Universitarias Acción de inconstitucionalidad sobre aplicación de regla fiscal a universidades sigue pendiente de resolución

FEES aumenta, pero aplicación de regla fiscal complica ejecución de recursos, sostienen universidades

Los rectores de las universidades públicas valoran positivamente los acuerdos sobre el Fondo Especial para la Educación Superior (FEES), aunque advierten que regla fiscal es el mayor escollo que enfrentan las casas de enseñanza

Pese a que las negociaciones sobre el Fondo Especial para la Educación Superior (FEES) entre universidades y el Gobierno concluyeron con un aumento de 1,34% (₡7000 mil millones), la aplicación de la regla fiscal dificulta el uso de esos recursos, coinciden rectores de las cinco universidades públicas.

El pasado 27 de julio se dio a conocer el aumento del FEES, el cual pasó de ₡515.909 millones en 2021 a ₡522.822 millones en 2022, mientras que el presupuesto de la Universidad Técnica Nacional (UTN), que se estima por aparte, aumentó de ₡35.895,52 millones en 2021 a ₡36.376,52 millones en 2022.

“Si usted aniquila la educación, aniquila el futuro de este país”, Emmanuel González, rector de la UTN

El presidente del Consejo Nacional de Rectores (Conare) y rector de la Universidad Nacional (UNA), Francisco González, comentó a UNIVERSIDAD que el acuerdo es positivo, en tanto se respetaron los principios constitucionales que regulan el FEES.

“Se logró respetar el principio constitucional que sostiene que el FEES no puede ser disminuido y, en consecuencia, logramos un ajuste por inflación que es mayor al del año anterior”, sostuvo.

En este punto coincidieron todos los demás dirigentes universitarios, aunque el rector de la Universidad de Costa Rica, Gustavo Gutiérrez, también rescató que: “Somos conscientes de que aún existen muchos retos pendientes que retomaremos en coordinación con la Comisión de Enlace”.

Entre estos retos se encuentra “el impulso de la negociación quinquenal, aumentar la inversión en becas estudiantiles sin limitación por regla fiscal y el crecimiento real del presupuesto universitario”, detalló Gutiérrez.

El presidente del Conare destacó otro aspecto importante de la negociación: el avance para la exclusión de las universidades del Decreto 42.798-H, el cual limita el crecimiento de las transferencias:

“Hay un reconocimiento de que no corresponde su aplicación, y ahora que se está revisando el mismo decreto, el compromiso es hacer la modificación para que no se contemple a las universidades”.

Todos los rectores manifestaron que la prioridad de las instituciones de educación superior consiste en reforzar los apoyos a estudiantes a partir de becas, equipo tecnológico e inversión en salud mental.

Problema de fondo: Regla fiscal

El presidente de Conare tiene claro que, a pesar de las buenas negociaciones, el principal problema que enfrentan las universidades es la regla fiscal: “Realmente esa es la bronca de este país, ese es el problema de fondo; la regla fiscal”.

González comentó que se avanzó hacia una modificación del clasificador económico para que las becas se consideren como inversión. No obstante, “sobre la aplicación de la regla fiscal, el Gobierno no afloja; han sido categóricos con que la regla se sigue aplicando”.

Por su parte, el rector de la UTN, Emmanuel González, explicó que todos fueron enfáticos en la necesidad de revisión de la regla fiscal: “Es el mecanismo más difícil que hoy enfrentamos las universidades, donde efectivamente no podemos utilizar los recursos ni aunque los generemos”.

El académico fue crítico con la aplicación de la regla fiscal a las universidades: “Es una injusticia lo que está pasando en este país con el futuro de la educación”, al tiempo que resaltó que el aumento al FEES no es muy útil si se mantiene esta situación: “Nosotros no hacemos nada con que nos den dinero, si la regla fiscal no nos deja usarla”.

El rector de la UTN advirtió tajantemente sobre los peligros de que se mantenga a las universidades bajo la regla fiscal: “No se puede seguir por ese rumbo, ¿cómo se va a aniquilar los presupuestos de la educación Si usted aniquila la educación, aniquila el futuro de este país”.

