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Foro  UCR: Expertos dudan de capacidad técnica del Gobierno ante posible subasta de radiofrecuencias

Conferencia convocada por el Programa de Libertad de Expresión y Derecho a la Información (Proledi) apunta a un panorama “sin precedentes” ante la falta de rumbo por parte del Gobierno.

Profesionales en el área de comunicación y política pública apuntan a un episodio inédito en el país, pues no ha existido una subasta de radiofrecuencias de gran nivel, además de una clara preocupación ante una falta de un rumbo claro por parte del Gobierno.

Las declaraciones surgieron durante un conversatorio llevado a cabo este 23 de abril, convocado por el Programa de Libertad de Expresión y Derecho a la Información (Proledi), de la Universidad de Costa Rica, donde se reunieron investigadores y expertos en la materia.

Actualmente, decenas de medios televisivos y radiofónicos se encuentran en un limbo por el pronto vencimiento de la concesiones sobre las radiofrecuencias de transmisión abierta, las cuales caducarían el próximo 28 de junio, sin embargo, se encuentran en período de consulta para extender su vigencia hasta el 2025.

“No sé si hay una mala estrategia política o una mala visión de lo que está sucediendo, porque en caso de un apagón mediático son los concesionarios más chicos los que van a terminar perdiendo”, Óscar Jiménez, Proledi.

Óscar Jiménez, investigador del Proledi, indicó que de 163 frecuencias existentes hay 139 concesionadas y 24 libres. Un 84,1% de los contratos de concesión vencen durante la actual administración.

“Hay 11 espacios libres en la televisión libres, ya que de 38 solamente hay 27 adjudicadas, de las 11, 7 pueden ser para empresa privada y 4 para medios con fines nacionales y locales por parte del Estado”, indicó.

Jimenéz explicó que la falta disposición puede responder a “una mala estrategia política o una mala visión de lo que está sucediendo, porque en caso de un apagón mediático son los concesionarios más chicos los que van a terminar perdiendo”.

Por su parte, Juan Manuel Campos, asesor de estrategias de políticas públicas en el áreas de telecomunicaciones, señala que las propuestas que se discuten tanto en el Poder Ejecutivo como en la Asamble Legislativa representan un error, pues “pensar en un modelo que está basado en los años 1950 y 1960 es un error estratégico”.

Discusión sobre tarifas en radiofrecuencias

La Asamblea Legislativa se encuentra estudiando el proyecto de ley 23.673, que pretende renovar la obsoleta Ley de Radio, y poder actualizar las tarifas anuales para el uso de radiofrecuencias. No obstante, el presidente Chaves rechazó lo planteado en el proyecto, y anunció que el poder ejecutivo trabajaría en uno propio.

Por su parte, la Universidad de Costa Rica también señaló que dicho proyecto plantea reformas insuficientes, y que “vendría a consolidar las prácticas actuales de concentración”, explicó el Consejo Universitario.

El experto Campos indicó que ambas discusiones, el otorgamiento de concesiones y las tarifas de las mismas, son decisiones separadas que se deben llevar de forma paralela, pues los proyectos actuales no hablan de concesión, y que la consulta abierta no representa una medida legal, y no mitiga la problemática.

“Vamos hacia una colisión donde debemos discutir estos temas en los tribunales, en la Corte Interamericana de Derechos Humanos, pues no pudimos respirar profundo y discutir estos temas”, añadió Campos durante el conversatorio.

Jimenéz, investigador del Proledi, también señaló que la problemática de las concesiones representa ataques a la “libertad de expresión, frente a un tema donde se está jugando la libertad de prensa, y donde el poder ejecutivo busca jugar con el marco jurídico para chantajear a los medios”.

Como parte de las discusiones del conversatorio, el viceministro de Telecomunicaciones, Humberto Vargas, fue invitado al espacio, sin embargo, canceló horas antes debido a la consulta que se lleva a cabo en estos días.

“A favor de un proceso participativo, objetivo e imparcial como pilar de nuestra democracia, y en apego a la legalidad objetiva, a efectos de no adelantar criterio sobre el particular o incidir en la opinión del público en general, he decidido no participar de dicho conversatorio ni ningún otro evento público en esta materia, hasta tanto dichas diligencias de trámite con el aval del informe respectivo y la normativa que entonces corresponda aprobar”, explicó Vargas en un oficio.

 

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