como ejemplo al Instituto Tecnológico porque solo da carreras tecnológicas (cosa que tampoco es así porque también da otras carreras no tecnológicas). La Universidad de Costa Rica no es un tecnológico; es una universidad integral, así lo dice la ley de creación; dedicada al cultivo de las ciencias, las artes y las letras. Eso luego se consigna en la Constitución Política cuando se establece que la Universidad de Costa Rica es una institución de Cultura Superior. Pareciera que estas diputadas y diputados intentan decir “no hagan lo que dice la Constitución, sino lo que nosotros decimos”. La universidad del futuro es una universidad integral donde no hay supremacía entre las diferentes áreas. Estamos conscientes de las necesidades del país y estamos en la mayor disposición y hacemos permanentemente un aporte al sector productivo, pero también hay sectores sociales e institucionales a los que la universidad se debe, porque la universidad se debe a toda la ciudadanía.
Otro elemento que no puede aceptarse es el del financiamiento. En América Latina sucede una y otra vez que los gobiernos de turno tienen la oportunidad de darle o quitarle financiamiento a las universidades y eso depende de la relación con el gobierno, como es el caso de Brasil en este momento. La mejor forma de extorsionar a una universidad es cercenándole su presupuesto. Nosotros siempre hemos dicho que afortunadamente nos diferenciamos de América Latina porque el concepto de autonomía universitaria y de financiamiento tienen rango constitucional, y por eso no puede pasar ese vaivén. Los diputados proponen que el artículo que habla sobre el equilibrio financiero esté por encima del artículo que habla del financiamiento de las universidades. Cuando se habla de equilibrio financiero es que no haya déficit. En los últimos cincuenta años ¿cuándo no hemos tenido déficit? Dos años, en 2006 y 2007. Entonces nunca hay equilibrio financiero.
Si esto pasara el financiamiento de las universidades dependería de si el gobierno de turno quiere o no darle recursos a las universidades. Cuando defendemos la autonomía universitaria defendemos la institucionalidad democrática y el Estado Social de Derecho. Corremos un gran riesgo de que reformas constitucionales como estas puedan concretarse, porque se concretarían sobre bases de información que no son verdaderas, sino de una simplicidad que asombra.