Y sentenció: “esa regla fiscal es como medio perversa”.

González concluyó que “hay un problema más grave y es la violación a los principios constitucionales; vea los ejemplos de otros países que han violado la normativa de la Constitución Política en lo que termina”.

En la misma línea, el rector de la Universidad Estatal a Distancia (UNED), Rodrigo Arias, explicó que no tiene lógica aplicar esta ley, que impide que estas cumplan con la misión que tienen en el país.

“Es inconsecuente la regla fiscal con los requerimientos que tiene nuestra sociedad en este momento. No podemos atender más estudiantes ni dar más becas cuando la gente las ocupa, por la regla fiscal. Es inconcebible que se nos quiera aplicar a nosotros. A instituciones educativas no debería aplicársele, porque es negarle oportunidades a la gente cuando más lo requiere”, señaló Arias.

El rector de la UNED recordó que existe un recurso de inconstitucionalidad presentado y que espera que la Sala IV “nos dé la razón y no nos aplique ese decreto que ilegalmente nos pone bajo la regla fiscal”.

También, el rector del Instituto Tecnológico de Costa Rica (TEC), Luis Paulino Méndez, criticó esa limitación fiscal “considerando que el incremento en gasto aplica a la ejecución del año anterior, que se ha visto afectada por la pandemia, principalmente por la operación remota de la institución”.

El rector de la UCR coincidió en que la regla fiscal representa un problema prioritario en lo que respecta a administración y presupuestos: “la regla fiscal es el principal reto que tenemos para asegurar la inversión en todas áreas sustantivas que trabajamos”.


Deuda pendiente con universidades se usará solo en proyectos con enfoque país

Entre el dinero pendiente se encuentran los ₡27.590 millones del FEES 2021 que se habían pospuesto como parte del apoyo que las universidades dieron el Gobierno ante la emergencia provocada por la COVID-19

Adrián Zúñiga Rivero

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Más de 60 mil millones pendientes de entregar por parte del Gobierno a las universidades se podrían utilizar en proyectos colaborativos con “visión país”, según el presidente del Consejo Nacional de Rectores (Conare), Francisco González.

“Es un proyecto de seguimiento al Plan Nacional de la Educación Superior Universitaria Estatal (Planes) 21-25, coordinado desde las universidades, pero que intenta tener un proyecto de visión país, del quehacer de las universidades en términos generales y, además de eso, que el Gobierno lo pueda tramitar a través de un empréstito”, comentó.

Gobierno tiene una deuda pendiente con las universidades de alrededor de 60 mil millones de colones (Foto: Adrián Zúñiga Rivero).

Entre los montos postergados se encuentran ₡35.000 millones del Fondo Especial para la Educación Superior (FEES) 2020 y ₡27.590 millones del FEES 2021. Dicho dinero fue pospuesto como parte del apoyo que las universidades dieron al Gobierno durante la pandemia por COVID-19.

“Hay que dejar un proyecto país en donde se reconozca la importancia de que ese dinero sea articulado a un proyecto general”, comentó González.

No obstante, González, quien actualmente es el rector de la Universidad Nacional (UNA), explicó que ejecutar ese dinero será complicado, debido a la aplicación de la regla fiscal a las universidades: “¿Como hacemos para meter esa plata? Que se exima a la educación de la regla fiscal, sino estamos fregados”.

Asimismo, el rector de la Universidad Técnica Nacional (UTN), Emmanuel González, explicó que este tema fue abordado enérgicamente en la negociación del FEES 2022.

“Fuimos enfáticos en la necesidad de que los dineros postergados, que suman alrededor de $100 millones, puedan ser retribuidos en una mesa de diálogo a través de portafolios de proyectos país, para que podamos utilizar esos fondos en beneficio de la sociedad costarricense”.

A diferencia de las negociaciones del FEES de 2020 y 2021, para el FEES 2022 no se incluyó la posposición de ningún monto:

“En esta ocasión la totalidad será incluida en el presupuesto nacional”, reza un comunicado emitido el pasado 28 de julio por Conare y el Gobierno de Costa Rica.


 

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