Proyecto de ley revive discusión legislativa sobre acceso a muerte digna y eutanasia

Una iniciativa de la diputada Paola Vega pretende garantizar el derecho a una muerte digna y sin dolor para personas con enfermedades terminales e irreversibles.

En medio de la elección del Directorio legislativo de este 1 de mayo, la diputada del Partido Acción Ciudadana (PAC), Paola Vega, presentó un proyecto de ley sobre el derecho a tener una muerte digna y acceso a la eutanasia. El proyecto busca garantizar esos derechos a las personas que sufran enfermedades terminales irreversibles o con pronóstico de vida igual o menor a seis meses.

Movida por su compromiso con los derechos humanos y por posicionar temas que pueden ser tabú en la discusión pública, justificó la diputada, decidió retomar el proyecto de ley que lideraron en el pasado los exdiputados verdiblancos Antonio Álvarez Desanti y Carlos Arguedas, texto que fue rechazado sin mayor discusión por los diputados del cuatrienio.

El de don Antonio (Álvarez Desanti) solo hablaba de muerte digna, eso sería que la persona no quiere estar sujeta a vida artificial y entonces pide que la dejen morir naturalmente con cuidados paliativos y necesarios para no sufrir dolor. Nosotros estamos agregando la figura de la eutanasia que, más allá de que la persona diga déjeme morir naturalmente y desconectado, es que la persona diga que le practiquen una muerte asistida”, destacó la legisladora.

La iniciativa ahora se tramitará bajo el expediente  21.383,y además permitirá que las personas con enfermedades terminales participen de forma activa en la toma de sus decisiones.

Asimismo, el paciente tendrá derecho a la atención en cuidados paliativos para mejorar la calidad de vida y la eutanasia solo podrá ser solicitada por la persona al médico tratante, a través de un «testamento vital».

En cuanto al «testamento vital», el proyecto de ley señala que la persona -incluso antes de estar enferma- podrá realizar una manifestación anticipada donde informe su decisión de obtener una muerte digna, de no someterse a tratamientos médicos innecesarios y de rechazar la utilización de máquinas o medios artificiales para mantener la vida. También puede consignar en caso de perder sus capacidades cognitivas, quien estará a cargo de la toma de decisiones médicas.

El documento deberá formalizarse por escrito ante notario público y con la presencia de dos testigos. Este podrá ser revocado en cualquier momento por la persona que lo suscribió de forma verbal o escrita según sus posibilidades y ante testigos.

“La muerte y la enfermedad normalmente son un asunto sorpresivo. Yo hoy  podría caer en estado terminal en una cama y no le dejé dicho a ningún familiar que yo quería que en el caso de caer en este estado me aplicaran la eutanasia o muerte digna. Se está dando la posibilidad jurídica a las personas de que aún ante ausencia de enfermedad, dejar claro que si estuvieran en una situación así, se les aplicara eso; y también si la persona ya ha perdido las facultades mentales en la enfermedad, que la familia pueda tomar esa decisión”, mencionó Vega.

La iniciativa además prohíbe el encarnizamiento terapéutico por parte del personal tratante; es decir, que los médicos opten por medidas que no conducen a la mejoría de una persona en fase terminal sino a retrasar su muerte. Quien sea culpable de esta práctica, se expondrá a una sanción por parte del colegio profesional al que se encuentre adscrito y a un procedimiento administrativo en la institución en la que labora.

Estaríamos prohibiendo dentro del margen de la ley esta práctica, que ninguna persona tenga que pasar por una prolongación inhumana de su condición sabiendo que no tiene esperanza de vida”, señaló la diputada del PAC.

Vega espera que el proyecto genere una discusión abierta y basada en hechos científicos, con participación de especialistas del gremio científico, médico y de derechos humanos

“Si no hay voluntades políticas para que el proyecto se apruebe por lo menos me doy por satisfecha de que se lleve a cabo una discusión -como no pasó lamentablemente en el proyecto de don Antonio (Álvarez Desanti)- que fue rechazado de manera temprana y sin discusión”, puntualizó.

Según el Código Penal de Costa Rica en su artículo 116, “se impondrá prisión de seis meses a tres años al que, movido por un sentimiento de piedad, matare a un enfermo grave o incurable, ante el pedido serio e insistente de éste aún cuando medie vínculo de parentesco”.  

No obstante, se podría dar un perdón judicial “a quienes en caso de homicidio piadoso, se compruebe que accedieron a reiterados requerimientos de la víctima y el propósito además fue el de acelerar una muerte inevitable”, según el artículo 93, inciso 6, del Código Penal.

El debate sobre la eutanasia se revivió a nivel mundial en el mes de abril en España, cuando María José Carrasco, quién luchó contra la esclerosis múltiple durante 30 años, fue ayudada a morir por su esposo Ángel Hernández.

Tras los hechos, el hombre fue arrestado; sin embargo, luego se dio su liberación.

“Este caso vuelve a colocar el tema en la discusión mundial sobre la necesidad de que los pacientes en estado terminal puedan contar con la opción de decidir si quieren continuar sujetos a soporte vital o quieren que se les desconecte y morir dignamente”, finalizó Vega.


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