Banca pública aportará a Fondo de Garantía para ahorrantes, acuerdan diputados y Gobierno

El Gobierno accedió pese a considerar que existía una diferencia entre la banca privada y la pública, que permitía excluir a esta última de un proyecto de ley para crear el fondo de garantía, según recomendación de OCDE.

Los diputados de la Comisión Especial para el  ingreso de Costa Rica  a la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico  (OCDE) y el Poder Ejecutivo acordaron este miércoles incluír a la banca pública  en el Fondo de Garantía de Depósitos (FGD), un seguro que cubre a los ahorrantes de las entidades frente a escenarios de crisis. 

El consenso llegó luego de varios días de negociación entre las partes, pues el Gobierno consideraba que  la banca pública ya contaba  con una garantía de depósitos para los ahorrantes, según lo establece el artículo 4 de la Ley  Orgánica del Sistema Bancario Nacional, que permitía excluirla de un proyecto de ley para crear el fondo de garantía.

Los diputados y el Ejecutivo decidieron presentar un nuevo texto, pese a la existencia de dos textos en la corriente legislativa sobre este tema. El nuevo proyecto  contó con la firma de 38 legisladores y se tramitará bajo el número de expediente 21.717. 

El Poder Ejecutivo negoció con los legisladores tres medidas que aportarían a “emparejar la cancha» entre los bancos públicos y los privados. 

La primera consiste en eliminar la garantía que tenía el Estado en los endeudamientos que adquiera el Fondo de Garantía de Depósito. 

La segunda es una reforma al  artículo 4 de la Ley Orgánica del Sistema Nacional Bancario, para que cualquier emisor pueda adquirir deuda subordinada  de los Bancos del Estado. Sin esta reforma, solo los organismos multilaterales como el Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE) o el Banco Mundial, podían adquirir este tipo de deuda. 

La deuda subordinada es la que ocupa los últimos lugares en el orden de prelación si la entidad atravesara una crisis; es decir, quienes adquieran títulos de deuda subordinada, quedan en un orden de prelación menor del resto de acreedores, según explicó el presidente del Banco Central, Rodrigo Cubero.

El Poder Ejecutivo también pidió a los diputados flexibilizar las condiciones de contratación en los bancos públicos, pues los bancos privados no están sujetos a normas de contratación y gozan de plena libertad a la hora de contratar su personal. 

No obstante, este último punto quedó por fuera del nuevo texto y los diputados decidieron que este tema será tratado en la Comisión Legislativa que aborda el tema de contratación administrativa. 

“Lo importante es que el pulso quedó zanjado; el Poder Ejecutivo accedió a que se metieran los bancos públicos dentro del seguro de depósito. Ellos vieron que era inviable, imposible que quedaran por fuera”, indicó el diputado independiente, Erick Rodríguez. 

Por su parte, la diputada oficialista, Carolina Hidalgo, sostuvo que el gobierno no cedió respecto a la inclusión de la banca pública en el seguro de depósito, pues ya contaba con la garantía del Estado.

 “La banca pública siempre ha estado, lo que pasa es que el mecanismo para establecer las garantías ha sido la diferenciación, anteriormente solo se estaba apelando al artículo 4 de la Ley Orgánica del Sistema Financiero Nacional que establece que el Estado tiene garantía para todos sus depósitos en general, pero no estaba contemplado anteriormente. Ahora lo que se está haciendo es cambiando esa modalidad por un compartimento específico”, señaló la diputada. 

Hidalgo también dijo que el Gobierno lo que busca con los tres puntos es quitar elementos que auspicien la diferencia de condiciones entre la banca pública y la privada. “El objetivo principal de la OCDE es  quitar las distracciones del mercado bancario. No es que se está cambiando una por otra, es que se está incorporando un elemento más distorsionador, por así decirlo”, acotó. 

El Fondo de Garantía de depósito para los ahorrantes es una de las recomendaciones que hizo  la OCDE a Costa Rica en un informe económico, en el marco del proceso de adhesión del país a esta instancia, pues aseguran que es una herramienta que ayuda a nivelar las condiciones y la competitividad entre la banca estatal y privada. 

