Universitarias

Conare cauto ante retiro de mociones que proponían recortes al FEES

La diputada María Inés Solís proponía un recorte de ¢53 mil millones en los presupuestos de las universidades públicas y más de ¢888 mil millones al Lanamme.

Las mociones presentadas por la diputada María Inés Solís en la Comisión de Hacendarios que afectan el Fondo para la Educación Superior Estatal (FEES) fueron retiradas, pero en el seno del Consejo Nacional de Rectores (Conare) se mantendrán cautelosos por el resultado de las negociaciones que surjan durante la aprobación del presupuesto extraordinario.

Las mociones retiradas son las siguientes:
Moción Recorte
74 ¢53 mil millones: ¢49 mil millones al FEES en general y ¢215,7 millones adicionales a la UCR, la UNA, el TEC y la UNED (cada una), así como ¢3 mil millones a la UTN, en gastos operativos.
78 ¢888 mil 300 millones al Laboratorio Nacional de Materiales y Modelos Estructurales (Lanamme UCR).
75 ¢6 millones 480 mil al convenio de investigación entre el CITA-UCR y el MAG.

Después de que Solís anunció el retiro de las mociones, las bancadas de oposición llamaron a una conferencia de prensa para anunciar que se sentarán a consensuar cuáles serán las mociones que no afecten programas de instituciones esenciales.

El día de ayer el ministro de Hacienda, Ellian Villegas, se comprometió una reducción por 150 mil millones en el presupuesto extraordinario de enero.

Los diputados de oposición esperan alcanzar ese monto por medio de las mociones e implementarlos en el presupuesto ordinario.

 “El retiro nos dio una cierta tranquilidad, pero todavía no sabemos cuáles instituciones van a ser afectadas en las nuevas mociones, siempre es un riesgo” dijo Luis Paulino Méndez.

El diputado Welmer Ramos dijo que lo anunciado por la bancada de oposición no tiene implicaciones en la discusión, sino que, dependiendo lo que suceda con el presupuesto ordinario, Hacienda tiene la libertad de rebalancear el gasto para evitar la afectación de programas sensibles.

Según Ramos, el retiro masivo de mociones responde a que las bancadas se dieron cuenta de que “no tenían el sustento técnico necesario sino que eran recortistas solo porque sí”.

El presidente del Consejo Nacional de Rectores, Luis Paulino Méndez, dijo que las universidades se mantendrán atentas a la evolución de las negociaciones del presupuesto ordinario.

“El retiro nos dio una cierta tranquilidad pero todavía no sabemos cuáles instituciones van a ser afectadas en las nuevas mociones, siempre es un riesgo”, dijo Méndez, quien considera que la recuperación de fondos en el presupuesto extraordinario no es segura y afectaría la planificación de actividades en el 2021.

Carlos Araya, rector de la Universidad de Costa Rica, agradeció a las personas diputadas resguardar “el derecho a la formación universitaria pública de las futuras generaciones”.

“Esperamos que esta visión prevalezca y nos mantendremos vigilantes de las negociaciones que se están generando en la Asamblea Legislativa durante la discusión del Presupuesto Nacional”, dijo Araya en una publicación en sus redes sociales.

El vicerrector de Administración de la Universidad de Costa Rica, Francisco Aguilar, dijo que de haber sido aprobadas las mociones propuestas definitivamente iban a tener un impacto en la atención a los estudiantes y las actividades sustantivas de la universidad.

“Estamos conscientes de la situación pero reducir el FEES sabiendo que el Poder Ejecutivo ya dio el visto bueno al acuerdo en la Comisión de Enlace va en contra de lo que establece la Constitución”, agregó Aguilar.

Los rectores estaban en alerta

El pasado lunes 19 de octubre, por medio de comunicados oficiales dirigidos a sus respectivas comunidades universitarias, advirtieron la posibilidad de tener que disminuir cupos de cursos y de ingreso para el próximo año.

Luis Paulino Médez, presidente del Conare y rector del TEC, dijo que en caso de nuevos recortes esas serían las afectaciones más probables ya que las universidades tendrían que apresurarse a adaptarse al recorte en poco tiempo.

Méndez explicó que los aportes y suspensiones presupuestarias acordadas con el Poder Ejecutivo en la Comisión de Enlace implican ajustes severos en los presupuestos y que esto limita la capacidad de respuesta de cada institución para adaptarse.

El pasado junio las universidades públicas acordaron un aporte de ¢13 mil millones a la crisis del COVID-19  y la suspensión de ¢35 mil millones en gastos de capital.

Además, los rectores miembros del Conare acordaron asignar ¢6 mil millones al fortalecimiento de la partida de becas para garantizar la permanencia de los estudiantes cuyas familias se vieron afectadas por la pandemia.

“Pero no hacemos nada teniendo becas si no hay cupos para que satisfagan su matrícula” aseveró Méndez.

Reacción de autoridades universitarias

Carlos Araya

UCR

Advirtió que un nuevo recorte impactará en la cantidad de estudiantes que la institución podría admitir en el 2021.

El presupuesto 2021 de la UCR se ajustó a una disminución ¢33 mil millones en fondos corrientes, de los cuales ¢22 mil millones responden a la disminución del FEES y ¢11 mil millones a una reducción del 45% en los ingresos propios de la universidad.


Rodrigo Arias

UNED

No hizo un pronunciamiento público porque consideraba poco posible que la medida prosperara ya que “paraliza a las universidades y al Estado en general”.


Francisco González

UNA

Resaltó el trabajo realizado por la institución para adaptarse a un rebajo superior a los ¢5.500 millones, resultado de las negociaciones del FEES de este año, sin afectar los cupos o becas estudiantiles.


Luis Paulino Méndez

TEC

Dijo que la institución percibió una disminución de ¢5 300 millones y que para cerrar 2021 tuvieron que incluir en el presupuesto el uso del superávit, están a la espera del decreto que les permitirá usarlo en gasto corriente.


Emmanuel González

UTN

Aseguró que la institución no soportaría un recorte más y que pondría la continuidad de la universidad en una situación muy difícil.

La UTN es la universidad con menor presupuesto del país y recientemente reportó un déficit de ¢1.000 millones “desnudado” por la pandemia.

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