Once aspirantes a una curul de la próxima Asamblea Legislativa tienen acusaciones ante la Fiscalía o investigaciones judiciales activas en su contra, de acuerdo con información suministrada por el Poder Judicial y el Ministerio Público.
Se trata de personas que enfrentan denuncias ante la justicia, pero no se ha demostrado su culpabilidad, ya sea porque los juicios aún no se realizan o la investigación apenas está en fases iniciales.
En esta lista figuran candidatos de los partidos Acción Ciudadana, Liberación Nacional, Unidad Social Cristiana, Nueva Generación, Accesibilidad Sin Exclusión, Movimiento Libertario, Republicano Social Cristiano y Restauración Nacional, siendo Guanacaste la provincia con mayor cantidad de candidatos bajo investigación.
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A juicio
Una de las acusaciones activas es contra Juan Carlos Díaz, candidato por el segundo lugar de Guanacaste, del Partido Nueva Generación. Este hombre de 43 años tiene una causa por supuestos daños a un vehículo, luego de tener enfrentamientos con su cuñado, por supuesta violencia contra su sobrina.
“Ellos ofendieron a mi sobrina, al final yo salí respondiendo por ella, porque era menor de edad en ese tiempo. El señor me acusó de daños a un vehículo, pero nunca hubo”, explicó Díaz.
La acusación se formuló el pasado 15 de mayo de 2017 y aún falta fijar fecha para el debate público y oral en el Tribunal de Juicio de Nicoya.
Otra de las causas abiertas es la de Erayser Sánchez, aspirante por el cuarto lugar en Guanacaste del Partido Restauración Nacional, quien renunció a su candidatura, luego de que se diera a conocer que está acusado de dos delitos de corrupción agravada y un delito de abuso sexual contra una persona menor de edad.
La acusación se realizó el 29 de enero de 2016 con solicitud de apertura de juicio, en el Tribunal de Juicio de Nicoya.
En la misma provincia, José María Guevara, tercer lugar por el Partido Unidad Social Cristiana en Guanacaste, enfrenta una acusación por el delito de peculado, el cual se comete cuando se saca algún provecho a recursos del Estado en beneficio propio o de un tercero.
El caso recobró vida tras la reapertura de una causa en donde se le señala por la supuesta retención de una emulsión asfáltica para arreglar vías y calles, en 2006, cuando era alcalde de ese cantón.
Se trata de unos 60 mil litros donados por Recope que estaban destinados para obras de infraestructura en Carrillo y no se utilizaron, lo que ocasionó una sanción de dos años por parte de la refinadora.
“No pudimos retirar emulsión por dos años. Se dejaron de percibir casi 300 mil litros de emulsión. Esos 60 mil litros nunca llegaron a la municipalidad”, dijo Carlos Cantillo, alcalde que relevó a Guevara y quien solicitó la reapertura del caso, tras haber sido desestimado en febrero de 2016.
“Como nosotros no teníamos dónde guardarla, se guardó en los tanques de almacenamiento de Liberia. Después de eso yo salí de alcalde y entró el señor Carlos Cantillo. La municipalidad decidió abrirla (la causa) porque dice que la emulsión asfáltica nunca llegó. Como yo salí de mi periodo, entonces desconozco cuál fue el procedimiento que se le dio posteriormente”, alegó Guevara.
El juicio iniciará el próximo viernes 2 de febrero en las Salas de Juicio de los Tribunales de Goicoechea.
En investigación
Ocho candidatos no tienen una acusación formulada por la Fiscalía pero tienen denuncias en su contra en etapa de investigación.
Tal es el caso de Flor María Zamora, primer lugar en San José por el Partido Accesibilidad Sin Exclusión (PASE), quien es investigada por el supuesto delito de prevaricato, es decir, cuando un funcionario incumple con sus deberes.
La ex asesora fue demandada por ausentarse a su trabajo constantemente en la Asamblea Legislativa. Zamora fue asesora del diputado Óscar López en el periodo 2006-2010 y de la bancada del 2010-2014.
De acuerdo con la ex legisladora, a partir de 2009 comenzó a tener problemas en sus caderas, al punto que tuvo que someterse a una cirugía de implante, ocasionando múltiples incapacidades y hasta un infarto.
“El dolor en las caderas era muy intenso. Tuve que andar con bordón. Era más lo que pasaba incapacitada que trabajando. El cardiólogo me dijo que por el infarto no me iban a pensionar, pero sí por las caderas”, afirmó Zamora, quien se jubiló en 2013.
Zamora no es la única candidata del PASE con una denuncia pendiente. El aspirante al tercer lugar por Guanacaste, Frank Paniagua, es investigado por la Fiscalía de Santa Cruz, por el supuesto delito de amenaza a funcionario público.
Los hechos se remontan al año anterior, cuando Paniagua, en sus funciones de abogado defensor, tuvo discrepancias con el fiscal Jorge Meckbel Guillén en una audiencia del I Circuito de San José.
