Los abogados defensores del presidente de la República, Carlos Alvarado, en el caso conocido como UPAD, presentaron gestiones legales alegando que la Fiscalía secuestró información que no está relacionada a la investigación “y que es relevante para la seguridad nacional, las relaciones internacionales y la salud pública”.
También adujeron que se recopiló información de terceros que no están vinculados al caso que se investiga.
“Se han interpuesto gestiones por actividades procesales defectuosas, pues consideramos que es fundamental que se resguarde el debido proceso”, comunicaron los codefensores, Rodolfo Brenes Vargas y Róger Guevara Vega, quienes detallaron que los recursos se presentaron la tarde de este viernes.
“La segunda gestión procesal sostiene que la decisión que autorizó el secuestro de los dos teléfonos celulares y la computadora del mandatario no se fundamentó adecuadamente, ni era estrictamente necesaria y proporcional, a la luz de las necesidades de la investigación, porque perfectamente la eventual información relacionada con la UPAD se podía obtener por otras vías”, añadieron en un comunicado.
Los abogados pretenden que se justifique la necesidad de secuestrar esos equipos y se garantice el respeto de la Constitución y la ley.
Agregaron que el Presidente les pidió ejecutar su defensa colaborando con la investigación, pues su prioridad es que “prevalezca la verdad y se haga justicia”, según indicaron.
“Su confianza en la institucionalidad y en el Estado de Derecho es absoluta y por ello se procura el respeto al debido proceso”, dice el comunicado.
El 28 de febrero, la fiscala general, Emilia Navas, dirigió allanamientos en la Casa Presidencial, el Ministerio de Planificación (Mideplan) y cuatro casas de habitación para investigar el caso de la Unidad Presidencial de Análisis de Datos (UPAD).
Esa oficina asesoraba al mandatario Alvarado con base en análisis de datos y por decreto se le había concedido la facultad de acceder a información confidencial, a pesar de que esto está prohibido por ley.
Se investiga si se cometieron los delitos de violación de datos personales, abuso de autoridad y prevaricato.
Además del mandatario, entre los investigados está el entonces ministro de la presidencia, Víctor Morales y el ex viceministro de Mideplan, Luis Daniel Soto. Ambos renunciaron por este caso.
También los exfuncionarios que conformaron la unidad de datos: Diego Fernández, Alejandro Madrigal y Andrés Villalobos. Además de otros ahora exfuncionarios de Casa Presidencial que habrían participado en la tramitación del decreto: Luis Salazar Muñoz y Felly Salas Hernández.
