“Todavía hay tiempo, pero se está acabando rápidamente”, afirma la Organización para la Cooperación y el Desarrollo (OCDE) en su última radiografía de la situación económica de Costa Rica y la crisis fiscal que se podría avecinar.
De acuerdo con el organismo internacional -del que Costa Rica busca ser parte- el proyecto de ley de fortalecimiento de las finanzas públicas y su trámite para la vía rápida es una buena señal para reducir el déficit fiscal, pero insuficiente.
De acuerdo con la OCDE, una estrategia efectiva sería reducir los gastos obligatorios en 1,08% del Producto Interno Bruto (PIB). Es decir, los recursos que el país tiene comprometidos por mandato legal o constitucional. Para esto, recomendó “adoptar una definición más amplia de servicios educativos” e incluir los gastos asociados al Instituto Nacional de Aprendizaje (INA), atención de la primera infancia (maternal) y la capacitación para el servicio civil, dentro del gasto obligatorio en educación, equivalente al 8% del PIB, según mandato constitucional.
“Con un 7,9% del PIB, el gasto en educación es más alto que en todos los países de la OCDE, pero es ineficiente tanto con relación al proceso de aprendizaje como en términos de reducción de la desigualdad”, se lee en el informe.
En esta línea, la OCDE criticó que el deterioro del panorama fiscal en 2017 fue, en buena parte, debido a las decisiones de la Sala Constitucional, al disponer de mecanismos más estrictos para velar por gastos obligatorios, en el ámbito social y educativo.
Además, la OCDE recomendó que el gobierno establezca mejores resultados como el principal objetivo de la política y no enfocarse en el gasto.
Estas son algunas de las observaciones de la OCDE para Costa Rica:
Presupuesto rígido debe flexibilizarse
El presupuesto es difícil de cambiar, debido a las transferencias obligatorias para una cantidad “muy fragmentada” de instituciones descentralizadas del sector público, así como la asignación obligatoria de recursos, por ejemplo, el 8% del PIB al Ministerio de Educación, 6% de los ingresos actuales del Poder Judicial, así como las disposiciones legales de asignar 7% de la recaudación del impuesto sobre la renta al Patronato Nacional de la Infancia (PANI). Un 60% del gasto del gobierno central responde a obligaciones constitucionales, sumadas a otras disposiciones legales, dejando apenas un 5% del presupuesto para gastos discrecionales.
“El uso excesivo de las asignaciones con fines específicos en Costa Rica también restringe la consolidación fiscal, lo que pone en peligro la estabilidad macroeconómica, ya que el aumento de los ingresos tributarios se traduce en mayores transferencias a programas a los cuales se asignan fondos, independientemente de que requieran financiamiento adicional o de que se lleve a cabo un análisis costo-beneficio del uso del dinero público”, reza el informe.
Reducir trámites e incentivar competencia
La OCDE señala que los grandes obstáculos para los emprendimientos se reflejan en las bajas tasas de apertura de nuevas empresas y el alto nivel de informalidad. Destaca que en la última década el tiempo y costo de abrir un negocio se ha reducido, sin embargo, sigue lejos del promedio de los países de la OCDE.
Además, el organismo señala que como ejemplo de lo que se podría lograr, la cantidad de trámites que un emprendedor debe realizar para iniciar un negocio podría reducirse de nueve a uno, si estas tareas pudieran realizarse en una ventanilla única, como ocurre entre los países con mejores resultados según el Doing Business, como Nueva Zelanda.
Educación en función de resultados, no del gasto
La rigidez de obligar al gobierno a designar un 8% del PIB a educación es una de las políticas que la OCDE critica, ya que a su criterio, no incide en mejores resultados.
La OCDE elogió al programa del MEP Yo me apunto, que ha reducido las tasas de deserción de una serie de colegios participantes, pasando de un 14,4% de exclusión escolar en 2013 a un 9,2% en 2017.
También recomienda desarrollar un sistema vocacional en “consulta estrecha” con empleadores, para que haya sintonía con las necesidades del mercado laboral.
