En la casa de doña Etilma Chacón, vecina de Hatillo 2, el agua ha escaseado durante las últimas dos semanas, a tal punto de que su esposo e hija mayor han tenido que bañarse en sus trabajos.
Su vecina, Margareth Marín, también ha sido afectada. En la casa sortea en qué ocupar el agua que recoge de los camiones cisterna e incluso tuvo que lavar la ropa donde su hermana, en Heredia.
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Por su parte, Doris Alpízar, también vecina de Hatillo 2, recibe en su hogar agua directo de la tubería, pero con “olor a cloaca”, por lo que debe dejarla correr y desperdiciarla para así “limpiarla”, y poder utilizarla en el lavado de manos, baño o para consumo.
Ellas son tres mujeres que han sido golpeadas por los racionamientos de agua que realiza el Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados (AyA), los cuales afectan a un total de 331.750 personas, debido a la baja en las fuentes de agua durante la época seca. Además, se encuentran preocupadas ante la emergencia nacional del nuevo coronavirus COVID-19, que ya deja como saldo 50 infectados en el país.
Tras la situación que viven los vecinos de los Hatillos, Desamparados, Alajuelita, Tibás, Santa Ana, Goicoechea y otras comunidades más, la Defensoría de los Habitantes presentó un recurso de amparo ante la Sala Constitucional el pasado viernes 13 de marzo.
De acuerdo con el director del Área de la Calidad de Vida de la Defensoría de los Habitantes, Juan Manuel Cordero, el recurso se interpuso debido a que los horarios de los racionamientos en los que se comprometió el AyA no se han cumplido.
“Hemos visto en los Hatillos, Desamparados, Barrio La Cruz, que sus habitantes reportan que es muy escasa la dotación del recurso hídrico durante los horarios efectivamente que se han establecido. Indican que hay eventualmente servicio de abastecimiento a través de camiones cisterna pero eso es un paliativo que no viene a sustituir el abastecimiento al menos en las franjas horarias”, señaló Cordero.
El funcionario indicó que la Defensoría es consciente de que las condiciones climáticas no favorecen las fuentes de agua, debido al descenso en las lluvias; sin embargo, en la situación que vive el país actualmente, el recurso hídrico es más que necesario para la población.
“Hay que tener un mínimo de consumo humano para saneamiento de la casa y necesidades de higiene personal; sobretodo tomando en consideración esta situación mundial del coronavirus, en donde las autoridades le han pedido a la población ciertas normas de higiene como el lavado de las manos, aseo personal, etc., y sin el líquido no se puede cumplir con esa normativa. Hay gente que de manera muy angustiante nos ha indicado que no se han podido bañar en tres días y eso obligó a la Defensoría a interponer un recurso de amparo ante la Sala Constitucional”, apuntó.
Finalmente señaló que la población también debe ser consciente de que el recurso hídrico es escaso y que debe procurar el ahorro del agua. “No se deben generar actividades en la época seca más allá de las que sean necesarias. Todos sabemos que la demanda aumenta en la época seca, pero tenemos que tener la conciencia suficiente de que el agua es un bien escaso y que definitivamente hay que controlar su uso”.
La Defensoría espera que los magistrados de la Sala Constitucional acojan el recurso y dicten una medida cautelar contra el AyA, para que así la institución respete los horarios de racionamiento de agua.
Al cierre de edición, la Defensoría informó que la Sala IV admitió para estudio el recurso de amparo.
Semanas atrás, un equipo de UNIVERSIDAD visitó escuelas y colegios en Paso Ancho y Desamparados, donde pudo constatar que en algunos de los centros educativos no se cumplía con el horario de racionamiento. Las instituciones, tras la falta de agua, tenían que readecuar sus horarios, pues los baños debían cerrarse.
Al ser consultada sobre el recurso de amparo, la presidenta ejecutiva del AyA, Yamileth Astorga, señaló que la institución sí está cumpliendo con los horarios de racionamiento; no obstante, los tanques no se están llenando lo suficiente y es demasiado baja la producción. Esto hace, por ejemplo, que “a las partes altas de Hatillo no les llegue lo suficiente”.
“Nosotros no queremos dejar de dar agua, es el peor negocio para nosotros. A nosotros económicamente esto nos va a afectar mucho”, aseveró la jerarca.
Sanciones y quejas
Consultado sobre las quejas de los usuarios, el intendente de la Agua de la Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos (Aresep), Álvaro Barrantes, aseguró que, en general, existe en los ciudadanos poca cultura para quejarse, pues son pocas las quejas que se formalizan ante la Aresep si se compara con el servicio que recibe la población.
“En redes sociales la cosa es más intensa. Es un mecanismo social que a veces puede tener su impacto y eso lo vemos con las manifestaciones en los Hatillos”, señaló Barrantes.
Según el intendente, existen varios mecanismos a través de los cuales se pueden interponer las quejas en la institución: página web, call center, o personalmente. Además se está organizando un proyecto de territorialidad, que consiste en que los funcionarios vayan a las comunidades y recojan las quejas.
De acuerdo con datos de la Aresep, en lo que va de este 2020 solo se ha presentado una queja para el servicio de agua; durante el 2019 se recibieron solamente 28. “Mucho se debe al desconocimiento de las funciones de la Aresep. Somos el aumentador de tarifas y tenemos un gran componente que es velar por la calidad. Es una cantidad muy pequeña. Tenemos un 1,5 millones de usuarios de agua en el país”.
Barrantes externó que existen dos tipos de inconformidades a las cuales la Aresep está tratando de seguirle la pista: el cumplimiento o no de los horarios de racionamiento y los horarios de los camiones cisterna.
Actualmente, Aresep está solo facultada para aplicar dos tipos de sanciones: quitar la concesión o imponer multas. Para el intendente, la primera opción quedaría descartada y la segunda es irrisoria, pues las multas corresponden a entre cinco y diez salarios mínimos.
“Eso para el AyA u otras instituciones es una gota del mar. Estamos examinando otras alternativas que estamos a punto de incluir en una disposición que estamos valorando”, aseguró Barrantes.
El lunes por la tarde,la Aresep informó que exige una disminución en las tarifas de agua en las zonas donde se han aplicado racionamientos que superan las ocho horas diarias y se prolongan por 20 o más días del mes.
La disminución en la tarifa que plantea Aresep, toma en cuenta el artículo 95 del Reglamento de Prestación del Servicio de Acueducto. Este artículo indica que en caso de que se dé la discontinuidad del servicio por más de 8 horas diarias durante, al menos 20 días naturales al mes, o la suspensión total por más de 3 días naturales consecutivos o más de 7 días naturales no consecutivos (ambos en el mismo mes), el prestador no deberá cobrar el cargo fijo, que actualmente corresponde a ¢2.000.
La Autoridad Reguladora constató también mediante visitas el incumplimiento por parte del operador en los horarios de distribución de agua potable a través de camiones cisterna. Particularmente verificó este incumplimiento en zonas de alta densidad de población, como es el caso de la localidad Pedrito Monge, en Desamparados.
