La Asamblea Legislativa mantendrá el sistema de voto secreto en la próxima elección de jerarca de la Contraloría General de la República (CGR).
El voto público es una de las solicitudes que realizó el Foro de la Justicia a los legisladores para este proceso.
Sin embargo, la semana pasada, la Comisión de Nombramientos del Congreso definió la metodología para la elección de contralor y subcontralor y, para ello, mantuvo el voto secreto.
El diputado liberacionista y presidente de la Comisión de Nombramientos, Luis Fernando Chacón, dijo a UNIVERSIDAD que ese es el método establecido en la reglamentación legislativa.
“Mientras el reglamento de la Asamblea no nos diga nada diferente, debemos aplicar lo que establece”, manifestó Chacón.
La Comisión de Nombramientos hace un filtro inicial de las personas postulantes para luego recomendar nombres al Plenario, el cual realiza la elección. No obstante, el criterio de la comisión no es vinculante, por lo que puede ser electa una persona que no pasó ese filtro o incluso pueden surgir nombres que quienes no habían presentado sus atestados para el concurso, como ha ocurrido en el pasado en otras elecciones.
Precisamente esa es una de las principales críticas de organizaciones y personas relacionadas al tema, como las que conforman el Foro de la Justicia: la Asociación Costa Rica Íntegra, la Asociación Costarricense de la Judicatura, el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional, la Facultad de Derecho de la Universidad de Costa Rica, la Maestría en Ciencias Penales de la Universidad de Costa Rica, el Centro de Estudios Generales de la Universidad Nacional el Programa Estado de la Nación y en calidad personal, Luis Antonio González Jiménez y Marcia Aguiluz Soto.
Actualmente, la Sala Constitucional tramita una acción de inconstitucionalidad sobre el secretismo en los nombramientos que realiza la Asamblea Legislativa.
El periodo de nombramiento de la actual contralora, Marta Acosta, vence el 7 de mayo próximo.
Por eso, días atrás el Foro de la Justicia pidió a la Asamblea Legislativa que blinde de “afinidades partidarias”, “cercanías a grupos de poder” y otros “motivos indebidos” la próxima elección.
El Foro exhortó a que se utilice una metodología que garantice la elección de una persona “idónea, de moral intachable, con independencia y que esté comprometida con la misión de la Contraloría”.
Además, pidió que las entrevistas sean transmitidas públicamente y que la calificación de este rubro no supere el 20% de la nota final. Esto, para limitar la discrecionalidad con que se evalúan estas audiencias. No obstante, la Comisión decidió que ese porcentaje será del 30%.
Marcia Aguiluz, en representación del Foro de la Justicia, externó que no existe un criterio claro de cómo se calificarán las respuestas.
“Solo se dice: 10 minutos para que presenten y dos minutos para preguntar. Pero, ¿sobre qué o cuáles son los criterios de evaluación? A una persona le pueden hacer una pregunta y otra diez preguntas y luego no sabemos por que le otorgan tantos puntos a una u otra”, cuestionó.
Por su parte, el diputado Chacón alegó que, más bien, se redujo el porcentaje del 40% que se ha empleado para la designación de magistrados.
El legislador indicó que, si se presentan muchas personas al puesto, probablemente a la comisión no le dé tiempo de dictaminar.
La comisión estableció que todas las personas que obtengan 75 puntos en la presentación de atestados (que en total vale 70% de la nota final) podrían pasar a la fase de entrevistas, que tiene un peso de 30%.
Además, se indica que las personas que hayan obtenido “los mejores promedios generales” serán considerados para conformar la lista que se enviará el Plenario, sin especificar cuántas personas.
Aciertos y puntos de mejora
Marcia Aguiluz, en representación del Foro de la Justicia, indicó que calificar un 30% en la entrevista no es lo ideal, “pero al menos no es el 40% que se usa para elegir magistrados. Al menos disminuye la arbitrariedad”, expresó.
Consideró adecuado que se defina un perfil para el puesto, aunque señaló que carece de precisión sobre el tipo de experiencia requerida.
También resaltó la posibilidad de que la sociedad civil presente objeciones, aunque calificó de muy poco el plazo de tres días para hacerlo.
“El otro punto positivo es el compromiso público de que no se van a reunir los integrantes de la comisión con candidatos o candidatas en privado, que es es una reivindicación que hemos venido haciendo desde el Foro”, agregó.
En los aspectos por mejorar en este proceso, Aguiluz reiteró la necesidad del voto público.
“Claramente esta secretividad implica que los diputados no tienen que justificar su voto, entonces básicamente pueden votar por quien quieran y nunca sabremos cuáles son sus consideraciones, y por supuesto que esto riñe con la rendición de cuentas”, expresó.
Señaló también que el concurso incluye la presentación de un ensayo, sobre el cual tampoco se especifican los criterios a examinar. “Ahí hay un tema de vaguedad que puede servir para otorgar o quitar puntos. Se abre un portillo que nos parece que debió precisarse más”.
Sobre este punto, el diputado Chacón dijo que no se trata “de un examen académico, “que es donde creo que el Foro de la Justicia a veces extravía. Si yo fuera un profesor, posiblemente estaría calificando la materia, pero esto es una recomendación política para otro órgano político”, dijo el legislador, quien reconoció que cada miembro de la Comisión evaluará según sus propios criterios.
Chacón sostuvo que la actual Comisión de Nombramientos ha mejorado mucho el proceso de selección.
“Yo entiendo la preocupación del Foro de la Justicia, pero creo que está muy desfasado. Nosotros como comisión hemos mejorado altamente los procedimientos, con absoluto respeto de los postulantes. Sí debo reconocer que en comisiones anteriores faltó más seriedad, mayor responsabilidad, eso yo como costarricense lo veía desde afuera, pero esta comisión ha actuado con absoluta responsabilidad”, aseguró.
