La administración del presidente Rodrigo Chaves, propuso este miércoles a las universidades estatales que el financiamiento del Fondo Especial para la Educación Superior (FEES) sea de ¢430.136,01 millones de colones, una cifra que representa más de ¢129 mil millones menos con respecto al presupuesto aprobado en 2022.
El año anterior las universidades acordaron con el gobierno un FEES de ¢522.822,67 millones, mientras que los fondos para la Universidad Técnica Nacional (UTN) fueron ¢36.376,52 millones. Además de la rebaja del FEES, ahora la actual administración pretende que dentro de los 430.136,01 millones se incluya también a la UTN, lo que haría aún menor el monto para cada universidad.
Además de condicionar para que se incluya a la UTN en el FEES, se pide que un 15% de los fondos se destinen a transferencias de capital, y asegura que si no se hace «un ajuste equitativo» a la distribución del presupuesto en educación «el MEP se verá limitado para brindar servicios a los niños, niñas y jóvenes desde preescolar hasta secundaria».
«Adicional a lo anterior, el MEP no podrá intervenir en la deteriorada infraestructura educativa actual, donde un 20% de los centros tiene una orden sanitarai y más del 30% cuenta con problemas de acceso a servicios básicos, conectividad y recursos tecnológicos, impidiendo un servicio de calidad en un contexto de apagón educativo», dice el documento.
El rector de la Universidad Estatal a Distancia (UNED) y presidente del Consejo Nacional de Rectores (Conare), Rodrigo Arias Camacho, aseguró que la propuesta recibida «no nos parece desde ningún punto de vista» lo que impidió que se llegara hoy a un acuerdo.
» Pues acordamos seguir en un proceso de negociación para que el martes entreguemos una contrapropuesta, nosotros seguimos apegados a que debe cumplirse con lo establecido en el artículo 85 de la constitución política y en esos términos lo hemos dicho siempre y seguiremos trabajando alrededor de ella», comentó Arias Camacho.
El rector se refiere al artículo constitucional en el que se establece que el FEES no puede ser disminuído, norma que la Sala Constitucional ratificó recientemente al condenar los recortes al Fondo realizados en la Asamblea Legisaltiva anterior.
