Según un estudio de la Academia de Centroamérica

Atrasos en trámites de construcción cuestan al país el equivalente a 5.300 viviendas

La tardanza en los trámites pueden representar un atraso de 7,4 meses en los proyectos de construcción privada

Un estudio de la Academia de Centroamérica sobre el sector de la construcción señaló que el proceso de trámites para iniciar a construir  en Costa Rica, provoca grandes retrasos que representan pérdidas económicas equivalentes a 5.300 viviendas nuevas por año.

De acuerdo con el estudio económico, los retrasos pueden significar que el Estado deje de percibir alrededor de 4 mil millones de colones en impuestos por año.

El análisis fue realizado por la Academia de Centroamérica en conjunto con la Cámara Costarricense de la Construcción (CCC) y con el patrocinio del Colegio de Ingenieros y Arquitectos (CFIA) y la Mutual de Cartago de Ahorros y Préstamos (Mucap).

Entre lo hallazgos se encuentra que la lentitud de los trámites repercute en el sector con la pérdida de generación de nuevos empleos, ya que de no ser por esta tardanza, el país podría generar alrededor de 4.622  de nuevas oportunidades laborales anuales.

Según el estudio, estos atrasos pueden representar una demora de  7,4 meses en los proyectos de construcción privada y 13,5 meses en viviendas de interés social.

Sobre las razones que pesan para el atraso de la documentación, destaca que el  35%  tienen que ver con las municipalidades, así como de los trámites ambientales que representan el 27% de la pérdida del tiempo.

Los expertos determinaron que en Costa Rica, independientemente del tamaño del proyecto, el tiempo que puede tomar la construcción de una obra es de un año; un tiempo “anormal”, que repercute en la pérdida de atracción de inversión extranjera, ante la negativa de construir  por el exceso de trámites.

Según la evaluación los principales trámites que se deben de realizar para iniciar a construir (previos, ambientales, municipales) recibieron una calificación inferior a dos, en una escala de valores del uno al cinco.  Agregan que el tiempo máximo que demoren todos estos trámites, no debería de pasar de los cuatro meses, tiempo que en el país demanda hasta unos siete meses.

“Es imprescindible hacer un esfuerzo para estandarizar y simplificar esta tramitología, para permitirle al sector construcción seguir teniendo un aporte importante a la economía nacional. Pero previo a este esfuerzo, es importante revisar las potestades y alcances legales de cada institución para poder identificar traslapes”, indicó Juan Pablo Montealegre, presidente de la Comisió de Competitividad de la Cámara Costarricense de la Construcción.

Olman Vargas, presidente del Colegio Federado de Ingenieros y Arquitectos (CFIA),  indicó parte de los objetivos del estudio era determinar los altos costos que está teniendo para la sociedad costarricense el proceso tramitológico.

“En este momento hay más de 24 instituciones involucradas en sacar trámites a la hora de desarrollar diferentes tipos de proyecto y esas instituciones generan más de 63 tipos de trámites. Sin embargo, hay que sumar las 82 municipalidades estaríamos hablando de más de 100 instituciones involucradas”, señaló Vargas.

“Hay un estudio que señala que la principal traba está en los procesos tramitológicos, todos esos documentos que hay que conseguir antes de iniciar un proceso de construcción: dsponibilidad del agua, uso del suelo, retiros municipales; que son muy engorrosos y que demandan mucho tiempo”, dijo el director del CFIA.

Aseveró que dentro de las acciones que tomará el colegio es “sistematizar en una plataforma tecnológica” todos esos procesos, para que tanto el ingeniero como quien vaya a construir puedan hacer esos trámites desde sus casas, de manera más rápida.

“Parte de lo que pretendemos con este estudio, es que el gobierno central nos apoye en el desarrollo de esta plataforma tecnológica que entenderíamos sería una plataforma central del gobierno, pero administrada por el CFIA y apoyada por la Cámara de la Construcción”, concluyó.

Para la recolección de los datos del estudio, los investigadores consultaron fuentes como el Banco Central y el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INEC), además de entrevistas que realizaron a representantes de empresas de la construcción.

 

 


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