El organismo apunta a canalizar recursos o reasignarlos, a la educación secundaria y a la atención infantil. Apunta a que los recursos también se centren en brindar capacitación inicial y en el puesto de trabajo a los docentes.
Reducir la informalidad y cantidad de salarios mínimos
Alrededor de un 43% de los trabajadores se desempeñan en trabajos informales. La OCDE llama la atención y afirma que la alta informalidad produce desigualdades y obstaculiza la productividad. “Se debe implementar un plan integral para reducir la informalidad, que incluya un mayor cumplimiento con las obligaciones de pago de contribuciones”.
De acuerdo con la OCDE, el sistema de múltiples salarios mínimos agrava los costos de cumplimientos, creando distorsiones y equidades, por lo que el país debe avanzar hacia un esquema con menor cantidad de salarios mínimos. “Alcanzar un número menor de categorías, en función de la diferenciación geográfica y por edades, en lugar de la compleja estructura actual que comprende diferentes sectores, ocupaciones, logros educativos y categorías de habilidades, permitiría reducir significativamente los costos de cumplimiento”, reza el informe.
La OCDE destacó la reducción de cantidad de salarios mínimos de 25 a 23 y espera que esta cifra baje a 10 para fines de 2019.
Continuar con mejoras en recaudación fiscal
La OCDE ve con buenos ojos el uso de nuevas tecnologías para la recaudación de impuestos, como es el caso del modelo predictivo, introducido en 2016, que utiliza los datos fiscales electrónicos para identificar inconsistencias y comportamientos “poco comunes” de los contribuyentes, tales como el uso de proveedores falsos, la subdeclaración de ingresos netos totales por profesionales y la subfacturación.
Además, aplaude las iniciativas para fomentar las declaraciones en línea, así como el despliegue gradual de la facturación electrónica.
La OCDE también recomienda que las sociedades inactivas se registren ante la administración tributaria, declaren impuestos y cumplan con el sistema tributario general. Además, insta a fortalecer las capacidades en auditoría fiscal y centrar las auditorías en profesiones de mayor riesgo.
El organismo también recomienda integrar la administración de las contribuciones fiscales y la de seguridad social, con el fin de que las empresas no puedan declarar salarios más bajos ante la Caja, y exagerarlos ante la administración tributario.
Endurecer reforma fiscal
La OCDE afirma que la última propuesta del Congreso permitirá una recaudación del 1,4% del PIB, en lugar del 2,03% que se planteó originalmente.
Recomienda hacer un abordaje más amplio y completo, que mejore la contribución del sistema tributario al crecimiento inclusivo. Además, destaca una alta dependencia de las contribuciones a la seguridad social en el porcentaje de los ingresos fiscales. A criterio d ela OCDE, estos impuestos son regresivos, aumentan los costos laborales y perjudican el empleo, además de que son insostenibles a largo plazo. Costa Rica pasó de un 70% de trabajadores contribuyendo formalmente a la Caja en 2008, a un 53% en la actualidad.
“Una reforma más ambiciosa que reduzca los gastos fiscales permitiría que el sistema tributario fuera más justo y menos complejo y además contribuiría a reducir la evasión fiscal. Adicionalmente, crearía cierto espacio para reducir las tasas impositivas en el futuro y ayudar a reequilibrar los impuestos para que dependan menos de las contribuciones a la seguridad social”, dice el informe.
Gestión de instituciones públicas debe alinearse con prácticas de OCDE
La OCDE afirma que la mayoría de las empresas estatales carecen de autoridad clara y de supervisión adecuada. Asimismo, destacó las irregularidades en relación a los créditos otorgados por el Banco de Costa Rica, y las actividades de intermediación ante el cierre de Bancrédito. La Organización espera que Costa Rica inicie la implementación de un plan para alinearse a las “Directrices de la OCDE sobre el Gobierno Corporativo de las Empresas Públicas”, para fines de 2018.
