Con el voto positivo de 19 magistrados, la Corte Plena aprobó otorgar un permiso para que el agente del Organismo de Investigación Judicial (OIJ), Michael Soto, deje temporalmente su cargo y asuma las riendas del Ministerio de Seguridad, sin perder la plaza en el Poder Judicial.
El debate y la votación se dio esta mañana, luego de que el pasado viernes Soto fuera anunciado por el presidente electo, Carlos Alvarado, como el jerarca que relevará a Gustavo Mata a partir del próximo 8 de mayo.
Uno de los primeros en externar su opinión fue Paul Rueda, quien se manifestó en contra, al afirmar que se compromete la independencia judicial.
“Nosotros acabamos de tener una crisis importante, precisamente por esa mezcla de un puesto judicial con uno político. El hecho de que no sea un agente del Ministerio Público sino que sea del OIJ, en nada mengua la importancia de mantener esa línea que se sostuvo con el Ministerio Público. El OIJ tiene un papel determinante en la iniciativa y desarrollo de las investigaciones, decir que está mal que sea un agente del Ministerio Público o un juez, pero sí está bien que sea un funcionario del OIJ, es gravísimo, significa desconocer el rol importantísimo que tienen dentro de una investigación”, argumentó Rueda.
El magistrado Fernando Cruz consideró que no se puede emitir una “prohibición radical”, sino algunos límites. Por ejemplo, mencionó que sería adecuado que una persona que ocupe un cargo de ministro o viceministro, espere unos cinco años para aspirar a un cargo de jerarca en el Poder Judicial, como ser magistrado o fiscal general.
Los magistrados Román Solís, Doris Arias, Carmenmaría Escoto y Luis Fernando Salazar se mostraron abiertamente a favor de aprobar el nombramiento.
“Se nos olvida que el Poder Judicial es parte del Gobierno de la República (…) Lo que no podemos hacer es militancia político-partidista o influencias político-partidistas”, señaló Solís, quien consideró que el nombramiento de Soto como ministro facilitará la coordinación entre las policías preventivas y represivas.
Similar criterio expresó la magistrada Arias quien argumentó que existe un principio de “unidad del Estado”.
“Si hay un funcionario que ha demostrado que las cosas se pueden hacer bien, tenemos que darle esa oportunidad. Hemos tenido otras experiencias de trabajo así, con compromisos éticos, que se refieren a un proyecto de Estado y sin duda, el señor Soto podrá ayudar en preservar la seguridad del Estado costarricense”, dijo Arias.
Los cuatro magistrados a favor del nombramiento consideraron que no se puede generalizar el comportamiento de funcionarios judiciales en cargos políticos y viceversa a partir de la experiencia vivida con el exmagistrado Celso Gamboa o el exfiscal general, Jorge Chavarría, quienes dejaron el Poder Judicial en medio de cuestionamientos.
Finalmente, por 19 votos a favor y dos en contra, la Corte Plena acordó que otorgaría el permiso a Soto por el plazo de un año, con posibilidad de que se prorrogue (el nombramiento de ministro es por cuatro años).
