El gobierno de Carlos Alvarado tuvo su primera baja con la renuncia de la viceministra de Relaciones Exteriores, Carolina Fernández quien esta tarde desistió a su nombramiento, tan sólo un día después de que fue juramentada por el gobierno.
La renuncia se dio luego de que este miércoles, el medio digital CrHoy, dio a conocer que Fernández fue sancionada por “abandonar” durante varias semanas, su trabajo en la embajada de Costa Rica en Brasil, cuando por un periodo de tiempo esta sede se quedó sin un embajador y Fernández asumió como la máxima representante de Costa Rica.
El hecho sucedió durante el gobierno de Laura Chinchilla, cuando Fernández era la ministra consejera y encargada de negocios de la embajada de Costa Rica en Brasil.
Carolina Fernández manifestó por medio de un comunicado que dio a conocer Cancillería que, dejaba el cargo “con el espíritu de fomentar que el Gobierno de Unidad Nacional tenga el mejor ambiente político en sus primeras semanas de ejercicio”.
“Estimo pertinente renunciar al cargo de Vicecanciller de la República, el cual asumí el día de ayer con gran ilusión y compromiso. Fui elegida por mis atestados, los cuales fueron suficientes para que las autoridades consideraran que era la persona idónea para asumir con propiedad temas de fondo en la intensa agenda internacional del país y ser un puente con los funcionarios de carrera diplomática”, alegó.
La ex vicecanciller indicó que pese a que el proceso administrativo fue en el 2010, “puede generar un desgaste innecesario para el señor Presidente, a quien admiro y respeto, a la señora Canciller, a la que le agradezco haberme escogido, y a la Institución, a la que amo y he servido fielmente durante 12 años”.
“He decidido dimitir al cargo en vista de que mi designación puede convertirse en un obstáculo para la labor del nuevo gobierno nacional, presidido por Carlos Alvarado”, concluyó.
El comunicado también detalla que la renuncia ya fue aceptada por la Canciller de la República, Epsy Campbell Barr.
Oposición
Durante esta misma tarde, algunos partidos políticos como Restauración Nacional (RN), Liberación Nacional (PLN) y Unidad Social Cristiana (PUSC) expresaron su disconformidad con la designación y aseguraron que “el nombramiento de Fernández no es consecuente con el discurso de transparencia y ética en el ejercicio de la función pública que promueve el presidente y su administración”.
Según dijo la Cancillería el nombramiento fue justificado con base en esos atestados “sin haberse ponderado los hechos del 2010, cuando la funcionaria fue suspendida por la Cancillería a raíz de un proceso disciplinario en su contra”.
La funcionaria es abogada de profesión y egresada de la maestría en diplomacia de la Universidad de Costa Rica.
