Buscar una “solución realista y realizable” a la tercerización del empleo (subcontratación de servicios a empresas privadas) en la Universidad de Costa Rica (UCR) será una de las prioridades del debate sobre las políticas institucionales 2021-2025 que tendrá lugar en el Consejo Universitario, según informó su directora Madeline Howard.
La propuesta de políticas para el siguiente período estuvo en consulta a la comunidad universitaria hasta el pasado 14 de febrero. Cerrado el plazo para consultas y observaciones, a partir de este jueves 20 de febrero el Consejo discutirá posibles modificaciones y ajustes, y aprobará el documento final, que de acuerdo con la planificación del órgano, deberá estar aprobado en marzo de este año. Posteriormente, se definirán las metas, indicadores y responsables de su implementación antes de noviembre.
Durante el tiempo de consulta unidades académicas, docentes y el Sindicato de Empleados de la Universidad de Costa Rica (Sindeu) advirtieron sobre la política VII.6 del eje de Gestión Universitaria, que plantea incluir “en las estrategias de subcontratación de servicios de limpieza, vigilancia, transporte u otros similares que respondan a los principios y valores estatutarios y reglamentarios y garanticen el cumplimiento de los derechos laborales y la no discriminación en el empleo”, lo que interpretan como un portillo para la tercerización o privatización de las actividades sustanciales de la institución.
Para el período anterior (2016-2020) la política institucional dictaba que la universidad disminuiría “progresivamente y con miras a su eliminación, la tercerización de servicios que no responda a una necesidad institucional temporal, tales como los servicios de limpieza y vigilancia, entre otros, de manera que se garantice un trato igualitario en las condiciones laborales de las personas que trabajan para la Universidad”.
Eje controversial
Mario Villalobos, profesor de la Escuela de Matemática y secretario de Asuntos Docentes del Sindeu comentó que parece irónico que la política plantee la “no discriminación en el empleo” mientras institucionaliza el trato diferenciado entre un trabajador en planilla universitaria y uno subcontratado.
Según dijo, existen malos precedentes sobre la forma en que las empresas a las que se les subcontratan servicios tratan a su personal. Situaciones de acoso, discriminación, tiempo excesivo de trabajo, pago incorrecto de sus garantías sociales, no pago de tiempo extraordinario y otras problemáticas aunadas a los “salarios de hambre” que se les pagan hacen de esta una “práctica inadmisible”. “La Universidad no debe prestarse para que un tercero explote a los trabajadores dentro de los espacios universitarios”, dijo.
El docente añadió que además la propuesta se contradice a sí misma, pues institucionaliza la externalización de servicios al tiempo que establece que la universidad construirá cultura de no discriminación combatiéndola dentro y fuera del campus, promoverá la justicia social y aportará para construir una sociedad más justa y solidaria. “Es una absoluta contradicción, la tercerización o privatización de los servicios en la universidad es una amenaza para la autonomía y los principios de la institución”.
Por su parte, Madeline Howard confirmó que la mayor cantidad de comentarios y observaciones que se recibieron producto de la consulta se refieren a este punto que ha sido “el más controversial”. Sobre el aparente cambio de rumbo, de combatir la externalización de servicios a normarla: “Con toda honestidad, las políticas decían que iba a disminuir la subcontratación pero, en este período, ¿eso ha pasado?, ¿ha disminuido? Claramente no”, comentó.
La directora del Consejo explicó que el crecimiento en infraestructura que se dio en años recientes implica un aumento en las necesidades de limpieza, seguridad y personal administrativo. Sin embargo, a razón de la crisis fiscal que vive el país, la administración ha limitado la creación de nuevas plazas laborales, lo que ha desencadenado un aumento en la contratación tercerizada.
La jerarca explicó que cuando se planifica, por ejemplo, la construcción de nuevos edificios es necesario definir paralelamente un plan de desarrollo institucional que corresponda a las nuevas necesidades y cómo atenderlas, pero a su criterio esto no se ha hecho.
“Por supuesto que lo ideal sería crear plazas para todas las personas trabajadoras de limpieza, de seguridad, de transporte, pero no es realista, menos ahora que tenemos que trabajar con el mismo presupuesto del año pasado y con ¢69 millones sin presupuestar. Mientras el contexto económico no cambie y la política de la administración sea no crear nuevas plazas, no va a disminuir la tercerización”, opinó.
Propuesta “salomónica”
La directora del Consejo comentó que entre todas las observaciones recibidas destacaron las enviadas por el Sindicato y la Facultad de Derecho. En la primera se propone conservar las mismas políticas del período pasado, lo cual según Howard es ideal pero irrealizable en este momento, “y no queremos más políticas que se lean muy bonitas pero que no se cumplan”.
En el documento enviado por Derecho, elaborado por el profesor Mauricio Castro, se indicó que la formulación del eje de gestión universitaria era insuficiente y “podría llevar a situaciones —como las que se presentan actualmente— de violación de la normativa internacional de derechos humanos laborales que debe observar la Universidad de Costa Rica”.
Por ello, Castro propone que la política se lea: “Incluirá en las estrategias de subcontratación de servicios de limpieza, vigilancia, transporte u otros similares el cumplimiento de los principios y valores estatutarios y reglamentarios, así como las cláusulas normativas ordenadas por el Convenio 94 de la OIT para garantizar el cumplimiento de derechos laborales y la no discriminación en el empleo”.
Asimismo, plantea que los carteles y contratos incluyan cláusulas relativas a los principios, propósitos y valores universitarios, al cumplimiento de los derechos laborales y de seguridad social, por parte de los contratistas, subcontratistas y concesionarios, en los términos establecidos por el mencionado convenio, y que se establezcan mecanismos de retención de pagos, sanciones, denegación de contratos o extinción de contratos para los incumplimientos en estos temas.
“La propuesta de la Facultad de Derecho es a mi criterio la más salomónica, porque deja claras las reglas y los mecanismos para que la universidad proteja a las personas trabajadoras. Es que por más que queramos no podemos decir que vamos a reducir la subcontratación de servicios y luego no hacerlo”, dijo Howard.
El proceso de construcción del texto final de las políticas institucionales que guiarán el quehacer universitario del 2021 al 2025 empezará este jueves en el Consejo Universitario y continuará hasta marzo.
Si bien hay políticas que se quedarán tal y como estaban en la propuesta, pues no se recibió observación alguna sobre ellas, la externalización de servicios será sin duda el punto más denso y los integrantes del órgano deberán buscar la forma de atenderla de la mejor manera, en armonía con los principios universitarios, pero que sea “realista y realizable”, concluyó la directora.
