El Consejo Nacional de Rectores (CONARE) y el gobierno firmaron la tarde de este jueves el acuerdo sobre el Fondo Especial para la Educación Superior (FEES) para el 2020.
El presupuesto de las universidades públicas para el próximo año quedó fijado en ¢512.781,51 millones y para la Universidad Técnica Nacional el monto será de ¢35.677,88 millones; con un incremento que corresponde al 2,32% de la inflación interanual a mayo de 2019.
El FEES para el próximo año viene acompañado de una serie de condiciones para las universidades tales como el crecimiento en un 4% en la partida de becas, que no haya creación de nuevas plazas, un ajuste salarial del 1,5% a partir de enero y una previsión de un 1,5% a partir de julio; además de un incremento en el presupuesto destinado a sedes regionales.
Las universidades también se comprometieron a mejorar su gestión y transparencia mediante la aplicación de indicadores de gestión y resultados derivados del Plan Nacional de la Educación Superior Universitaria Estatal (PLANES) vigente.
Por el gobierno, el acuerdo para el presupuesto del próximo año fue suscrito por la ministra de Educación, Giselle Cruz; el ministro a.i de Hacienda, Nogui Acosta; la ministra de Planificación, Pilar Garrido y el ministro de Ciencia y Tecnología, Luis Adrián Salazar.
En representanción de las universidades firmaron los rectores Henning Jensen (UCR), Alberto Salom (UNA), Luis Paulino Méndez (TEC), Rodrigo Arias Camacho (UNED) y Marcelo Prieto (UTN).
La ministra de Educación, Giselle Cruz, indicó que el acuerdo muestra el compromiso del Gobierno de la República con la educación y reafirma la visión por apoyar la educación en general como una inversión social necesaria para el desarrollo.
“Las universidades públicas son un instrumento fundamental para promover el desarrollo económico y social, la generación de conocimiento, la movilidad y cohesión social y el enriquecimiento de la identidad cultural del país”, expresó la ministra.
El rector de la UCR, Henning Jensen, expresó que durante esta negociación se mantuvo el respeto al mínimo que establece el artículo 85 de la Constitución Política sobre el financiamiento de las universidades públicas.
“El convenio suscrito garantiza la operación normal de las universidades sin afecta aspectos sustantivos como: la docencia, la investigación, la extensión y acción social y sobre todo las becas y beneficios estudiantiles. Con ello se reconoce el valor público, que generan las universidades estatales al país”, indicó Jensen.