“El Fiscal se enojó y me increpó diciendo que él tenía la palabra, a lo que yo manifesté que él podría encontrarme como ser humano, profesional y hombre, en todos los niveles, que si lo iba a hacer en forma profesional, que lo hiciera con respeto a la Corte, pero si quería ofenderme personalmente, para eso estaba la calle y no un juzgado penal”, explicó Paniagua.
Esta acción fue interpretada como una amenaza por Guillén, quien, según Paniagua, “se levantó de su silla y dijo que me dejaba detenido, por amenazar a un funcionario público”. El aspirante a diputado afirmó que Guillén llamó a la policía judicial a las salas y lo arrestó por ocho horas en las cárceles del OIJ.
Por esta situación Paniagua demandó a Guillén por el supuesto delito de abuso de autoridad. Ambas causas se investigan en conjunto para determinar quién lleva la razón.
Danilo Cubero, candidato a diputado por el primer lugar en San José, del Movimiento Libertario también tiene una denuncia pendiente, por retención indebida de cuotas a la Caja Costarricense del Seguro Social.
La demanda es contra la agrupación política, en donde Cubero figura como apoderado generalísimo y representante legal.
De acuerdo con el ex diputado, el partido tiene a tres personas encargadas de manejar las liquidaciones y actualmente trabajan para reponer las cuotas atrasadas, correspondientes al año anterior.
Retraso en obras
Otro alcalde que presenta dos denuncias penales es Roberto Thompson, primer lugar por Alajuela, por los supuestos delitos de abuso de autoridad y desobediencia, por el atraso en la construcción de una obra municipal.
De acuerdo con el alcalde, esta denuncia tiene que ver con la canalización de aguas fluviales en el barrio San José, en las Tinajitas. Para esta causa, la Sala
Constitucional dio un plazo de 18 meses a la Municipalidad de Alajuela para ejecutar la obra, plazo que vencería en setiembre próximo.
“Estoy seguro que no hay un solo alcalde que no tenga denuncias de estos temas de ejecución. Los alcaldes siempre estamos sujetos a este tipo de requerimientos”, comentó Thompson, tras afirmar que el candidato presidencial de su partido, Antonio Álvarez Desanti, estaba al tanto de su situación.
Dos aspirantes a diputadas por el PAC también figuran en las investigaciones de la Fiscalía. Se trata de Myrna Pierre, primer lugar por Limón, y María Rosa Angulo, candidata por el segundo lugar en Guanacaste.
En el caso de Pierre, registra dos causas penales por el presunto delito de retención debida.
Pierre posee una propiedad en Limón, la cual alquiló a una mujer para el establecimiento de una peluquería. Ante el incumplimiento de varios pagos, Pierre solicitó a una jueza civil un proceso de desahucio y la retención de bienes para respaldar las deudas.
“Los bienes siguen siendo de ellos. No hay cambio en eso. Lo que pasa es que el local quedó a puerta cerrada. La jueza dictó una resolución donde me autoriza como depositaria de los bienes. Ellos intentaron una vía más rápida para que un juez de la República me forzara a entregar las cosas. Ya había una resolución de una jueza civil que conocía el asunto previamente”, explicó la candidata del PAC.
Por su parte, María Rosa Angulo es investigada por supuesto enriquecimiento ilícito. Esta educadora guanacasteca fue denunciada por, presuntamente, salir antes de la hora indicada, cuando laboraba para la Escuela Lorena, en Santa Cruz.
“En el 2010-2016 se vino una demanda en contra de unos educadores, ahí me metieron a mí. Ellos decían que yo salía antes de hora en la escuela”, dijo.
Angulo negó irrespetar su horario y afirmó que salía a las 4:20 p.m. del centro educativo para participar en el Concejo Municipal de Santa Cruz, donde era regidora.
En la misma provincia, el candidato por el segundo lugar del Partido Republicano Social Cristiano, Julio César Ojeda, presenta una causa abierta en la Fiscalía de Probidad, en Liberia, por el delito de peculado, relacionado a un supuesto manejo indebido de recursos de la junta directiva de la Unión Cantonal de Asociaciones de Liberia (Ucadeli).
Ojeda argumentó que prestó su nombre para el puesto de fiscal 2 en la junta directiva, con la promesa de que luego sería reemplazado.
“Está claro que no tuve participación alguna en ninguna de las reuniones de acuerdos de la junta directiva. Se me separa por ausencia y me reemplazan por otro miembro, y luego a ese otro lo separan por ausencia. Lamentablemente, la Unión Cantonal nunca actualizó la personería jurídica y trabajó mal a nivel administrativo”, explicó Ojeda.
Por último, la alcaldesa de San Pablo de Heredia, Aracelly Salas, candidata por el primer lugar de esa provincia del PUSC, presenta cuatro causas en fase de investigación preparatoria, por supuestos delitos de nombramientos ilegales, falsificación de documento, peculado e incumplimiento de deberes. Los supuestos delitos están ligados al otorgamiento de patentes de licores.
Se intentó contactar a Salas, pero no fue posible obtener una respuesta al cierre de edición.
Nota: Este artículo fue escrito con la colaboración de María Fernanda Cruz, editora de La Voz de Guanacaste
