El Poder Ejecutivo se desmarcó de la posición de los sindicatos y presentó el jueves por la tarde a la Comisión de Ciencia y Tecnología de la Asamblea Legislativa, el texto sustitutivo del proyecto de ley denominado “Ley de Educación Dual y Formación Técnica Dual”, donde descarta -como ya dictaba la iniciativa- que se vaya a generar una relación laboral entre las empresas y los estudiantes que hagan prácticas bajo esa modalidad.
El texto enfureció a los sindicatos, quienes consideran que el proyecto, tal y como está planteado, niega a los jóvenes derechos laborales elementales como el aguinaldo, vacaciones, seguro social, etc.
Según el proyecto de ley, las empresas están obligadas a suscribir pólizas de responsabilidad civil para cubrir a los estudiantes, estar al día con las cuotas obrero-patronales y suscribir un convenio con los centros educativos que provienen los jóvenes.
Además, deben aplicar los programas vigentes, disponer de recurso humano certificado que acompañe a los estudiantes como mentores y contar con los recursos materiales mínimos requeridos.
Finalmente, la relación entre la empresa formadora y el centro educativo estará regulada por un convenio que indique las obligaciones de cada una de las partes, el período de la relación y las causas para su finalización.
La propuesta también plantea la creación de un fondo especial de becas para la educación y formación técnica dual a cargo del Instituto Nacional de Aprendizaje. Ese fondo se alimentará, como mínimo, del 1% del presupuesto ordinario del Instituto Nacional de Aprendizaje (INA).
Otro de los puntos que establece es la creación de una Comisión Asesora de la Educación Técnica Dual, la cual tendrá un carácter consultivo y estará adscrita al Ministerio de Educación Pública (MEP). Entre sus funciones se encuentran promover la educación y formación técnico profesional, asesorar a las autoridades y lograr una articulación entre el sector público y privado.
Dicha comisión estará conformada por el ministro de Educación Pública, el ministro de Trabajo y Seguridad Social, el presidente ejecutivo del Instituto Nacional de Aprendizaje, un representante del Consejo Nacional de Rectores, un representante de la Unidad de Rectores de Universidades Privadas, un representante de la Unión Costarricense de Cámaras y Asociaciones del Sector Empresarial Privado y un representante sindical.
“Este aspecto es de suma importancia porque no se está creando otra institución u órgano desconcentrado para regular la educación dual”, declaró el ministro de Educación Pública, Édgar Mora.
En cuanto a los centros educativos, estos deberán coordinar junto con las empresas, el proceso de selección de las personas interesadas en la modalidad dual y dar acompañamiento pedagógico a los estudiantes, suministrar el material didáctico, realizar las evaluaciones correspondientes y otorgar los diplomas.
El proyecto de ley de Educación Dual permitiría a las personas formarse en dos ámbitos de aprendizaje: una institución educativa (colegios técnicos públicos y privados, centros educativos parauniversitarios, universidades públicas y privadas y el Instituto Nacional de Aprendizaje) y una empresa formadora.
La idea es dotar a los estudiantes (mayores de 15 años) de conocimientos, habilidades y destrezas que le permitan su incorporación y adaptación al mundo laboral.
Sindicatos descontentos
La presentación del proyecto de ley sobre Educación Dual generó el descontento de la Asociación Nacional de Educadores (ANDE), entidad que señaló que “este proyecto de ‘educación dual’ significa un retroceso para la sociedad costarricense en términos de nivel educativo, calidad de vida y trabajo digno”.
El sindicato indicó también que el proyecto compromete los derechos laborales de la juventud y de la clase trabajadora costarricense.
“El artículo 22, párrafo 2 trata de negar la evidente relación laboral que subyace a la educación dual, esto con el fin de negar a la juventud los derechos laborales más elementales (aguinaldo, vacaciones, seguro social, etc.), pasando por encima de los convenios internacionales de la OIT y de nuestro Código de Trabajo”.
Incluso se excluye del proyecto el reconocimiento del salario mínimo por el trabajo realizado, la empresa podría optar por pagar un 30% del mínimo y en algunos casos no pagar nada en absoluto”, se lee en un pronunciamiento de la ANDE.
La ANDE aseguró además que esta iniciativa promueve la exclusión estudiantil, pues los jóvenes podrían “renunciar al título de bachillerato a cambio de una práctica laboral”.
Uccaep celebra
Por su parte, la Unión Costarricense de Cámaras y Asociaciones del Sector Empresarial Privado (Uccaep) celebró la propuesta pues queda claro que “no estamos ante un tema laboral, sino uno educativo y de formación”.
“En la Unión de Cámaras estamos favor de la Educación Dual, pues es un tema por el cual hemos luchado desde hace bastante tiempo, dado que es necesario y urgente tener una ley que permita a este país el tener una verdadera formación dual. Si bien estamos en el proceso de revisión, en principio nos parece un texto bastante razonable, aunque es probable que requiera realizarle algunos ajustes”, aseguró el presidente de Uccaep, Gonzalo Delgado.
Además considera que esta iniciativa permitirá que las empresas y las instituciones educativas tengan un marco regulatorio ágil para formar a los estudiantes de manera simultánea en los centros de enseñanza y en las empresas.
Los empresarios esperan que la próxima semana inicie el análisis de la propuesta en la Comisión de Ciencia y Tecnología de la Asamblea Legislativa. Los diputados deberán decidir si se quedan con la actual versión del proyecto o si aceptan la creada por el Ejecutivo.
