La Sala Constitucional rechazó de plano la acción presentada por el diputado del Partido Renovación Nacional, Fabricio Alvarado, contra el decreto elaborado por el Poder Ejecutivo para evitar la discriminación por orientación sexual en todas sus dependencias (Decreto N0.38999).
Según Alvarado, este documento violaba los valores cristianos, su libertad de pensamiento e impulsaba lo que llama una “ideología de género”, afirmación que contó con el apoyo de 18 congresistas de ocho partidos políticos (a excepción del Frente Amplio).
El documento fue redactado con el apoyo de la abogada Alexandra Loría, a quien Alvarado había agradecido por su compromiso “pro-vida”. No obstante, la Sala rechazó la causa pues no presentaba requisitos de admisibilidad.
Entre sus alegatos, el congresista había manifestado que el decreto en cuestión imponía percepciones, motivo por el que -desde su punto de vista- violentaba derechos de funcionarios y usuarios.
“No es sólo una ideología que viene de afuera, es una ideología que no tiene fundamento ni civil, ni biológico”, subrayó en el Plenario, justo antes de llamar al decreto una “imposición” para asumir los conceptos propuestos del género más allá de una distinción física.
Ante esta acusación, la Sala remitió su rechazo en pleno del alegato ayer martes, con excepción de los magistrados Fernando Castillo y Luis Fernando Salazar, quienes salvaron su voto y pidieron dar curso a la acción. Esto no pudo ser realizado por asuntos meramente administrativos de la presentación del recurso.
El Decreto No. 38999 fue suscrito por el Gobierno en mayo de 2015 con la anuencia de 21 carteras estatales, las cuales se comprometieron a erradicar la discriminación hacia la población LGTBI, con base en acuerdos internacionales de derechos humanos y la propia Constitución Política.
Específicamente, el decreto se define a sí mismo como una Política del Poder Ejecutivo para erradicar de sus instituciones la discriminación hacia la población sexualmente diversa, en medio de un recuento de siete artículos en los que establece la obligatoriedad de desarrollar capacitaciones, reformas y normativas para evitar conductas que puedan ser reprochables en esa materia.
Así mismo, establece la obligación de que las instituciones estatales presenten informes periódicos sobre el cumplimiento de las directrices suscritas, incluido el establecimiento de un régimen sancionatorio para infracciones por actitudes discriminatorias.
También, ordena la elaboración de una Comisión Institucional para lograr estos fines en cada dependencia del aparato estatal, así como el reconocimiento de las identidades de género según el funcionario o cliente lo soliciten y la inclusión del concepto de “compañero o compañera” para las personas del mismo sexo que hayan convivido por uno o más años.
Además de Alvarado, la acción de inconstitucionalidad la habían firmado los congresistas Nidia Jiménez (PAC), Gonzalo Ramírez, Abelino Esquivel (PRC), Rosibel Ramos, Luis Vásquez, Rafael Ortiz, Jorge Rodríguez, Gerardo Vargas (PUSC), Aracelli Segura, Olivier Jiménez, Marta Arauz (PLN), Mario Redondo (PADC), Óscar López (PASE), Natalia Díaz, José Alberto Alfaro, Otto Guevara (ML) y Carlos Hernández (independiente).
A ellos, hay que añadir la aseveración del propio Alvarado, quien manifestó estar seguro de que algunos otros diputados habrían firmado la misiva, pero no estuvieron presentes en el Plenario, cuando presentó la propuesta.
UNIVERSIDAD intentó conseguir la sentencia final del recurso; sin embargo, el Departamento de Prensa de la Sala indicó que aún no está disponible.
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