El asesor legal de la Presidencia de la República, Luis Eduardo Salazar Muñoz, renunció este jueves a su cargo, mientras figura en una investigación penal por el caso de la Unidad Presidencial de Análisis de Datos (UPAD).
El departamento de prensa de Casa Presidencial informó de que la renuncia se haría efectiva a partir de hoy viernes.
Precisamente durante la mañana de hoy la Fiscalía General de la República allanó Presidencia, el Ministerio de Planificación (Mideplan) y cuatro viviendas por este caso, en el cual se investigan los delitos de violación de datos personales, abuso de autoridad y prevaricato.
El presidente Carlos Alvarado es una de las personas investigadas, así como el ministro de la Presidencia, Víctor Morales; el viceministro de Mideplan, Luis Daniel Soto; los asesores presidenciales que trabajaban en el análisis de datos, Diego Fernández, Alejandro Madrigal y Andrés Villalobos; y también la directora del despacho del presidente, Felly Salas.
En el caso de Salazar, al parecer él colaboró en la elaboración del decreto que dio vida a la UPAD, en el cual se daba la posibilidad a los asesores de acceder a información confidencial, a pesar de que esta se encuentra resguardada por ley.
En la carta de renuncia que presentó al presidente, Salazar indicó: “Mi conciencia me dicta que lo correcto es dar hoy un paso al lado, teniendo la plena convicción de que mi trabajo fue asumido con la mayor vocación de servicio a mi país y habiendo entregado lo mejor de mí”.
También solicitó su autorización para continuar de manera ad honorem con la función de Comisionado Presidencial para asuntos de la población LGBTIQ+, “con el fin de culminar procesos necesarios para la adecuada implementación del matrimonio civil igualitario”, indicó.
La Presidencia aceptó que continúa en esas últimas funciones ad honorem, comunicó el Gobierno.
