El Poder Judicial está experimentando problemas para conformar una junta que se encargue de administrar su fondo de pensiones, uno de los mandatos impuestos por los exdiputados, a raíz de la última reforma a las pensiones judiciales.
Pese a que la ley ya entró en vigencia y en teoría, la junta debía estar conformada a partir del 22 de noviembre, no ha sido posible avanzar con las elecciones internas que coloquen a seis miembros en este nuevo órgano.
Uno de los principales problemas tiene que ver con la exigencia de tener la misma cantidad de hombres y mujeres en la junta (o una diferencia de una persona, como máximo).
De acuerdo con Rodrigo Campos, director jurídico de la Corte Suprema de Justicia, se postularon 17 personas, de las cuales, la Superintendencia de Pensiones (Supen) aprobó la candidatura de ocho (todos hombres).
Tras la eliminación de nueve candidatos, tres de ellos solicitaron que la Supen argumente las razones por las cuales se descartó sus nombres. Este proceso de apelación también retrasa el cumplimiento de plazos.
“La nota de la Supen no ahonda en detalles. Eso pasó el jueves, la elección era el viernes. Sería mejor que se argumente en las razones para aclarar unas dudas que tenemos”, explicó Campos.
Para formar parte de la nueva Junta Administradora se debe contar con título universitario en carreras afines a la administración de un fondo de pensiones y con experiencia de al menos cinco años en actividades profesionales relacionadas.
Por otro lado, no podrán ser parte de este órgano quienes hayan recibido una sentencia penal en los últimos 10 años por algún delito culposo. Tampoco podrán participar las personas que en ese mismo periodo hayan sido inhabilitadas para ejercer un cargo de dirección en la administración pública.
“La ruta a seguir debe ser que se amplíe la convocatoria para cumplir con la paridad de género y que se resuelvan los temas en la Supen. Era previsible que esto iba a pasar”, dijo Julia Varela, magistrada de la Sala II.
El criterio de la Corte es que mientras no se conforme la junta, el trabajo de administrar la pensiones quedará en manos del Consejo Superior, como sucede actualmente.
Posterior a la decisión de la Supen, de aceptar o no las apelaciones de tres candidatos, el Tribunal Electoral deberá convocar a elecciones. En este proceso, tres puestos son escogidos por el colectivo judicial, mientras que los otros tres los elige la Corte.
