Bancos y otras entidades se oponen a financiar 50% del presupuesto a superintendencias

El Poder Ejecutivo colocó en corriente legislativa un proyecto que pretende aumentar el monto que aportan los sujetos supervisados a las superintendencias de un 20% a un 50%, según recomendaciones de organismos internacionales para el ingreso a la OCDE.

Los Bancos, fondos de inversión y  juntas de pensiones se oponen a financiar el 50% del presupuesto de las superintendencias, tal y como lo propone un proyecto impulsado por el Poder Ejecutivo. 

La propuesta es una reforma a la Ley Reguladora del Mercado de Valores que actualmente se discute en la Comisión Especial para la adhesión de Costa Rica a la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE). 

Actualmente las entidades reguladas por  la Superintendencia General de Entidades Financieras (Sugef), la Superintendencia General de Valores (Sugeval) y Superintendencia de Pensiones (Supén) financian el  20% de la operación de estos entes reguladores. El 80% restante es financiado por el Banco Central de Costa Rica (BCCR).

En el caso de la Superintenencia General de Seguros (Sugese) el Banco Central financia 100% de su presupuesto. 

Con este proyecto las entidades supervisadas por la Sugef, Sugeval y Supen pasarían a financiar el 50% del presupuesto de las mismas, de manera gradual.   Las supervisadas por la Sugese aportarían el 20%. 

Reacciones

El director Ejecutivo de la Cámara de Fondos de Inversión (CAFI), Víctor Chacón, opinó que el aumento en el financiamiento es “desproporcionado” para las dimensiones “tan pequeñas” de un mercado de valores como el de Costa Rica.

Según cifras de CAFI,  en el 2000 habían registrados 27 puestos de bolsas, en el 2009 habían 19 y durante este año se redujeron a 15.

Chacón explicó que esta propuesta en el país es desproporcional frente a países como Panamá, donde hay unas 200 entidades en el mercado de valores, mientras que en Costa Rica hay apenas unas 40.

La CAFI  reúne a las Sociedades Administradoras de Fondos de Inversión de Costa Rica, quienes a las vez son supervisadas por la Superintendencia General de Valores (Sugeval). Fuente: CAFI.

Por su parte, Roger Porras, director Ejecutivo de la Junta de Pensiones del Magisterio Nacional (Jupema) indicó que de aprobarse el aumento en el porcentaje de financiamiento que ellos aportan a la Superintendencia de Pensiones (Supen) implicaría dejar de financiar otras labores. 

“En el caso de nosotros, de Jupema, el fondo de la junta de pensiones se financia con el porcentaje del salario que se cobra a todos los trabajadores de la educación. Esos recursos tendríamos que pagarlos de esa fuente de financiamiento, que implica dejar de financiar algunas otras cosas para poder ajustarnos a pagar el costo de la regulación”, detalló el jerarca.

Porras aseguró que el 20% que pagan es suficiente y que más bien las autoridades deberían de enfocarse en mejorar la eficiencia administrativa y no cargar más a los fondos.

“A mí sí me parece que supervisión es totalmente necesaria e importante, pero también desde el punto de vista del Consejo Nacional de Supervisión del Sistema Financiero (Conassif) deberían de revisar las estructuras administrativas para hacerlas más ágiles”, añadió el director.

En el caso particular de los fondos de pensiones supervisados por Supen, el proyecto señala que el porcentaje  se calcularía con base en el activo administrado por las juntas y no por los ingresos brutos.

Es decir,  los supervisados de Supen contribuirán hasta con un máximo de 0,02% de los activos administrados, y 0,002% del monto pagado por pensiones en el caso de las entidades supervisadas que no administren activos.

Bancos

La posición de la Asociación Bancaria Costarricense (ABC), quienes son supervisados por la Superintendencia General de Entidades Financieras (Sugef),  no es muy distinta.

La directora Ejecutiva de ABC, María Isabel Cortés, opinó que el presupuesto las supervisoras debería ser cubierto por el presupuesto nacional y no tanto por las entidades supervisadas. 

“La supervisión es una función pública y no un servicio que presta el Estado al Sistema Financiero; y en ese sentido, el presupuesto de los órganos competentes debe ser cubierto por el presupuesto nacional; el incremento del porcentaje de aportación por parte de las entidades reguladas se aleja aún más de ese principio”, mencionó Cortés.

