La Fiscalía general, encabezada por Emilia Navas, presentó este miércoles una acusación penal contra el expresidente Óscar Arias Sánchez, por firmar un decreto en octubre de 2008 que declaraba el proyecto de minería en Crucitas “de interés público y conveniencia nacional”.
La Fiscalía firmó ayer la acusación contra Arias, por el supuesto delito de prevaricato. Este delito lo comete quien, en virtud de su cargo público, toma una decisión arbitraria contraria a la ley.
El Ministerio Público le comunicó a la Procuraduría General de la República que tiene 13 días, a partir de este jueves, para decidir si presenta una querella y una acción civil resarcitoria, con la cual puede pedir un monto económico para resarcir al Estado el daño que se haya provocado. Una vez que termine ese plazo, la Fiscalía General enviará la acusación al Juzgado Penal de Hacienda y la Función Pública, del II Circuito Judicial de San José.
El proyecto de minería a cielo abierto de Crucitas, a cargo de la empresa canadiense Industrias Infinito, se iba a desarrollar en Cutris, en San Carlos, sin embargo, un fallo del Tribunal Contencioso Administrativo anuló la concesión a finales de 2010.
Por el mismo caso y por también haber firmado el decreto, su exministro de Ambiente, Roberto Dobles recibió una condena de tres años de cárcel, tras una sentencia del Tribunal Penal de Hacienda de Goicoechea. Pese a que Óscar Arias también estaba denunciado, el exfiscal Jorge Chavarría decidió separarlo de la causa.
El expresidente afirmó, el pasado 8 de noviembre, “sentirse aliviado” tras estar casi tres horas en el Ministerio Público, dando declaraciones sobre el caso Crucitas. “Son varios decretos todos los días, uno no puede estar viendo qué dicen los decretos, uno confía en los ministros y los ministros confían en sus departamentos legales”, explicó Arias ese día.
La acusación contra Arias figura en el expediente 12-000124-0621-PE.
