“La Fiscalía dice que yo quería apoyar a Crucitas a toda costa, eso es mentira. Crucitas nunca tuvo importancia en mi campaña política o en mi Gobierno”.
Con estas palabras, el expresidente Óscar Arias atendió a la prensa este lunes por la mañana en la entrada de los tribunales penales de Goicoechea.
La Fiscalía y la defensa del expresidente se enfrentan en una audiencia preliminar en donde los jueces determinarán si es necesario abrir juicio o no por este caso. Pese a que no es obligatorio, Arias escuchará hoy los alegatos de sus abogados en el caso Crucitas y dará su versión de los hechos, de manera voluntaria.
El exmandatario llegó a las 8 a.m. acompañado de su esposa, la abogada Suzanne Fischel, así como de su representante legal, Rodolfo Brenes.
Arias afirma tener la conciencia tranquila y que las acusaciones en su contra son teorías de conspiración sin fundamento jurídico. Al expresidente se le acusa de encabezar un plan para apoyar la mina Crucitas, emitiendo resoluciones contrarias al derecho.
“Los seis funcionarios que están acusados, el ministro y yo no podíamos saber en el 2008 que dos años después iban a encontrar algo anómalo. Es como si dentro de dos años la Sala Constitucional encontrara una inconstitucionalidad en el plan fiscal y entonces hay que acusar a Carlos Alvarado, así de absurdo”, dijo.
La audiencia preliminar ya escuchó los argumentos de la Fiscalía, la Procuraduría General de la República así como de la Asociación Preservacionista de Flora y Fauna Silvestre (Aprefloras). El turno de la defensa de Arias inició el viernes pasado, sin embargo, los jueces suspendieron la audiencia, luego de que uno de los defensores de una imputada se incapacitó.
Arias también manifestó su discrepancia con la decisión que permitió unir su causa en el mismo expediente del exministro de Ambiente, Roberto Dobles y con exfuncionarios del Minae, entre otros.
“Yo no conocía a ningún funcionario de los que estaban acusados. Uno nada más trabaja con el ministro. Los funcionarios del área de conservación dijeron ‘nos sentimos más cómodos si usted firma un decreto de conveniencia nacional donde se autoriza el cambio en el uso de suelo’, esos decretos los firma el presidente todos los días”, agregó Arias.
El exmandatario aprovechó para evaluar la actualidad de Crucitas, y afirmó que el tiempo le dio la razón. “Los estudios de costo-beneficio eran positivos. Esos estudios fueron hechos por personas de mucho prestigio. De tal manera que el tiempo nos dio la razón. Hubiésemos tenido una minería responsable. Hoy todo mundo se lamenta de tener a los coligalleros, que están utilizando mercurio, y eso es tóxico. Ojalá que si se contamina el río San Juan, no tengamos que pagar ninguna indemnización”, manifestó Arias.
Reapertura
El caso se reabrió en noviembre de 2017 tras la llegada de la nueva fiscala general, Emilia Navas. En agosto de 2018 presentó la acusación formal y en noviembre indagó al expresidente, en las oficinas del Ministerio Público.
“El argumento principal es que aquí no se cometió ningún delito de prevaricato. La acusación de la Fiscalía carece de prueba que ligue a don Óscar con un hecho irregular”, dijo Rodolfo Brenes, abogado del exmandatario.
Al considerar que se trata de un mismo hecho, la Fiscalía logró que el caso de Arias sea estudiado dentro del mismo expediente que el de Dobles.
En el mismo caso se investiga a Cinthya Cavallini Chinchilla, exjefa del Registro Nacional Minero; Sonia Espinoza Valverde, exsecretaria de la Secretaría Técnica Nacional Ambiental (Setena), así como a Eduardo Lezama Fernández, Jorge Boza Quesada, Carmen Cruz Ramírez y José Corrales Arias, exfuncionarios de Setena.
De acuerdo con Emilia Navas, se encontró nueva evidencia que permitió formular una nueva acusación, sumada a las pruebas que se tenían de la investigación anterior.
“Lo estudiamos, determinamos que había que investigar e indagar. Finalmente, con toda la prueba que ya existía y que nosotros después trajimos al proceso, esa prueba nos permitió arribar a la probabilidad de que esos hechos sucedieron y constituyen dos delitos de prevaricato, y el presunto responsable es el señor Arias Sánchez, por eso formulamos una acusación”, dijo Navas, en setiembre pasado.