La jerarca también adujo que la propuesta no es “aconsejable” porque la estabilidad financiera de las supervisoras está ligado a la situación financiera de los bancos, lo cual  representaría un riesgo. “A nivel internacional se ha advertido de los riesgos de autonomía que se generan cuando el presupuesto de los órganos reguladores es cubierto, total o parcialmente, por los supervisados”, señaló.

Discusión legislativa

Este lunes 18 de junio, el presidente del Banco Central, Rodrigo Cubero, y los cuatro superintendentes fueron citados a la comisión especial de adhesión de Costa Rica a la OCDE para externar su punto de vista sobre el proyecto que se tramita bajo el expediente 21.293.

Durante la exposición, Cubero manifestó a los diputados que el modelo de financiamiento actual para financiar las superintendencias deja pérdidas al Banco Central, lo cual lo convierte en uno de los pocos bancos centrales del mundo que tiene pérdidas. 

Según Cubero, esta situación se presenta desde inicios de 1980, cuando el banco asumió pérdidas de Corporación Costarricense de Desarrollo (Codesa) y otras empresas y actividades del Estado.

“Una de las razones por las que la ha venido promoviendo el Fondo Monetario Internacional y la OCDE es para reducir las pérdidas del Banco Central de Costa Rica. Para el BCCR el gasto para supervisión es un gasto importante: financiamiento 100% del presupuesto de la supervisora de seguros y 80% de las demás”, dijo Cubero a los legisladores. 

Las pérdidas del BCCR se financian con emisión monetaria, y la emisión monetaria se traduce en inflación”, acotó el jerarca.

Por ejemplo,  para el Banco Central el financiamiento de los órganos de desconcentración máxima no cubierto por los supervisados, representa alrededor del 23% de las pérdidas durante los últimos dos años, según los estados financieros auditados del BCCR.

Consultada al respecto, la ministra de Economía , Industria y Comercio (MEIC), Victoria Hernández, externó que todo lo que fortalezca a la administración financiera del país es positivo, aunque subrayó que no es a su ministerio al que le ha correspondido trabajar en este proyecto. 

La ministra de economía dijo que estaría de acuerdo con el aumento en el porcentaje que las entidades financieras aportarían a las superintendencias. Foto: Katya Alvarado.

“Eso nos vuelve atractivos para inversiones; eso le da seguridad jurídica a los inversores que vienen; eso hace que las personas fluyan a los servicios financieros con más confianza y eso hace que Costa Rica no se queda rezagado en temas que nos parecen que son esenciales”, consideró la ministra.

En este sentido agregó que el rol de las superintendencias es importante porque son quienes brindan seguridad jurídica a los ciudadanos.

Las superintendencias son un beneficio para nosotros como personas consumidoras, el rol de ellas es velar. En el tema de los bancos lo que hacen es que los bancos no los sobreendeudan. En el tema de valores, que los valores vengan de destinos confiables y que sean accesibles; que los fondos de inversión no quiebren, por decir algo”, añadió. 

Sobre el proyecto 

El proyecto apenas se encuentra en la fase de discusión legislativa, pues fue presentado el pasado 8 de marzo por el Poder Ejecutivo.

La propuesta es una recomendación del Fondo Monetaria Internacional (FMI) para ajustar las políticas del país a las mejores prácticas internacionales. El objetivo, según las autoridades, es mayor equidad en el financiamiento de las actividades de supervisión y regulación.

También detallan que a nivel internacional, los regulados financian el 100% de los costos de la supervisión y las bases de cálculo varían entre el activo total, según el modelo predominante. 

El monto que deberán cubrir los regulados se asignará en forma proporcional a sus ingresos brutos pero no excederá el 2% de los ingresos brutos de cada entidad.

En el documento se expone que las propuestas de presupuesto de las superintendencias y del Conassif serán enviadas en consulta a los sujetos supervisados y sus observaciones serán analizadas pero no serán vinculantes para la versión final de los presupuestos que se envíen a la Junta Directiva del Banco Central y para la aprobación de la Contraloría General de la República.

 

 


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