Universitarias

Henning Jensen: “Los diputados deben ser más cautelosos con las aseveraciones que hacen”

La Procuraduría de la Ética Pública (PEP) no halló ninguna prueba de que los rectores hayan manipulado a los estudiantes para la manifestación en defensa del FEES que se realizó el año pasado.

El rector de la Universidad de Costa Rica, Henning Jensen, celebró la resolución de la Procuraduría de la Ética Pública (PEP) en la que descarta que los rectores de las universidades públicas “manipularon” a los estudiantes para la manifestación en defensa del presupuesto que se realizó el pasado mes de octubre.

En su resolución No. AEP-RES-244-2019, la PEP indicó que la acusación contra los rectores fue presentada sin ningún argumento sustantivo ni probatorio, lo que llevó a que la causa fuese archivada.

El rector Jensen recordó que esta acusación surgió de manifestaciones realizadas por diputados de la Asamblea Legislativa –incluyendo al presidente, Carlos Ricardo Benavides- y consideró que decir que los rectores manipularon a los estudiantes es ofensivo.

“Esas declaraciones subestimaron en mucho el conocimiento y la consciencia, además de la capacidad organizativa del estudiantado de las universidades públicas, y hay quienes han mostrado un dominio muy claro de los asuntos relacionados con el presupuesto universitario”, comentó Jensen.

El rector de la UCR indicó que si bien la inmunidad o fuero parlamentario son fundamentales para el Estado de Derecho y la democracia, también se presta para abusos cuando se hacen acusaciones sin fundamento.

“Estoy muy complacido porque la PEP ha archivado este caso y es de esperar, no solo para bien de las universidades y del país, que diputados y diputadas, así como medios de comunicación que han hecho de esto un estandarte de lucha, puedan ser en el futuro mucho más cautelosos con las aseveraciones que hacen”, comentó el rector.

El martes 22 de octubre, estudiantes y funcionarios de las universidades estatales protagonizaron una numerosa manifestación para reclamar por la reclasificación de 70.000 millones de colones de los presupuestos universitarios como gasto de capital, lo que según indicaron los jerarcas en ese momento, afectaría la operación de estas instituciones.

Ese mismo día, rectores y gobierno pactaron una reclasificación de las partidas, mientras que en la Asamblea Legislativa el monto destinado a gasto de capital se redujo a 35.000 mil millones.

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