Los cuatro estudiantes de la Sede de Occidente Universidad de Costa Rica (UCR), detenidos en las manifestaciones del 21 de noviembre en San Ramón, donde protestaban “en defensa de la autonomía universitaria y del presupuesto de la educación superior” enfrentarán juicio de flagrancia el próximo 30 de diciembre.
Así quedó establecido por la autoridad judicial tras las audiencias preliminares que tuvieron lugar el viernes 13 de diciembre y jueves 19 en los Tribunales de San Ramón. Los estudiantes deberán ir a juicio por cargos de obstrucción de la vía pública.
Una de las estudiantes acusadas, que prefirió no dar su nombre, conversó con UNIVERSIDAD y afirmó que esperan contar con la solidaridad del movimiento social pues este juicio es un intento de criminalización de la protesta social.
La joven también comentó que el pasado 18 de diciembre el grupo interpuso una acción de inconstitucionalidad impugnando el artículo 256 bis del Código Penal, que califica como delito “impedir, obstaculizar o dificultar” el tránsito en vías públicas. De acogerse esta acción, el juicio sería suspendido.
Además indicó que durante el proceso la fiscalía les ofreció cumplir horas de servicio comunitario si se declaraban culpables, pero el grupo decidió “por dignidad” no acogerse a esta medida pues consideran que “no incurrieron en ningún delito en ningún momento”. “Estábamos ejerciendo derecho a la libertad de expresión y a la libertad de reunión en una protesta pacífica, no violenta, no somos delincuentes”, dijo.
La Asociación de Estudiantes de la Sede de Occidente y la Asamblea General Autónoma de esta sede emitieron un comunicado conjunto denunciando “hechos de represión y detención arbitraria de las y los estudiantes” por parte de la Policía de Tránsito y la Fuerza Pública.
“La Fuerza Pública actuó en contra los estudiantes de forma injustificada y desmedida, utilizando gases lacrimógenos y dando persecución cuando la manifestación estaba retirándose de forma pacífica. Consideramos que estos abusos de poder por parte de los cuerpos policiales, representan una amenaza a la democracia, la libertad de expresión, libertad de reunión y al derecho a la protesta y a la comunicación”, reza el documento.
