El Ministerio de Hacienda recortó al Poder Judicial ¢2.543 millones de su presupuesto del próximo año tras la decisión que tomaron los magistrados al no ceñirse a las medidas de ahorro dictadas en materia de remuneraciones del plan fiscal. El recorte representa un 0,53% del total acordado por la Corte Suprema en su sesión del 6 de junio: ¢470.743 millones.
La decisión fue comunicada por Hacienda esta tarde de martes luego de los magistrados de la Corte Plena decidieron que no ajustarían la manera en que crecen los salarios de los 14 mil empleados del Poder Judicial y que por lo tanto mantendrán el pago de los pluses en términos porcentuales y no de manera nominal.
La ministra de Hacienda, Rocío Aguilar, dijo que el Poder Ejecutivo reintegrará el monto si el Poder Judicial se compromete a hacer el ajuste.
En un comunicado de prensa difundido esta tarde, la jerarca aseguró que este presupuesto se había separado “con mucho esfuerzo” para la creación del juzgado anticorrupción, tras solicitud de los magistrados.
“Lo que no se nos informó fue que los recursos no les alcanzarían porque no aplicarían la Ley 9635 y por tanto mantendrían el crecimiento de pluses, lo que es igual que el crecimiento en remuneraciones. Siendo así, no vemos la voluntad por contribuir con el ajuste que de manera vehemente les hemos instado realizar por el bien de este país”, dijo Aguilar.
En Sesión de Corte Plena, el Poder Judicial determinó este lunes que el plan fiscal no modificó la Ley Orgánica del Poder Judicial ni el Estatuto de Servicio Judicial que rigen la materia de empleo en este poder.
Los magistrados aducen que el transitorio 25 de la Ley de fortalecimiento de las Finanzas respalda que se mantenga el salario de los funcionarios del sector público, por lo que no puede disminuirse .
“El salario total de los servidores que se encuentren activos en las instituciones contempladas en el artículo 26 a la entrada en vigencia de esta ley no podrá ser disminuido y se les respetarán los derechos adquiridos que ostenten”, señalaron. Aducen que un derecho adquirido es el método (porcentual) como definen el aumento en los beneficios.
Hacienda añadió que, a diferencia de lo que plantea el Poder Judicial, a los 127 mil funcionarios del Gobierno Central, ya se les hizo el cambio de los pluses de montos porcentuales a nominales para evitar el crecimiento exponencial del gasto.
