Las Federaciones de Estudiantes de la Universidad de Costa Rica (FEUCR) y de la Universidad Nacional (FEUNA) instaron al Gobierno del presidente Rodrigo Chaves a realizar una inversión adecuada en apego al artículo 78 de la Constitución Política, el cual establece que se debe destinar un 8% del Producto Interno Bruto (PIB) para este fin, como una forma para el mejoramiento de las condiciones de la educación primaria, secundaria y universitaria públicas.
La solicitud se efectuó en la Mesa de Negociación Nacional y Movimiento Estudiantil, del pasado miércoles 14 de junio, actividad en la cual participaron directivos de sindicatos y de organizaciones magisteriales del Ande, Apse y el SEC, así como representantes estudiantiles y universitarios.
“La educación en un nivel general se encuentra en una profunda crisis que debe ser atendida de manera urgente. Creemos que la ministra debe hacer un esfuerzo por defender ese espacio que está liderando, Karen Marín
Las representaciones estudiantiles enmarcan sus demandas dentro del llamado ”Pacto por la Educación Pública” para protestar por la forma en que se han dado las negociaciones del Fondo Especial para la Educación Superior (FEES), así como por el proceder de la ministra de Educación, Ana Katharina Muller, y el Ministro de Hacienda, Nogui Acosta, quienes han enfatizado en la Asamblea Legislativa que es “imposible” otorgar el 1% adicional al presupuesto, acordado en las negociaciones del 2022.
Para el presidente de la FEUNA, Marco Zuñiga, lo que se pide es el respeto a los artículos 78 (8% del PIB para educación), 84 (autonomía universitaria) y 85 de la Constitución Política, en medio de un contexto económico, social y educativo de crisis, ante la urgencia en el estado actual de la educación, donde se deben respetar y fortalecer los presupuestos de educación pública.
“Desde el año anterior, desde la FEUNA, hemos posicionado que la ministra de Educación debe renunciar, no solo porque ha demostrado un desconocimiento absoluto de lo que representa el sistema educativo público, sino porque también ha desatendido a las personas docentes. También, hay un claro conflicto de interés, de la relación que tiene la ministra con las universidades privadas y que hay un claro interés por una privatización”, declaró.
“Este año el Gobierno ha presupuestado la peor inversión en 10 años y es algo que no podemos permitir que suceda, ni que tampoco se genere esta tensión innecesaria, que se generó el año anterior (negociación 2022), de poner en una contraposición al sector educativo, eso es un enfoque erróneo, porque es posicionarnos como en los años 80, no podemos replicar esa crisis”, señaló Zuñiga.
El representante estudiantil enfatiza en que debe cumplirse con el 1% adicional acordado en las negociaciones de 2022, producto del mejoramiento de las condiciones macroeconómicas, hecho que refuta la cartera de Hacienda; aunado a que la FEUNA rechaza rotundamente la imposición 13 indicadores sobre matrícula, cupos y promoción de carreras que condicionan esta negociación.
Zuñiga propone que ante una imposibilidad en el otorgamiento del 1% al presupuesto extraordinario de 2023, que, entonces, los 6 mil millones de este monto, formen parte de la base para la negociación de 2024, cuyas reuniones se pactaron para el 2, 13 y 20 de junio, culminando el 4 de julio del presente año, a través la Comisión de Enlace entre el MEP, las universidades públicas y otros ministerios.
La presidenta de la FEUCR, Karen Marín, señaló que el proceso de negociación del FEES ha sido “complicado”, en el cual han tenido que insistir para asegurar la participación. Además, destaca la incertidumbre en los últimos meses, donde el Gobierno no se había pronunciado sobre el 1% adicional al presupuesto acordado, que recién el jerarca de Hacienda, Nogui Acosta, declaró que la cifra de ₡6.000 millones no se podrá otorgar por la situación financiera del país.
“La educación en un nivel general se encuentra en una profunda crisis que debe ser atendida de manera urgente. Creemos que la ministra debe hacer un esfuerzo por defender ese espacio que está liderando, como lo vimos en la Comisión de Asuntos Hacendarios del Congreso, cuando se plantea tomar ₡3.000 millones del MEP, la señora ministra de educación dice que sí los toman para atender la seguridad de las personas”, agregó Marín.
La representante estudiantil insistió en las condiciones de las personas estudiantes de las zonas más vulnerabilizadas del país, como temas de infraestructura, conectividad y de accesibilidad, siendo escenarios en los cuales debería invertirse para mejorar estas condiciones educativas.
“Así como han realizado esfuerzos para publicitar el divulgar proyectos como el de jornadas excepcionales (Jornadas de doce horas o 4X3), pues esos esfuerzos no los estamos viendo en materia educativa, por el contrario, vemos más bien una actitud pesimista. Ya es hora de que dejen de atender proyectos que la población ha comprobado que no son beneficiosos para el país y que se concentren en atender las bases de nuestro país, como lo es la educación ”, manifestó.
“Esperamos que esa actitud puede dirigirse a coordinar una agenda de cooperación entre la universidades públicas y el Ministerio de Educación, que ha sido una situación histórica, con herramientas que han ofrecido las universidad públicas a través del MEP, para fortalecer la situación educativa de nuestro país, incluyendo a las escuelas y colegios, quienes serán, en su gran mayoría, las personas que tendrán acceso a una educación superior pública”, añadió.
El llamado por defender la educación pública en todos sus niveles se tradujo en la marcha “Pacto por la Educación Pública” del pasado martes 20 de junio, donde participaron estudiantes, universitarios, docentes, sindicatos y organizaciones magisteriales, misma que fue blanco de críticas por las y los jerarcas del Ministerio de Educación, Hacienda, Planificación y Ciencia y Tecnología, quienes integran la Comisión de Enlace y que catalogaron la movilización de “engañosa”, un acto “penoso” y sin fundamento.
“Vemos la preocupación por la educación en las manifestaciones de las y los estudiantes del Colegio Técnico de Agua Zarcas, a raíz del recorte de ₡3 mil millones que se quería aplicar en el MEP, debido a que afectaba específicamente a 500 personas de ese colegio, que debían ahora pagarse su pasaje de autobús, cuando siempre fue financiado por la institución.Todo esto nos refleja que la crisis educativa está afectando a todo el territorio costarricense, sin discrimación de nivel educativo”, concluyó Marín.