El presidente del Banco Central, Rodrigo Cubero,  afirmó antes los diputados días atrás que el seguro de depósito era indispensable para reducir diferencia entre ambos sectores bancarios. “El hecho de crear un mecanismo de garantía de depósito donde contribuyen unos bancos pero otros no, en particular donde están contribuyendo los privados, pero no los públicos -a pesar de que los públicos quedan sujetos a la garantía explícita del  Estado- lo que hace es aumentar las asimetrías”, dijo Cubero.

Dicho proyecto plantea la creación del Fondo de Garantía de Depósito administrado por el Banco Central. Las entidades contribuyentes   aportarían un monto que no superará el 0,15% anual de los depósitos garantizados de cada entidad.

El aporte de las entidades al fondo contará con tres compartimentos: las contribuciones de los bancos públicos; de los bancos privados sucursales de bancos extranjeros, empresas financiera no bancarias; y cooperativas de ahorro, crédito, asociaciones solidaristas supervisadas por la Superintendencia General de Entidades Financieras (Sugef) y las contribuciones de Caja de la Asociación Nacional de Educadores Costarricenses (Ande). 

Los recursos del fondo cubrirá a todos los depósitos o ahorros a la vista o a plazo fijo de las personas físicas o jurídicas por un monto hasta de ₡6.000 por cada ahorrante en cada entidad. 

“Asimetrías”

Pese a que este proyecto ayudaría a equiparar el terreno entre banca pública y privada, según la OCDE, un informe realizado por la Academia de Centroamericana señala las “asimetrías regulatorias en el sistema financiero costarricense”, que ponen en desventaja a la banca pública.

Por ejemplo, destaca que los bancos estatales deben destinar el 38% de sus ganancias al financiamiento de programas sociales, mientras que otras entidades solo contribuyen con el 5% de utilidad.

Los bancos estatales deben trasladar el 15% de las utilidades al régimen de Invalidez, Vejez y Muerte (IVM), el 10% al Instituto de Fomento Cooperativo (Infocoop), y el 5% a la Comisión Nacional de Préstamos para Educación (Conape). Además, se aporta otro 5% al Fondo de Financiamiento para el Desarrollo y el 3% a la CNE.

Por su parte, los bancos privados solo aportan el 5% de las utilidades a Conape. El Banco Popular aporta 5% al Fondo de Desarrollo de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa; mientras que las cooperativas y las mutuales no tienen cargas en este rubro. 

El estudio también señala que los bancos públicos cuentan con una garantía Estatal sobre  los depósitos de los ahorantes, lo cual le favorece sobre la banca privada, pues los ahorrantes pequeños y adversos al riesgo están dispuestos a aceptar menores rendimientos a cambio de mayor seguridad. 

Otra diferencia es la contratación administrativa,  ya que la banca pública es supervisada por la Contraloría General de la República, lo cual les resta flexibilidad frente a los bancos privados, cooperativas, mutuales y financieras, dice el estudio. 

“Esta disposición le resta flexibilidad frente a la banca privada, las mutuales y las cooperativas, las cuales se rigen por reglas internas. En las entidades públicas no hay esquemas claros de rendición de cuentas ni sistemas de evaluación que relacionen las remuneraciones y la escala de ascensos con el rendimiento y la productividad del personal. En otras palabras, el personal carece de un sistema de incentivos orientado a una gestión por resultados”, detalla.

Tras la presentación del proyecto, miembros del Poder Ejecutivo agradecieron a los diputados. «Esta propuesta representa un paso adelante en nuestro camino a la OCDE, ya que busca atender diferentes preocupaciones y a la vez alcanzar los estándares y buenas prácticas que la OCDE impulsa en la materia», indicó la ministra de Comercio Exterior, Dyalá Jiménez.

De la misma manera el ministro de la Presidencia, Víctor Morales, quien en días pasados sostuvo que la banca pública debía de excluirse de aportar al Fondo de Garantía, pues ya contaba con la Garantía del Estados sobre los depósitos.

 

 


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