CONARE acusa violación a la autonomía universitaria por procedimiento sobre regla fiscal

Los rectores aseguran que los presupuestos universitarios no pueden estar sujetos a una “certificación” de la Autoridad Presupuestaria de Hacienda, pues la norma de la regla fiscal no está por encima de lo que establece la Constitución Política

Los rectores de las cinco universidades públicas del país solicitaron hoy al ministro de Educación Pública, Edgar Mora, que realice las gestiones necesarias para que se excluya a estas instituciones y al Consejo Nacional de Rectores (Conare) del procedimiento mediante el cual se pretende certificar la aplicación de la llamada “regla fiscal”.

La regla fiscal es una norma incluida en la Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas, aprobada en diciembre pasado, que establece un límite de crecimiento de los presupuestos ordinarios de las entidades y organismos del sector público no financiero a un 4,67% para el año 2020.

Con la regla fiscal se limitaría el crecimiento del gasto corriente presupuestario según el comportamiento de la deuda (53,6% en 2018) y el crecimiento del Producto Interno Bruto (PIB) en los últimos cuatro años.

En la carta dirigida este lunes a ministro Mora en su calidad de presidente de la Comisión de Enlace, los rectores acusan haber recibo una circular por parte de la Secretaría Técnica de la Autoridad Presupuestaria (STAP) en la que se solicita a cada universidad que presente para el próximo 28 de junio la información de sus presupuestos ordinarios 2019, por clasificación por objeto del gasto y clasificación económica, en formato PDF y plantillas de Excel.

“(…) y se nos indica que, de no presentarse la información, la STAP certificará que los presupuestos para el ejercicio económico siguiente incumplen la regla fiscal”, dice la nota firmada por el rector de la Universidad de Costa Rica y presidente de CONARE, Henning Jensen.

Sobre este procedimiento, los rectores argumentan que se incurre en una violación del régimen de administración financiera universitaria, pues nunca, ni las universidades públicas ni el CONARE han estado sometidos a la regulación, verificación o supervisión de la Autoridad Presupuestaria.

“Sin embargo, aún cuando formalmente continuamos fuera de este ámbito, la implementación del procedimiento que se nos ha comunicado, en procura de la verificación del cumplimiento de la regla fiscal, se genera de hecho un mecanismo de control y de aprobación que causa el mismo efecto de estar sometidas nuestras instituciones de educación superior a dicha Autoridad Presupuestaria”, añade el documento.

Los rectores argumentaron que el hecho de que se esté clasificando a las universidades públicas como parte del “sector público no financiero”, se le está dando supremacía a una norma técnica por encima de lo que establece la Constitución Política respecto a la autonomía de administración y gobierno que tienen las casas de educación superior.

Con estos y otros argumentos jurídicos, los rectores solicitaron al ministro Mora que gestione la exclusión de las universidades de la aplicación de este mecanismo, en el tanto los presupuestos universitarios quedarían sujetos a la “certificación” por parte de la Autoridad Presupuestaria.


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