“El vicerrector del colegio abusó de mi hija. Ella tenía 16 años y él, 65. Ella lo veía con respeto, eso no es amor”.
Petita Guzmán salió de la audiencia en medio de lágrimas de frustración. Un grupo de abogados del Estado de Ecuador recién finalizaba sus alegatos finales. Le dijeron a los jueces de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH), con sede en Costa Rica, que el suicidio de Paola, hija mayor de Petita, no se debió exclusivamente a la violencia sexual que vivió a manos del vicerrector del colegio.
La historia que la defensa de Petita y los ecuatorianos conocen dice otra cosa: que la adolescente Paola Guzmán se suicidó luego de ser empujada a realizarse un aborto producto de una relación impropia con Bolívar Espín, el vicerrector del colegio público de Guayaquil Miguel Martínez Serrano.
Los problemas comenzaron a los 14 años de Paola, en 2001, cuando el vicerrector Espín le ofreció ayuda para aprobar dos asignaturas. De acuerdo con múltiples versiones de excompañeras, Espín le ofreció ayuda a cambio de salir con él y desde octubre de 2002 abusó de ella sexualmente.
De acuerdo con varias de sus compañeras, el vicerrector la acosó durante el siguiente año escolar y en una ocasión la obligó a tocarle los genitales mientras la arrinconaba contra su escritorio.
“Todos sabían y nadie hizo nada”
La relación impropia era de conocimiento popular; así lo hicieron ver unas 40 estudiantes que rindieron declaraciones anónimas a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que elevó el caso ante la Corte IDH y ahora pide sanciones al Estado de Ecuador por permitir las situaciones de violencia sexual y no actuar a favor de la menor de edad.
Cuando Paola se dio cuenta que estaba embarazada se lo contó a varias de sus amigas y les mostró la prueba de embarazo. Las estudiantes relatan que Bolívar Espín le dio dinero para practicarse un aborto y le solicitó que acudiera al médico del colegio, quien también ofreció realizarle el aborto a cambio de relaciones sexuales.
El 12 de diciembre de 2002 Paola ingirió fósforo por medio de unos diablitos, que se utilizan como juego pirotécnico. En el bus escolar le contó esto a sus amigas. Preocupadas, la llevaron a la enfermería del colegio. Unos 30 minutos después Petita se enteró de la situación por medio de una llamada telefónica y al llegar a la enfermería se encontró a su hija adolorida en una camilla, pidiéndole perdón por sus supuestos errores.
“En la enfermería le pidieron que rezara y no hicieron nada”, reclamó la defensa de Guzmán. La tardanza en la atención y la falta de protocolos para atender este caso es uno de los señalamientos que reclaman.
Sin embargo, los abogados del Estado de Ecuador dijeron que la menor ingirió una cantidad tan elevada de fósforo que la respuesta tardía del centro educativo no influyó en el resultado final, esto pese a que uno de los peritos afirmó que con un abordaje adecuado y una respuesta ágil existía alguna probabilidad de que Paola sobreviviera.
“Ustedes dicen que la cantidad de fósforo blanco que ingirió daba lugar a la muerte y no afectó para nada lo que pudiera hacer el Estado porque igual se iba a morir. Aquí la CIDH lo dice con todas las letras, pero es el deber de diligencia, de prevención, había que hacer algo, tenían que actuar inmediatamente. ¿Cómo así que es irrelevante que la niña desde las 10 a.m. hasta las 2 p.m. este ahí y hasta que no llega la mamá a llevarla la dejan allí? Es difícil una tesis donde ustedes argumenten algo así”, dijo el juez Humberto Sierra, dirigiéndose a los abogados defensores del Estado ecuatoriano.
Después de recibir la noticia del fallecimiento de su hija, Petita se enteró del abuso sexual y hostigamiento del vicerrector, así como del aborto. Petita dejó una carta de despedida a su madre, donde le ofreció disculpas y otra para el vicerrector, una acción calificada por la perito Jimena Cortés como un suicidio denunciativo.
“El doctor del colegio por hacerle el aborto le pidió relaciones sexuales. Mi hija estaba desesperada y por eso se tomó los diablitos”, dijo doña Petita a los jueces.
Perdón a medias
Del aborto no hay pruebas por una serie de inconsistencias en la autopsia. A este argumento se aferran los abogados del Estado de Ecuador para decir en sus alegatos finales que el Estado no puede asumir una responsabilidad absoluta por el suicidio de Paola.
La defensa estatal también señaló que existían otros factores de vulnerabilidad que pudieron ocasionar el suicidio de Paola, como el hecho de haber repetido un año. “¿Qué tiene que ver con toda esta cosa que la víctima haya repetido el año? Ustedes expresaron eso, yo digo, ¿qué consecuencias sacamos de ellos, salvo desprestigiar a la víctima?”, esgrimió el juez Eduardo Vio Grossi.
Pese a esto, los representantes de Ecuador ofrecieron disculpas por los errores y omisiones que permitieron que las agresiones sexuales se prolongaran en 2002.
La defensa de Guzmán también atribuye responsabilidad al Estado en la persecución del vicerrector, a quien ya no se puede juzgar por vía penal porque la causa prescribió y se dio a la fuga cuando se le requirió. En el ámbito civil se le concedió a la madre de Paola una indemnización por $25 mil, que no pudo recibir porque Bolívar Espín sigue desaparecido.
Esta fue la primera audiencia de la jueza costarricense Elizabeth Odio Benito como presidenta de la Corte IDH. En una de sus intervenciones tocó uno de los temas medulares de este caso, al cuestionar a la perito Jimena Cortés: ‘¿Usted estaría de acuerdo conmigo en que toda relación entre un adulto y menor, afectiva, orientada a nivel sexual, es una relación impropia? ¿Y que, en ese caso, no cabe hablar de consentimiento?’
La jueza dio plazo hasta el 28 de febrero para que las partes presenten sus alegatos finales por escrito. La Corte IDH tiene hasta un año para emitir una resolución final.
