Universitarias

FEUCR pide a ministra de Educación apartarse de negociación del FEES por vínculo con U privadas

De acuerdo con el documento, los lazos familiares (en segundo y tercer grado de consanguinidad) de la ministra con universidades privadas generan dudas razonables sobre su imparcialidad en el proceso.

La Federación de Estudiantes de la Universidad de Costa Rica (FEUCR) presentó este jueves ante el Ministerio de Educación Pública (MEP) un escrito de recusación para solicitar que la ministra, Anna Katharina Müller Castro, no participe en el proceso de negociación del Fondo Especial para la Educación Superior (FEES) 2024.

La recusación fue presentada ante los lazos familiares (en segundo y tercer grado de consanguinidad) de la ministra con representantes de universidades privadas, los cuales, según la FEUCR, generan dudas razonables sobre su imparcialidad en el proceso.

Por ejemplo, Eduard Müller Castro, rector y presidente de la Universidad para la Cooperación Internacional (UCI) es hermano de la ministra, mientras que Álvaro Castro Harrigan, fundador y presidente emérito de la ULACIT y directivo de la Universidad Castro Carazo, es su tío. 

“La recusación se fundamenta en el artículo 12 del Código Procesal Civil que establece como causales de abstención el interés directo de familiares de hasta tercer grado de consanguinidad, como el caso de su hermano y su tío. Sin embargo, la Federación también argumentó que la relación con su prima, Silvia Castro, presidenta de la Junta Directiva de ULACIT y de la Cámara Costarricense – Norteamericana de Comercio (AmCham) genera una duda justificable sobre la imparcialidad y objetividad de la ministra en el proceso de negociación, lo que también constituye una causal de abstención”,  se lee en el comunicado de la FEUCR. 

Sobre este tema, la presidenta de la FEUCR, Karen Marín, externó que las universidades públicas podrían estar corriendo peligro, ante los lazos de consanguinidad de la ministra con actores de universidades privadas. 

“Las universidades públicas y sus fines constitucionalmente asignados podrían encontrarse en un serio peligro si permitimos que una funcionaria pública con vínculos de consanguinidad con personas que lucran a partir de la educación universitaria privada, definan el presupuesto y los compromisos que ya ha demostrado exigir a las universidades públicas, con criterios aparentemente antojadizos que pareciera no tener un respaldo técnico, tal y como lo vimos con la llamada “Ruta de la educación”, señaló.

Agregó también que universidades privadas, como las relacionadas con la familia de la ministra, incluso podrían tener interés en que la UCR reduzca capacidad de admisión y presencia en las regiones, pues son competencia. 

“Eso le podría garantizar un mejor mercado para expandir la oferta privada. Por esta razón, es fundamental que los posibles intereses de estas universidades sean separados de la negociación del FEES” añadió.

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