La Corte Plena acordó este lunes por la mañana la apertura de investigaciones preliminares contra la magistrada de la Sala II, Julia Varela, así como a la integrante del Consejo Superior del Poder Judicial, Laura Chaves Lavagni.
Una investigación preliminar es una etapa previa antes de abrir una investigación disciplinaria. Antes de abrir un proceso administrativo, la Corte tiene la facultad para investigar si las denuncias tienen fundamento jurídico que ameriten una mayor indagatoria.
A la primera se le investiga por supuestamente “dictar a jueces cómo resolver las declaraciones de huelga”, según afirmó el Diario Extra en una publicación del pasado jueves 27 de setiembre.
La misma jueza Varela pidió la apertura de las pesquisas, con el fin de aclarar las acciones que se le atribuyen. Mediante un sorteo, los magistrados designaron a su compañero de Sala II, Orlando Aguirre, como el encargado de hacer la investigación y presentarla en un mes al resto de jueces.
De acuerdo con la publicación periodística, la magistrada opinaba sobre las resoluciones de otros jueces en un chat de WhatsApp y brindaba consejos sobre cómo notificar a los dirigentes sindicales. El artículo sugiere una posible presión por parte de Varela a jueces de menor rango y en muchos casos, interinos.
Por este mismo caso, la Fiscalía general abrió una causa contra Varela por el supuesto delito de tráfico de influencias. Paralelo a esto, Inspección Judicial abrió una investigación para determinar responsabilidades de otros funcionarios.
La magistrada también tiene dos causas abiertas por incumplimiento de deberes y prevaricato, ambas con solicitud de desestimación de la Fiscalía. Le corresponde a la Sala III acoger esta solicitud o en caso contrario, pedir que se amplíen las pesquisas.
En un comunicado de prensa, la magistrada Varela indicó que solicitó que se abriera el proceso disciplinario en su contra “por respeto a la ciudadanía y a la independencia judicial y porque no permito que por malas interpretaciones se lesione mi trayectoria intachable como jueza, ni la imagen de la Institución, por la que he trabajado durante mis más de 41 años de servicio”.
“La solicitud la hice desde el 27 de setiembre del año en curso, mediante correo electrónico enviado a la Presidenta en ejercicio de la Corte. En dicha solicitud pedí que el proceso fuese público, esto para demostrar que las “noticias” que se difundieron en distintos medios, estaba basada en información tergiversada. He puesto a disposición de la Corte todos los registros del chat en el cual participé como Coordinadora de la Comisión de la Jurisdicción Laboral y como responsable del proceso de capacitación sobre la Reforma Procesal Laboral”, añadió.
La jueza además comunicó que, el 1º de octubre, pidió a la Fiscalía General que inicie una investigación penal sobre los cuestionamientos en su contra y que, para ello, renunció a la inmunidad que le cobija por ser magistrada, “para darle celeridad al mismo y así la población tenga clara la realidad sobre los hechos que trascendieron”, informó.
Julia Varela fue reelecta por ocho años más en la Sala II, que ve temas de índole laboral y de familia. La magistrada recibió el voto de 30 diputados, mientras que 22 votaron en su contra. La decisión se tomó en contraposición al informe de la comisión de nombramientos, que recomendó votar contra su reelección, en el informe de mayoría.
El caso de Chaves
A la integrante del Consejo Superior, Laura Chaves Lavagni se le investiga por haber votado en una sesión donde se decidió quitar a los peritos especializados del Organismo de Investigación Judicial designados para el caso del Cementazo.
Chaves fue directora del despacho del expresidente de la Corte, Carlos Chinchilla y supuestamente debió abstenerse de votar por figurar como investigada en la causa abierta contra exjueces y un juez actual de la Sala III, por la desestimación de una denuncia contra los exdiputados Otto Guevara y Víctor Morales Zapata, por presuntos ligámenes con el importador de cemento, Juan Carlos Bolaños.
En el voto de esa sesión, se condicionó la prórroga de esas plazas a que el OIJ informara por qué se utilizaron a esos agentes especializados en la investigación de otros casos. También exigía la presentación de un cronograma detallado con fechas de finalización, avances de las pesquisas y otros datos calificados como información confidencial y sensible por el director del OIJ, Wálter Espinoza.
El magistrado de la Sala IV, Fernando Castillo, será el encargado de investigar si las acusaciones contra Lavagni tienen fundamento jurídico y merecen la apertura de una causa disciplinaria.
