El Tribunal de Apelación de Sentencia de Goicoechea ordenó a la Fiscalía “llevar a cabo y finalizar” en un plazo de seis meses -entre el 3 de mayo y el 3 de noviembre-, las diligencias de investigación relacionadas al caso conocido como “el cementazo”.
Los jueces dieron la orden en una resolución del pasado 30 de abril, en la cual resolvieron prorrogar por seis meses la prisión preventiva al empresario cementero Juan Carlos Bolaños, aunque a la vez mantuvieron la disposición de otra jueza -dictada un día antes- que le permitió al imputado permanecer en arresto domiciliario para que fuera operado de una rodilla.
La resolución del Tribunal de Apelación, conformado por los jueces Marianela Corrales Pampillo, Gustavo Gillen Bermúdez y Manuel Gómez Delgado indica que en el plazo establecido el Ministerio Público “deberá” realizar las diligencias de investigación “que expone como faltantes al día de hoy”.
Esas pesquisas, de acuerdo con la misma resolución, son: finalizar informes de trazabilidad de las 46 devoluciones que han sido detectadas; analizar el resto de información contenida en los teléfonos y las computadoras, realizar el respaldo de los teléfonos, recopilar resultados de la asistencia internacional, realizar el análisis de trazabilidad internacional y llevar a cabo la incorporación de más imputados al proceso.
UNIVERSIDAD consultó a la Fiscalía General si podrá realizar esas labores pendientes en el plazo otorgado y, por medio de la oficina de prensa, la entidad respondió: “Ni en este complejo caso de corrupción ni en ningún otro es posible prever si el plazo en cuestión es suficiente para concluir la investigación. Lo anterior porque en el caso que nos ocupa se han ordenado diligencias de investigación que requieren extensos análisis, y no puede descartarse que, tras el análisis que realizan peritos del OIJ, se requiera ampliar las conclusiones”.
En la respuesta remitida por la oficina de prensa se indicó además que “el equipo de trabajo de la Fiscalía General se encuentra dedicado exclusivamente en el caso. Debe recordarse que el expediente es sumamente complejo, pues se investigan presuntos hechos de corrupción que involucran a los tres poderes del Estado. La Fiscalía General garantiza que todas las actuaciones se están haciendo de manera profesional y tan célere como la localización de la prueba y el recurso humano de otras instituciones lo ha permitido, y apegado a la legislación y a la Constitución Política”.
Fernando Vargas, uno de los abogados defensores de Bolaños, dijo a UNIVERSIDAD que esa resolución es una “llamada de atención” al Ministerio Público.
Cuestionó además que las tareas de investigación que ha realizado la Fiscalía no estén recopilando “prueba fundamental”, según su criterio.
“A año y medio (desde la detención de Bolaños), les reclamo que tienen muchas excusas y justificaciones para alargar el tiempo pidiendo prueba, pero que realmente la prueba más importante, la fundamental para sostener un peculado no la tienen. En un peculado tienen que explicar cómo en la organización don Juan Carlos obligó o coaccionó de alguna forma a los funcionarios del banco para que trabajaran para él. No existe ninguna prueba de ninguna ventaja económica, alguna transferencia, algún condominio que les hayan comprado a ellos, nada.Entonces la pregunta es ¿por qué le ayudaron a Juan Carlos, si es que le ayudaron?”, cuestionó Vargas.
¿Prisión o arresto domiciliario?
El 2 de mayo, Juan Carlos Bolaños fue operado en un hospital privado, por segunda vez, debido a un problema en su rodilla, según explicó su abogado.
Esa es la razón para entender por qué se encuentra actualmente bajo arresto domiciliario a pesar de que la resolución del Tribunal de Apelación de Sentencia Penal dictó una “prórroga” de la prisión preventiva.
La situación actual de este imputado fue objeto de varias decisiones judiciales que se dieron en los últimos días.
Para comprender mejor esas resoluciones recientes, se debe recordar que Bolaños entró a la cárcel de manera preventiva el 3 de noviembre del 2017 cuando la Fiscalía lo detuvo como sospechoso de los delitos de tráfico de influencias, peculado, simulación de delito y denuncia calumniosa, en medio del caso conocido como “el cementazo”.
A partir de entonces, el Juzgado Penal de Goicoechea amplió en varias ocasiones esa medida cautelar. En noviembre del año pasado, ordenó la prórroga hasta el 3 de mayo de este año.
A partir de esa fecha, por cumplirse el plazo máximo que permite la ley para casos de tramitación compleja, la decisión sobre una eventual prórroga a la prisión tendría que tomarla el Tribunal de Apelación de Sentencia Penal.
No obstante, meses atrás, la defensa de Bolaños presentó solicitudes ante el Juzgado Penal para que le permitiera a Bolaños dejar la cárcel bajo arresto domiciliario y uso de tobillera electrónica, con el fin de que él fuera operado por segunda ocasión debido a un problema en su rodilla, confirmó su abogado Fernando Vargas.
En días recientes empezaron a coincidir ambos procesos: El viernes 26 de abril la Fiscalía General le pidió al Tribunal de Apelación de Sentencia que prorrogara la prisión preventiva que vencería el 3 de mayo.
El abogado Vargas dijo a UNIVERSIDAD que él se opuso a que eso fuera resuelto porque estaba pendiente la respuesta del Juzgado Penal sobre si otorgaba el arresto domiciliario y que por ello presentó un recurso. No obstante, la audiencia se llevó a cabo sin su presencia ni la de Bolaños porque no se les notificó, sostuvo Vargas.
Finalmente, la primera resolución llegó el lunes 29 de abril, cuando la jueza Carolina Lizano, del Juzgado Penal de Goicoechea otorgó el arresto domiciliario, pero hasta el 3 de mayo, porque a partir de ese momento la medida cautelar solo podría ser conocida por el Tribunal de Apelación.
Un día después, el Tribunal de Apelación de Sentencia también hizo su resolución y ordenó la prórroga de la prisión preventiva por seis meses, pero con la salvedad de que debería ejecutarse “sin menoscabo” de lo que ya había dispuesto el Juzgado Penal de Goicoechea el lunes 29 de abril.
Es decir, aunque el Tribunal de Apelación consideró que sí debe ampliarse el encierro como medida cautelar, también estimó adecuado permitirle mantenerse bajo medidas alternativas dictadas por el Juzgado.
Sin embargo, el Tribunal de Apelación también advirtió que en el momento en que deje de cumplir las medidas cautelares sustitutivas (el arresto domiciliario) deberá volver a prisión.
La Fiscalía no obstante consideró que todavía debería presentar una apelación sobre la resolución del Juzgado que había otorgado las medidas cautelares alternativas, pues argumenta que cuenta con “documentación” que prueba que Bolaños puede mantenerse en recuperación dentro del centro penitenciario.
Esa nueva audiencia está prevista para el próximo 22 de mayo en el Tribunal Penal de Goicoechea (que conoce este tipo de apelaciones), informó el abogado Vargas.
