Cada docente deberá compartir y discutir, desde la primera clase de cada curso lectivo que se imparta en la Universidad de Costa Rica (UCR), el contenido del nuevo Reglamento Institucional contra el Hostigamiento Sexual, publicado en la Gaceta Universitaria a finales de agosto.
El cambio es fuerte. Esta reforma endurece las sanciones contra las personas hostigadoras desde 15 días de suspensión hasta despido sin responsabilidad patronal. Previo a la nueva reglamentación, una falta leve podía ser castigada con una amonestación por escrito y no se tipificaron sanciones sobre piropos, correos y textos indeseados con contenido sexual o romántico.
La nueva legislación fue propuesta el año pasado, tras una serie de denuncias públicas de colectivos feministas compuestas por estudiantes de la Universidad en las diferentes sedes y recintos.
Entre 1996 al 2017, la Universidad de Costa Rica despidió a 12 de los 68 funcionarios sancionados por acoso sexual, la mayoría fueron suspendidos por ocho días o menos.
Los casos más sonados de denuncias por hostigamiento se dieron en la Facultad de Derecho y la Sede de Liberia. Sin embargo, en ambas situaciones los procesos fueron archivados.
Ahora, el reglamento incluye castigos contra autoridades superiores que no actúen ante denuncias por hostigamiento sexual.
Sin embargo, el instrumento sigue dependiendo de que las y los estudiantes y personas funcionarias pongan la denuncia para iniciar el proceso y acompañamiento con las autoridades.
“Es una decisión personal, pero la idea del instrumento es que estemos ahí para apoyar si deciden interponerla”, mencionó Teresita Cordero, representante ante el Consejo Universitario (CU).
Para prevenir los actos de hostigamiento sexual e incentivar la formalización de denuncias, el capítulo cuatro estipula una campaña de divulgación anual y la incorporación del tema en los procesos de inducción para el nuevo personal docente y administrativo.
“Es un tema delicado de trabajar y algo muy nuevo”, comentó Silvana Díaz, representante estudiantil que formó parte del CU durante la discusión de la reforma, quien considera la falta de textos normativos y antecedentes como una de las principales dificultades a la hora de diseñar el reglamento.
El CU contó con la participación del Centro de Investigación en Estudios de la Mujer (CIEM), la Federación de Estudiantes (FEUCR), la Comisión Institucional contra el Hostigamiento Sexual, Vicerrectoría de Vida Estudiantil y, durante el gobierno de transición, contó con una representación de la Rectoría.
La directora del CIEM, Monserrat Sagot, considera que la investigación académica fue un insumo importante en la formulación de la reforma, ya que identifica el modus operandi de las personas hostigadoras, el impacto que tiene en las víctimas, las limitaciones de las leyes y los huecos legales que aprovechan los acusados para que los procesos no lleguen a buen término.
“La UCR es un caso de libro de texto, sigue los mismo patrones identificados en los estudios que se han hecho en otras universidades”, explicó Sagot.
Entre las consecuencias que puede sufrir una víctima de hostigamiento sexual está el daño psicológico y físico por el estrés, ansiedad y miedo a los acosadores, que incluso puede terminar en el abandono de los estudios, explicó Sagot.
La declaratoria de emergencia
En mayo del 2019, varios colectivos feministas y representantes de las federaciones estudiantiles llamaron a una conferencia de prensa para declarar un estado de emergencia por el ambiente de acoso y hostigamiento en las universidades públicas.
La atención pública y mediática, que recibió la conferencia de prensa, presionó a las autoridades a acceder a compromisos y algunas de las peticiones de las colectivas fueron directamente incorporados en la reforma.
“Definitivamente, fueron las colectivas que crearon plataformas de denuncias y permitieron a más mujeres denunciar y les recordaron que les creen las que impulsaron la reforma”, dijo Valeria Rodríguez, representante estudiantil ante el Consejo Universitario.
Fabiola Bermúdez, estudiante de sociología y una de las fundadoras de la colectiva “Me pasó en la UCR”, recordó que todo empezó un año antes de la conferencia: “Nos enteramos de unos casos de discriminación en sociología y un caso de violencia de parte de una estudiante en geografía ¿Qué podíamos hacer si las autoridades universitarias no responden?”
Las cuatro estudiantes se inspiraron en el trabajo del grupo “Me pasó en la UNA”, que abordaba denuncias a lo interno de la Universidad Nacional (UNA). Las dos colectivas trabajan en la visibilización en redes sociales de las situaciones de acoso y hostigamiento que se viven en las aulas.
“Abrimos un formulario para denunciar, pensando que no iba a pasar nada y se iba a olvidar a la semana. En el primer día recibimos 60 testimonios, a los cinco días ya teníamos 200”, contó Bermúdez.
Las situaciones de acoso y hostigamiento sexual son mediadas por relaciones de poder, frecuentemente de profesores a estudiantes o jefaturas a sus subalternos, aprovechando situaciones de vulnerabilidad económica o emocional por lo que en muchos casos las víctimas optan por no denunciar, explicó la directora del CIEM.
La colectiva sabía que la situación de acoso no se reflejaba en las estadísticas, pero no esperaban que fuera “tanto, ni a niveles tan fuertes” y como resultado tuvieron que recibir un acompañamiento psicológico grupal para sobrellevar la presión por situaciones que se les “salían de las manos”.
Eliana Quimbayo, estudiante de derecho y miembra del colectivo, considera que un factor que influyó en la abrumadora reacción al formulario del colectivo es que proviniera de un proyecto de estudiantes y para estudiantes.
“No usábamos los canales institucionales y era una relación horizontal. Las chicas podían sentir que bueno, tal vez alguna de las personas de la colectiva sufrieron lo mismo o alguna de sus amigas”, dijo Quimbayo.
Las estudiantes manifestaron que una vez que sus rostros se hicieron públicos y mediáticos empezaron a sufrir consecuencias negativas en sus respectivas unidades académicas: apodos, referencias directas, discusiones y críticas abiertas frente al resto de la clase.
“Todavía hace falta trabajo, eso nos impulsa a seguir”, comentó Bermúdez, que se mostró satisfecha de saber que algunas denuncias realizadas por medio del formulario se formalizaron y que la aprobación del reglamento amplía el margen de acción de las autoridades universitarias.
“Es muy importante que esté en papel, pero es mucho más fácil ponerlas ahí que hacer que la sociedad avance para romper el pacto y la complicidad, y crear un ambiente seguro”, agregó Marianela Bermúdez, estudiante de historia y miembro del colectivo.
Actualmente, el grupo se compone de siete estudiantes y su trabajo ahora se va a enfocar en la divulgación del reglamento y acompañamiento de estudiantes.
