Por tratarse de un “tema complejo”, El Tribunal Supremo de Elecciones (TSE) espera la notificación de la opinión consultiva de la Corte Interamericana de Derechos Humanos sobre los derechos al matrimonio igualitario y a la identidad de género para luego “proceder conforme corresponda”.
Así reaccionó el asesor de Gestión Política de esa institución, Gustavo Román Jacobo, ante la consulta de UNIVERSIDAD sobre las acciones que tomará el Registro Civil, ente estatal encargado de inscribir los matrimonios, tras la resolución de la Corte IDH que ordenó al país tomar las medidas necesarias para garantizar ambos derechos.
Mediante una escueta declaración enviada por el departamento de prensa, Román Jacobo adelantó que el “TSE siempre será respetuoso del sistema interamericano de Derechos Humanos” (compuesto por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y por la Corte).
“El TSE esperará dicha notificación para estudiarlo (sic) y determinar las eventuales medidas que como institucion deba adoptar en cuanto al cómo, quién y cuando de los procedimientos a su cargo”, reza la declaración.
¿Qué ocurre si en los próximos días se intenta inscribir un matrimonio entre personas del mismo sexo o si una persona transexual desea cambiarse el nombre?
“Por el momento no hay cambios, tenemos que esperar esos pasos previos (la notificación, el análisis del documento y los cambios, de ser necesarios), respondió Román Jacobo.
Opinión consultiva
La opinión consultiva es una facultad de la Corte IDH que ejecuta cuando un Estado desea aclaraciones sobre el alcance de la convención. Según un voto de la Sala Constitucional 1682 de 2007, “las Opiniones Consultivas de la Corte Interamericana de Derechos Humanos tienen en este país pleno valor y que, tratándose de Derechos Humanos, sus decisiones vinculan al Estado costarricense”.
La Corte IDH es un tribunal internacional creado para velar por el respeto de la Convención Americana de Derechos Humanos firmada en San José en 1969. La convención entró en rigor en 1978 y aplica para los siguientes 22 estados latinoamericanos: Argentina, Barbados, Bolivia, Brasil, Colombia, Costa Rica, Chile, Dominica, Ecuador, El Salvador, Granada, Guatemala, Haití, Honduras, Jamaica, México, Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú, República Dominicana, Uruguay. Sólo dos países han renunciado a la convención: Trinidad y Tobago y Venezuela.
