La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) informó al Colegio de Periodistas (Colper) que acogió la denuncia por el atentado de La Penca, en el que un grupo de periodistas fue atacado con bomba durante una conferencia de prensa, hace 34 años.
La denuncia la presentó el Colper en el 2005 ante la CIDH y contra el Estado de Costa Rica por no haber sancionado el atentado de La Penca ocurrido durante una conferencia de prensa convocada por Edén Pastora, entonces comandante de una guerrilla -financiada por el gobierno de Estados Unidos- que surgió luego del triunfo de la Revolución Sandinista en 1979.
Así consta en nota suscrita por Elizabeth AbiMershed, Secretaria Ejecutiva Adjunta de la Comisión Interamericana, la cuál se remitió a loas víctimas el 8 de febrero y se les informó de una serie de observaciones adicionales que se deben de concretar con un plazo de cuatro meses, a partir del envío de la nota.
Nelson Murillo, periodista y una de las víctimas del caso de La penca reclamó que “ninguna otra decisión de la Comisión continental ha pasado tan inadvertida”en especial por el Colper, órgano que presentó la denuncia.
Murillo criticó que ningún analista, experto en derechos humanos, o la Defensora de los Habitantes de aquel momento se manifestaran con el tema.
El periodista dijo que cuando la CIDH falla un caso, o la Comisión IDH acoge una consulta o denuncia “sea sobre lo que sea, en Costa Rica se anuncia el resultado en conferencia de prensa”, más esta vez, el caso pasó poco inadvertido y que “ni el Colegio de Periodistas ni ningún otro organismo de prensa, local o extranjero, comentó nada públicamente por la vía oficial”.
Alejandro Delgado, asesor del Colegio de Periodistas, quien ha llevado el caso durante estos años, dijo que no podía responder ante estos cuestionamientos, por su calidad de asesor y no portavoz de la situación en particular.
“Esperamos es que se eleve el caso a la Corte IDH, para hacer todo el alegato de fondo. Si uno toma los 12 años es mucho, pero del atentado a la fecha es inaceptable. La denuncia se pone por violación por el derecho del acceso a la justicia que tienen las víctimas”, comentó.
Delgado agregó que en este caso, el Estado no está obligado a encontrar un culpable, pero se puso la denuncia porque las víctimas quedaron en el “limbo”, no se avanzaba desde el punto de vista de derechos humanos.
Sobre lo viene a partir de ahora, por parte de la Comisión según explicó el asesor, dijo que ahora las víctimas pueden presentar un alegato y justificar por qué el caso debe de avanzar. “Es una obligación de los Estados perseguir los delitos en el terrorismo en franco descuido de los derechos de las víctimas, los Estados tienen una serie de obligaciones que en este caso no se cumplió”,
Una vez que se presenten los informes, Alejandro Delgado dijo que la Relatoría tiene que presentar su informe, y con base a ellos tiene determinar si la Comisión eleva el caso o no la Corte IDH.
A pesar de que la denuncia inicialmente fue presentada contra el Estado costarricense, luego se incorporó en la denuncia a Nicaragua, porque se planteó que el país nunca abrió una investigación, a pesar de que los hechos ocurrieron ahí.
“El tema se resolverá en la parte que viene ahora. No es usual que se tramiten casos contra dos estados al mismo tiempo, es una novedad y lo hace más complicado”, agregó el asesor.
Denuncia a dos Estados
En el 2013 el fiscal general de la República, Jorge Chavarría, anunció el cierre de la investigación que inició en el país Esto tras confirmarse la muerte del presunto autor material del atentado, el argentino Roberto Vital. Un año antes el periodista y sobreviviente del antentado, José Rodolfo Ibarra, había firmado, en calidad de presidente Colegio de Periodistas, una ampliación de la demanda hacia Nicaragua.
En ese momento, Ibarra dijo que se trataba de la primera vez que el Colper ejercía una acción directa contra un Estado vecino porque el gobierno de Nicaragua, no solo no resolvieron el caso, sino porque no hicieron nada.
El Colegio de Periodistas envió a la CIDH una petición para que se ampliara a Nicaragua, años después y justificó que por “la lentitud del Estado costarricense en resolver el caso el cual, por tratarse de un crimen de lesa humanidad, no prescribe y puede reabrirse de aparecer nuevos indicios o pistas que ayuden a identificar y condenar a los autores intelectuales del crimen”.
