La discusión sobre la prórroga de la actual convención colectiva entre la Administración de la Universidad de Costa Rica (UCR) y el Sindicato de Trabajadores de esta institución (Sindéu) mantiene en espera el inicio de las negociaciones para definir el texto de un nuevo acuerdo laboral.
La última propuesta de extensión fue presentada por el Sindéu el martes 14 de febrero y quedó a la espera de la respuesta por parte de la Administración. La convención colectiva vigente carece de cláusula de prórroga, por lo que obliga a ambas partes a negociarla.
El proceso de diálogo inició el pasado 14 de diciembre con una primera reunión en el Ministerio de Trabajo, luego de que la Administración de la UCR denunciara la convención un mes antes.
Desde entonces se han realizado cuatro sesiones más en las que se ha llegado a “acuerdos en cosas básicas”, según dijo Carlos Araya, vicerrector de Administración. Además, los representantes administrativos dieron a conocer su propuesta de texto sustitutivo, acción que replicó el Sindéu en los primeros días de este mes.
De acuerdo con Rosemary Gómez, secretaria general del Sindéu, la representación sindical ha planteado dos condiciones: primero, que el Rector, Henning Jensen, retire la denuncia presentada a la convención; y segundo, proponen una cláusula de extensión de la convención vigente de por lo menos seis meses para continuar con las negociaciones dentro de “un margen estable”.
“Estos dos temas nos han generado fuertes discusiones en el seno de la Comisión”, asegura Gómez, pues se ha puesto en la mesa “lo legal y lo político”. Dicha Comisión que negocia la nueva convención está formada por cinco representantes de cada parte, más dos asesores con voz pero no voto.
“Nunca se había llegado a una denuncia de la convención colectiva”, agregó Gómez, explicando que se debió acudir a los mecanismos universitarios de diálogo antes de la denuncia hecha por el Rector. Ante esta situación, desde el Sindéu mantienen su “anuencia a la comunicación” y confían en llegar a un acuerdo sobre la prórroga antes de que caduque la convención el próximo 3 de marzo.
Sobre este aspecto, Araya mencionó escuetamente que “en eso estamos, negociando justamente”. El vicerrector explicó, además, que la Administración persigue tres objetivos con esta nueva negociación.
“Un primer objetivo es la modernización del instrumento de convención colectiva”, afirmó. Para lo cual es necesario adaptarla a la realidad política y económica del país, además de incorporar aspectos referentes a derechos humanos y “beneficios adicionales” para los funcionarios de la Universidad.
En segundo lugar, la institución busca reducir el crecimiento de la masa salarial. “Aquí hablamos específicamente de anualidades y también de la actualización de la fórmula de cálculo por costo de la vida”, precisó Araya.
Por último, como tercer objetivo, el vicerrector mencionó la transformación de la Junta de Relaciones Laborales en una especie de Tribunal Universitario, donde tanto Sindicato como Administración sean actores, pero no instructores de los procesos disciplinarios.
ENCUENTROS Y DESENCUENTROS
A pesar de que aún ambas partes no han entrado a discutir aspectos puntuales sobre cambios o mejoras a la convención, desde ya existen puntos de discrepancia, aunque también de coincidencia, sobre diversas propuestas.
Los posibles cambios a la Junta de Relaciones Laborales genera diferencias entre ambas partes. “Es bastante complejo lo que implica que desaparezca la Junta de Relaciones Laborales. A los trabajadores los deja indefensos”, aseveró la secretaria del Sindéu.
Desde la Administración, defienden los cambios a esta Junta con el fin de tener un mecanismo “más ágil”, pues se busca crear un Tribunal encargado de instruir los procedimientos administrativos, sin violar el derecho del Sindicato para defender a los funcionarios.
Un segundo punto de desacuerdo se refiere a los tiempos sindicales, las cuales pasarían de 15 a 10 tiempos, según la propuesta de la Administración. Aunque Araya sí admitió que esta medida racionaliza los tiempos sindicales y trata a asemejarlos a los de otras instituciones públicas.
Sin embargo, estas dos propuestas son vistas como “una clara intención de disminuir la participación del Sindicato”, señaló Rodrigo Aymerich, secretario de conflictos del Sindéu.
A pesar de estas discrepancias, también existen puntos de encuentro, especialmente sobre temas que tienen que ver con equidad de género, derechos humanos, la ampliación de la licencia de maternidad y la creación de la licencia de paternidad.
ANUALIDADES
El tema de las anualidades de los empleados públicos ha estado en discusión en el país en los últimos años y la UCR no escapa de esta realidad.
Actualmente rige un 5,5% como anualidad para los empleados universitarios; sin embargo, la Administración propuso un sistema de anualidad escalonada.
Esta propuesta establece un porcentaje distinto de anualidad de acuerdo a los años que cumple un trabajador de laborar para la institución.
De esta forma, este porcentaje se mantendría en 5,5% para aquellos entre uno y cuatro años de laborar en la institución. Entre los cinco y seis años, la anualidad se reduciría a 4%. Para los que cumplan entre siete y 30 años, sería de un 3%. Finalmente, para los funcionarios con más de 30 años, la anualidad sería de 1%.
Esta tesis se sustenta, según el vicerrector Araya, en que los salarios de contratación de la UCR no son competitivos a nivel laboral en los primeros años, pero que a partir del quinto o sexto año sí empiezan a ser competitivos. “Lo que pretendemos con esta propuesta es que los salarios de los funcionarios universitarios no pierdan competitividad en el mercado laboral público”, dijo.
Sin embargo, esta propuesta cuenta con la férrea oposición del Sindéu, pues defienden el 5,5% como un derecho establecido de los trabajadores universitarios. “La tesis de la Administración (…) es la crisis, la presunta crisis”, aseguró Aymerich. “Nunca una crisis se maneja recortando una partida”, agregó.
No obstante, Araya sí fue claro en relacionar el crecimiento salarial con una posible crisis futura. “Lo que hemos dicho hasta la saciedad desde el 2013 es que si no regulamos el crecimiento de la masa salarial, la institución va a entrar en una crisis financiera en los próximos años”, dijo.
“No es el tema de salarios lo que va a resolver el llamado déficit fiscal del país (…) Está vinculado a un tema de planificación dentro de las mismas instituciones”, afirmó la secretaria del Sindéu.
Las negociaciones sobre estos temas y la revisión de ambas propuestas de texto sustitutivo iniciarán solo una vez acordado el plazo de prórroga de la convención actual.
