El rector de la Universidad de Costa Rica (UCR), Carlos Araya, aseguró este jueves que no es posible aceptar una reducción de ₡65.000 millones al Fondo Especial para la Educación Superior (FEES) como lo ha planteado el gobierno a las universidades públicas.
En entrevista con este semanario, el jerarca de transición de la UCR aseguró que el recorte al FEES sería violatorio de la Constitución Política, y por tanto, él no puede aceptar una reducción del presupuesto que fue negociado y aprobado.
“Hemos sido muy claros que nosotros no podemos negociar una disminución del FEES, porque negociar una disminución del FEES sería aceptar el incumplimiento de lo establecido en el artículo 85 de la Constitución Política de la República”, dijo el rector a UNIVERSIDAD.
“Nosotros como rectores, y en mi caso particular, cuando asumo la Rectoría de forma transitoria, juro defender la Constitución Política de la República y no podría firmar un documento que vaya en contra de eso”, añadió Araya.
El rector comentó que el Consejo Nacional de Rectores (CONARE) fue convocado por la Presidencia de la República para conocer una propuesta de recorte por ₡65.000 millones a las universidades, como parte de la reducción de un 1% del Producto Interno Bruto (aproximadamente ₡350.000 millones) que planteará el gobierno a la Asamblea Legislativa en el próximo presupuesto extraordinario.
Araya recordó que este recorte sería al presupuesto vigente (2020), pues el presupuesto de las universidades para el 2021 ni siquiera se ha empezado a negociar.
El jerarca fue enfático en cuanto a que esta reunión del miércoles no fue una negociación, pues cualquier decisión relativa al presupuesto de las universidades debe darse en la Comisión de Enlace, y esta requiere de la presencia de todos los ministros que la integran (Hacienda, Presidencia, Ciencia y Tecnología, Educación y Planificación), así como de los rectores y las representaciones estudiantiles.
“El gobierno puede, no debe, pero puede decir “vamos a recortar el FEES”, y posiblemente será la Sala Constitucional la que defina en última instancia si podía hacerlo o no podía hacerlo”, aseguró.
El rector describió que el gobierno presentó a las universidades un panorama bajado en un estudio de la Contraloría General de la República, en el que se indica que habrá un faltante presupuestario para terminar este año de un 3% del PIB, aproximadamente ₡1,13 billones.
“Esos tres puntos del PIB, que se suman al déficit fiscal que estaba proyectado en un 9%, tendrá que financiarse vía recorte de gastos y emisión de deuda, de manera que lo que el gobierno plantea es un recorte de gasto severo, un 1% del PIB es muy severo”, consideró.
Araya recordó que el año pasado la entonces ministra de Hacienda, Rocío Aguilar, planteó dividir las partidas del FEES en gasto corriente y de capital y que esas últimas transferencias representaran ₡70.000 millones del FEES. Finalmente los diputados aprobaron que el gasto de capital quedara en ₡35.000 millones.
“¿Qué plantea el gobierno entonces? No girar las transferencias de capital, es decir ₡35 mil millones, pero que de lo que resta de girar del FEES (faltan seis cuotas mensuales) de esas seis transferencias se recorte un 15%. Eso son los ₡65.000 millones”, explicó.
