En Costa Rica desde 1975 al 2020 se han producido 13 asesinatos de defensores y defensoras del medio ambiente, de los cuales la mayoría sigue impune, según datos presentados en una investigación que fue realizada por el profesor del proyecto Kioscos Ambientales de la UCR, Mauricio Álvarez Mora, y por Alicia Casas, comunicadora y ecologista, en diciembre del 2020.
Dicha investigación llamada Una memoria que se transforma en lucha: 30 años de criminalización del movimiento ecologista en Costa Rica, recuenta casi 100 hechos de violencia contra las personas defensoras del medio ambiente en el país.
“Si no protegemos la vida de estas personas que van a levantar la voz en el tema ambiental pasará lo que ya ha pasado con otros (asesinatos) en Costa Rica”, Patricia Quesada Villalobos.
Se pueden destacar 18 demandas individuales, 7 demandas colectivas, más de 36 personas activistas procesadas, al menos 25 atentados, 10 incendios a casas y 21 casos de amenazas de muerte. Toda esa violencia ha culminado con los 13 asesinatos recopilados por ambos investigadores en esas tres décadas.
En el país están amenazadas de muerte 14 personas de pueblos indígenas: Pablo Sibas Sibas y Robert Morales Villafuerte (Térraba); Maximiliano Torres Torres y Clarita Quiel Torres (Cabagra); Efraín Fernández Zúñiga, Carlos Antonio Zúñiga, Jason Ríos Ríos, Doris Ríos, Ariel Ríos (China Kichá); y Claudio Ortiz Rojas, Daniel Figueroa Morales, Minor Ortiz Delgado, Mariana Delgado Morales y José Enrique Ortiz Figueroa (Salitre), según Álvarez en un artículo hecha el 23 de abril en UNIVERSIDAD.
Son datos como estos los que dan contexto al Consejo Universitario y a la Rectoría de la Universidad de Costa Rica (UCR) para pedir a la Asamblea Legislativa la ratificación del Acuerdo de Escazú en el país.
“Si no protegemos la vida de estas personas que van a levantar la voz en el tema ambiental, pasará lo que ya ha pasado con otros en Costa Rica”, explicó la directora del CU Patricia Quesada Villalobos.
En el caso de Rectoría, fue el 5 mayo mediante una carta enviada a todos los diputados y diputadas del Congreso y 24 horas después el Consejo Universitario mediante un oficio público, que dio a conocer su posición, la cual no fue unánime. El representante de Ciencias Sociales, Carlos Palma y la de Ciencias Agroalimentarias, Ana Carmela Velásquez, votaron en contra del pronunciamiento, según el rector Gustavo Gutiérrez Espeleta.
“Este acuerdo es sumamente importante para toda aquella gente que alza la voz en defensa del tema ambiental”, comentó Gustavo Gutiérrez Espeleta, rector de la UCR.
Diputados de las fracciones de la Unidad Socialcristiana (PUSC), los independientes del grupo del excandidato presidencial, Fabricio Alvarado, Restauración Nacional y algunos de Liberación Nacional, son algunos de los que han expresado su oposición a ratificarlo.
Pedro Muñoz, precandidato del PUSC, ha expresado que la vigencia del pacto de Escazú implicaría que “si usted es un pequeño o mediano productor agrícola y lo acusan de haber violentado el ambiente, usted será culpable hasta que demuestre su inocencia”.
Principales antecedentes del Acuerdo de Escazú
Tal como publicó UNIVERSIDAD el pasado 28 de abril, El Acuerdo de Escazú es el nombre sencillo que se le da al Acuerdo Regional sobre el Acceso a la Información, la Participación Pública y el Acceso a la Justicia en Asuntos Ambientales en América Latina y el Caribe, el cual había sido aprobado en Costa Rica en un primer debate en 2020.
Sin embargo, debido a una consulta constitucional el proceso tuvo que empezar desde cero y ahora se encuentra a la espera de ser convocado en las sesiones extraordinarias del plenario legislativo, que se extienden hasta julio.
Este tratado internacional entró en vigor el pasado 22 de abril y a pesar de que Costa Rica fue el país centroamericano que lideró el proceso de negociación junto con Chile, el país sigue sin ratificar. De los 24 países que firmaron, solo 12 han avalado su compromiso.
Carta de Rectoría
En el pronunciamiento enviado a los legisladores, el Rector argumenta que “Costa Rica se ha destacado internacionalmente por su excelente liderazgo ambiental, y esa es una ruta que no debemos abandonar, pues ha brindado prosperidad a nuestras generaciones pasadas y presentes, y lo hará por las futuras”.
Agrega que es “una ruta beneficiosa” en términos de ingresos frescos a la economía del país, debido al turismo generado por el respeto y conservación del ambiente y al establecimiento de empresas multinacionales en zonas francas.
“Es vital” que Costa Rica se sume a iniciativas que promuevan una mejor conservación del ambiente, detalla el texto de Rectoría.
Gutiérrez destaca que este acuerdo “incluye disposiciones específicas para la protección y promoción de las personas defensoras de los derechos humanos en asuntos ambientales.” Añade que el país se encuentra en un contexto en el que las personas que luchan a favor del ambiente están “siendo brutalmente asesinados y asesinadas” por la defensa de los recursos naturales.
Para el Rector este acuerdo tiene un impacto clave en la democracia ambiental de los países participantes, pues busca garantizar la implementación plena y efectiva de los derechos de acceso a la información ambiental, participación pública en los procesos de toma de decisiones ambientales, y acceso a la justicia en asuntos ambientales.
Como biólogo, Gutiérrez urge a la Asamblea la ratificación del Acuerdo de Escazú en coherencia con los ideales de “conservación ambiental, la defensa de los derechos humanos y el compromiso con el desarrollo de las generaciones actuales y venideras de Costa Rica y el mundo.”
“Aquí tenemos nosotros una opción que no existía y en la cual se nos garantiza un marco legal en nuestro país en pro del ambiente”, recalcó Gutiérrez a UNIVERSIDAD.
Carta del Consejo Universitario
Por su parte, el Consejo Universitario argumenta como un punto a favor de la ratificación el hecho de que el Estado costarricense se encuentra en la obligación constitucional de tutelar el derecho a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado, según se estipula en el artículo 50 de la Constitución Política.
Además, se expone que la UCR es una institución autónoma constitucionalmente y democrática, que tiene como principio orientador de sus acciones el compromiso con el medio ambiente, y que busca fomentar el mejoramiento de la relación ser humano-ambiente.
“La UCR y su mayor razón de ser es justamente garantizar al pueblo costarricense una mejor calidad de vida, en un Estado de derecho donde se respeten los principios básicos de vida del ser humano”, comentó a este medio la directora del Consejo Universitario (CU), Patricia Quesada.
La promoción y el desarrollo de políticas relacionadas con la protección ambiental son parte de las iniciativas que la Universidad ha definido como prioritarias.
Finalmente, concluyen con que en este acuerdo se integran temáticas relacionadas con la generación y divulgación de información ambiental. Así como la participación pública en los procesos de toma de decisiones, siendo así el primer convenio regional vinculante sobre derechos humanos y medio ambiente.
“La UCR tiene que tener un criterio y posición clara sobre esos líderes para protegerlos y ayudarlos, pues tienen luchas muy importantes”, destacó Quesada.
