La Ley Marco de Empleo Público (N° 10.159) atenta en contra de las universidades estatales, de manera que genera dudas sobre la gestión institucional, vulnera los derechos colectivos y violenta la autonomía universitaria.
A esta conclusión llegaron en el foro “Implicaciones de la Ley Marco de Empleo Público en las Universidades Públicas”, convocado por el Sindicato de Empleados de la Universidad de Costa Rica (Sindeu).
Uno de los expositores, Carlos Araya Leandro, miembro del Consejo Universitario (CU) y exrector de la Universidad de Costa Rica (UCR), resaltó que la ley efectuará cambios sobre los bloques de empleo en la Universidad, dividiendo a los trabajadores en actividades esenciales y no esenciales.
Al institucionalizarse, este proyecto influye en el ser y en el quehacer social, al darse una aceptación de sus normas y permitir una creación de dominio social (…) Lleva a definir acciones dentro de los distintos ámbitos sociales, que van a vulnerar claramente los derechos de las personas implicadas”, expresó Alhana Chavarría, presidenta de la FEUCR.
De acuerdo con Araya, la legislación dicta que las actividades sustanciales de la Universidad se mantendrán bajo el régimen salarial universitario, siendo esta la categoría del personal de docencia, investigación y acción social. Mientras que, el resto de la planilla universitaria pasaría a ser regulada por el régimen salarial del Ministerio de Planificación Nacional y Política Económica (Mideplan).
Sin embargo, el miembro del CU indicó que en dicho bloque existe “mucha nebulosa”, ya que no está claro quién define, ni quién supervisa las categorías de trabajadores esenciales y no esenciales. Por tanto, la ley generaría una división en los grupos de funcionarios, la cual “a todas luces debería ser inconstitucional”, a criterio de Araya.
Sobre lo anterior, Manuel Hernández Venegas, abogado laboralista y asesor del Sindeu, expresó que la administración no podrá “ejercer una rectoría plena”, ya que estaría limitada a “determinados colectivos de trabajadores y trabajadoras”.
Entre tanto Araya dijo que, tras la implementación de la ley, también es necesario definir las escalas salariales a partir de las familias, al tiempo que afirmó que las universidades estatales conforman una familia que indican, por ejemplo, que el salario de un profesor catedrático tiene que ser el mismo en las cinco casas de enseñanza; no obstante, persisten dudas sobre la gestión institucional al respecto.
Por otra parte, Alhana Chavarría Montero, presidenta de la Federación de Estudiantes de la Universidad de Costa Rica (FEUCR), señaló que la Ley de Empleo Público violenta la autonomía universitaria, ya que genera una afectación al Estado Social de Derecho.
De esta manera, Chavarría mencionó que la ley produce un control unilateral de salarios y condiciones laborales en los regímenes establecidos por las municipalidades, la Caja Costarricense del Seguro Social (CCSS) y las universidades públicas.
Sobre ello, el miembro del CU dijo que la autonomía es reconocida como plena en la Constitución Política, lo cual implica autonomía de gobierno, financiera y académica en las respectivas instituciones. Estos principios, según Araya, están siendo violentados por los cambios que establece la legislación.
“No puede verse la defensa de la autonomía como defensa de privilegios. La autonomía es necesaria, indispensable, para el quehacer de la Universidad”, agregó el exrector.
Crítica a la implementación de la ley
Una de las preocupaciones de la presidenta de la FEUCR es que la Ley de Empleo Público surgió en una coyuntura en donde el poder está centralizado en un solo espacio de élite, lo cual repercute en un control e imposición de aspectos sociopolíticos, económicos y culturales.
“Esto nos lleva a una obtención de beneficios e intereses individuales sobre los colectivos, que es sumamente preocupante, porque claramente va a afectar a aquellas grandes brechas desiguales que imperan en el país”, sentenció Chavarría.
De igual manera, el secretario general del Sindeu, Harold Chavarría Vásquez, expresó que la Ley de Empleo Público forma parte de un momento histórico de “ataque constante contra la conciencia social de derecho”, así como un “ataque estratégico” en contra de las universidades estatales y su autonomía.
Asimismo, el asesor del Sindicato, Hernández, añadió que la Ley de Empleo Público, la Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas (N° 9.635) y la Ley para brindar seguridad jurídica sobre la huelga y sus procedimientos (N° 9.808) reflejan que el ordenamiento jurídico del país está bajo un proceso de “colonización neoliberal y corporativa”.
Hernández amplió que existe un “vaciamiento del objeto y de la sustancia de nuestra Constitución Política”, los cuales han tenido consecuencias “sumamente graves” que han provocado una crisis de “legitimidad democrática” en el país.
Por tanto, el abogado propuso que el CU o la Rectoría realicen un foro universitario, con amplia participación de las instituciones de educación superior. De acuerdo con Hernández, dicho foro se realizaría bajo el artículo 17 del Estatuto Orgánico de la UCR, con la intención de establecer estrategias y propuestas en cuanto al “rescate de la autonomía universitaria”.
Por su parte, la presidenta de la FEUCR mencionó que es necesario democratizar la información como una medida para responder a las preocupaciones de la comunidad y como una manera para demostrar el compromiso que maneja la Universidad.
Al respecto, Chavarría agregó que “si la información no se democratiza, van a seguir rondando los comentarios y van a seguir rondando las incertidumbres, van a seguir rondando las ganas de no defender la institucionalidad pública, específicamente, la Universidad de Costa Rica”.
El foro institucional, celebrado el pasado miércoles 11 de mayo y organizado por el Sindeu con apoyo de la Rectoría de la UCR, fue moderado por Isabel Avendaño Flores, decana de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad. El Sindicato realizará otro foro el lunes 23 de mayo, bajo la temática del impacto que tiene la Ley de Empleo Público en el sector laboral.
