El Consejo Asesor de la Facultad de Derecho de la Universidad de Costa Rica (UCR) insiste en cuestionar el procedimiento del Consejo Universitario (CU) en la aprobación del Régimen Salarial Académico, que entró en vigencia desde el 13 de febrero en dicha casa de estudios superiores.
Así consta en la Circular FD-1-2024, firmada por un grupo de académicos de la Facultad de Derecho, donde exponen, a su criterio, los siguientes vicios al procedimiento del régimen:
El Consejo Asesor insiste en que es necesario advertir sobre la existencia de un vicio grave en el procedimiento de aprobación del RSA que puede afectar su validez y su aplicación.
“Y es que existe una diferencia considerable entre la versión del proyecto sometido a consulta de los distintos sectores y el que fuera aprobado en el seno del Consejo Universitario. En ese sentido, es necesario restablecer la legalidad procedimental que ordena la Constitución y la ley”, cita el texto.
Ante esto, la circular agrega: “en efecto, entre ambas versiones se destaca la inclusión de nuevos aspectos, la exclusión de otros y la modificación de aspectos estructurales, como la voluntariedad del traslado al salario global. También se echa de menos la existencia de dictámenes legales que fundamenten debidamente estos cambios estructurales”.
El Consejo Asesor de la Facultad de Derecho enfatiza en la carta que la consulta debe ser democrática y dialógica, al tiempo que agrega que la consulta ordenada por ley no se agota en consultar a diversos sectores, sino que debe ser un proceso dialógico y recíproco, de debate ordenado y reflexivo, según la naturaleza democrática del régimen decisorio de la Universidad de Costa Rica.
Sumado a esto, los académicos exponen que si los cambios originados por la retroalimentación de los distintos sectores fueran tan drásticos, lo procedente sería reajustar el texto reglamentario sustantivamente y, posteriormente, reiterar la fase de consulta —acompañada de los dictámenes legales correspondientes— a efectos de garantizar la legalidad del procedimiento administrativo y el derecho a la participación, en el marco del régimen democrático que el Estatuto Orgánico impone.
Asimismo, en materia del procedimiento, el Consejo Asesor recuerda que la implementación de un acto absolutamente nulo implica riesgos para las personas involucradas. Indican en la carta que: “entre tanto, es importante señalar que de conformidad con lo indicado por la ley, un acto absolutamente nulo no se presume legítimo, ni es posible ordenar su ejecución, pues podrían generarse responsabilidades civiles, administrativas y eventualmente penales. Además, los actos que padecen de dichos vicios graves no pueden sanearse ni convalidarse”.
En vista de estas advertencias, la Comisión de Asuntos Jurídicos de la UCR emitió un dictamen que admitirá, por unanimidad de sus miembros, el recurso firmado por el Consejo Asesor de la Facultad de Derecho.
La Comisión de Asuntos Jurídicos solicitará un análisis sobre el procedimiento de aprobación del Régimen Salarial por parte del Consejo Universitario.
Es por esto que la medida también se elevó al Plenario del Consejo Universitario de la Universidad de Costa Rica, instancia que determinará la aprobación o rechazo del dictamen de la Comisión. Este proceso se realizó el pasado martes 2 de abril.
Posterior a esta resolución, se estudiará un segundo dictamen, donde se evaluará si se acoge o rechaza un oficio presentado por siete decanos de la Universidad de Costa Rica, quienes alegan dudas legales sobre el procedimiento y los alcances del Régimen Salarial Académico.
Dudas legales de decanos
Este grupo de siete decanos y decanas presentaron una serie de oficios cuestionando al Consejo Universitario el procedimiento de aprobación y el alcance del reglamento salarial, a partir de algunas dudas legales expresadas en dichos textos. Estas dudas legales de los académicos datan desde el 11 de diciembre del año anterior, cuando el Consejo aprobó dicho régimen.
La primera preocupación de los decanos de la UCR se hizo evidente en el oficio FCS-11-2024, en la cual se le recordó al Consejo Universitario la importancia del “diálogo abierto, transparente, permanente, nutrido y consistente que fortalezca la comunidad universitaria”. Este documento lo firmaron los decanos de la Facultad de Artes, de Ciencias Económicas, de Ciencias Sociales, de la Facultad de Educación, de la Facultad de Letras, de Microbiología y del Sistema de Estudios de Posgrado.
A esa misiva se le sumó una segunda solicitud, en el oficio FCS-94-2024, con fecha del 9 de febrero de 2024. En este texto, los decanos firmantes insistieron en la disconformidad que ha generado la aprobación del Régimen Salarial Académico. Esta misiva la firmaron los decanos de la Facultad de Artes, Ciencias Económicas, Ciencias Sociales, Educación, Letras y Microbiología.
“En el marco de la discusión correspondiente, distintos sectores han manifestado su disconformidad con el acuerdo adoptado, pues consideran que el texto aprobado en la sesión número 6768 dista sustancialmente de la propuesta de reglamento que se sometió a consulta. Prueba de ello es lo indicado en el oficio FCS-11-2024 del 09 de enero de 2024”, sugiere el documento firmado por seis decanaturas.
Asimismo, algunos decanos presentaron una tercera solicitud al Consejo Universitario, la cual se trata del oficio FCS-206-2024, con fecha del 1 de marzo de 2024. En esa ocasión, el documento lo firmaron las decanaturas de la Facultad de Artes, de Ciencias Económicas, de Ciencias Sociales, de Educación, de Letras, de Microbiología y del Sistema de Estudios de Posgrado.
Para este documento, los académicos expresaron al Consejo su preocupación sobre la cobertura del Régimen y en vista de las actividades docente-administrativas de las decanaturas.
Con base en la misiva, las decanas y decanos muestran su preocupación ante una medida que, a su criterio, los podría beneficiar o perjudicar a nivel individual. Así lo expresó el texto: “contamos con plena legitimidad para accionar y consultar sobre una situación que eventualmente nos beneficiará o perjudicará económicamente en lo individual, con los consecuentes riesgos reputacionales o patrimoniales para nuestra querida Universidad”.
