La Fiscalía Adjunta de Delitos Económicos dirige un operativo con allanamientos en cinco puntos distintos, como parte de la investigación por supuesta quiebra fraudulenta de la empresa Corporación Yanber S.A.
Uno de los puntos allanados este miércoles por la mañana es la casa en Curridabat de Gerardo Corrales, exgerente del BAC San José. Así lo confirmó a este medio su abogado, Martín Mesén Sibaja, quien afirmó que emitirá un comunicado de prensa para referirse a los hechos.
En su perfil de Facebook, Gerardo Corrales afirmó que se encuentra fuera del país, pero que sus actuaciones siempre se apegaron a la ética.
“Por haberme desempeñado como Gerente de lo cual me honro se me han incluido en los allanamientos. Estoy seguro que el Banco demostrará que sus actuaciones han sido al nivel de las mejores prácticas bancarias y apegadas a la ética y profesionalismo que siempre lo ha caracterizado”, dijo Corrales.
Los otros allanamientos se realizan en las oficinas de Plaza Roble (Escazú) del BAC San José, en el bufete Gómez y Galindo y una oficina de consultoría financiera (ubicados en Avenida Escazú), así como en otra casa de habitación en Curridabat.
Los hechos se originaron en mayo de 2015, cuando la empresa de plásticos Yanber y Fomento Agrícola del Atlántico S.A. alegaron problemas financieros ante los tribunales. Posteriormente, en setiembre de 2018 se resolvió la declaración de quiebra de las entidades.
El Banco Nacional de Costa Rica (BNCR) interpuso una denuncia por un supuesto fraude de $6 millones (¢3.456 millones) y ¢2.172 millones a cargo de Yanber, en donde se señalaron irregularidades como contabilidad duplicada y una planilla oculta.
La Fiscalía pretende decomisar evidencia documental y electrónica para sumarla al expediente 18-000624-1220-PE, en el que se investiga una serie de operaciones administrativas y financieras.
El año pasado la Fiscalía allanó las propiedades del exdueño de Yanber, Samuel Yankelewitz; de su hijo, Andrés Yankelewitz, así como la residencia del abogado Luis Alonso Barboza, gerente de la empresa Kineret, una compañía de servicios tecnológicos y financieros.
Se pretendía investigar una supuesta falsificación de información financiera para obtener créditos bancarios, así como el desvío de fondos hacia Kineret, compañía que tuvo relación con Andrés Yankelewitz.
