El Ministerio de Ambiente y Energía (Minae) evitó responder las preguntas planteadas por este Semanario sobre el proyecto para explotación minera en el Río Brasil, en Sardinal, luego de que la Asociación Confraternidad Guanacasteca presentó una demanda penal contra el presidente de la República, Carlos Alvarado y el ministro de Ambiente, Carlos Rodríguez.
La agrupación presentó una denuncia el pasado lunes 13 de mayo ante la Fiscalía General en contra de la Resolución R- 413- 2018- MINAE, avalada por el Gobierno, para otorgar la concesión minera de extracción de materiales a la Constructora Magnate Sociedad.
Según la Asociación, dicha resolución consigna varios errores, entre ellos la ubicación del permiso, pues se contempla que el permiso rige para la explotación en las Juntas de Abangares, no para Sardinal, donde la empresa Magnate arrancó con las obras durante la semana santa, según indicaron vecinos de la zona.
UNIVERSIDAD consultó al Minae para obtener una reacción por la demanda, además para consultarle si se mantendrán las obras en el lugar a pesar del error que consigna la resolución; no obstante, la viceministra de Gestión Ambiental, María Celeste López, se negó a brindar declaraciones a este medio y en su lugar envió un documento con una serie de correcciones a una nota informativa publicada por otro medio de comunicación.
También se le consultó este martes a la ministra de Comunicación, Nancy Marín; sin embargo, indicó que Casa Presidencial no había recibido la notificación de la denuncia y que por lo tanto no podían referirse más allá del tema.
En el documento que envió el Minae, alegan que la denuncia “carece de fundamento”, pues aceptan que hubo un error en la localización pero solo una parte de la resolución ya que en el mismo documento, más adelante, sí se menciona bien, asimismo en el expediente.
Añaden que, conforme a lo dispuesto en el artículo 157 de la Ley General de la Administración Pública “la Administración podrá en cualquier tiempo rectificar sus errores materiales, de hecho y aritméticos”.
Por otro lado, la Asociación Guanacasteca también alegó que la viabilidad ambiental estaba vencida, pues el permiso fue otorgado por la Secretaría Técnica Nacional (Setena) en el 2016 por dos años.
Sin embargo, el Minae indicó que dicho argumento carece de sustento, porque cuando se trata de proyectos de concesión ante la Dirección de Geología y Minas y el Poder Ejecutivo, la vigencia de la Viabilidad Ambiental inicia a partir de la presentación de la copia certificada de otorgamiento de la concesión por parte del Poder Ejecutivo.
Los vecinos de la zona manifestaron su oposición a las obras porque alegan que el la extracción afecta los mantos acuíferos y provoca tala de árboles.
Además denunciaron que el concesionario arrancó con las obras durante la Semana Santa pero que ha bajado el ritmo de trabajo. También comentan que este proyecto ya había causado problemas en el pasado.
“Hace doce años, en el 2005 esta misma empresa hizo la solicitud al departamento de Geología y Minas, en ese entonces nos dimos cuenta a tiempo y fuimos interviniendo los procesos de concesión y logramos una anulación”, indicó Néstor Espinoza, vecino de la zona.
Añadió que les sorprendió el hecho de que “reviviera” el mismo expediente.
