Un criterio de la Dirección Jurídica de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS), señala que el decreto emitido el 22 de mayo de este año por el Poder Ejecutivo “quebranta el principio de jerarquía normativa en cuanto al tema de los derechos adquiridos de los trabajadores y las situaciones jurídicas consolidadas”.
Así se lee en el criterio jurídico DJ-03414-2019, enviado al gerente general de la Caja, Roberto Cervantes y suscrito por el director jurídico de la institución, Gilberth Alfaro, el pasado 2 de julio.
De acuerdo con el documento, las modificaciones planteadas en el Decreto Ejecutivo N° 41729-MIDEPLAN-H a la Ley N° 9635 (Alcance N° 113 a la Gaceta del 22 de mayo del 2019), vienen a variar parte de los acuerdos que se suscribieron con los representantes sindicales el 20 de febrero anterior, lo que motiva la actual huelga en la CCSS.
Este decreto “implica que la institución y los propios gremios suscribientes quedan en una situación de incerteza jurídica ante estas nuevas disposiciones de cara a los acuerdos suscritos en un proceso de diálogo, donde mediaron aspectos como transparencia y buena fe entre las partes, dentro del marco legal”, señala.
Por esta razón, el director jurídico estima pertinente que se considere mantener la validez de los acuerdos con los sindicatos, los cuales se generaron dentro de un marco jurídico que servía de fundamento.
Alfaro recomendó también solicitar al Poder Ejecutivo, valorar la posibilidad de emitir una norma transitoria complementaria al decreto emitido en mayo de este año, en que se establezca el respeto a la validez de los acuerdos que se hubiesen emitido mientras estuvo vigente el Decreto N° 41564-MIDEPLANH del 18 de febrero de 2019).
El conflicto
El acuerdo de los sindicatos y las autoridades de la Caja, suscrito el 20 de febrero anterior, acordaba que las anualidades acumuladas por los trabajadores antes de la vigencia de la Ley N° 9.635, se respetarían en su forma de cálculo y se continuarían reconociendo y remunerando de acuerdo con el porcentaje establecido para cada puesto.
No obstante, el decreto del 22 de mayo, se trajo abajo este acuerdo, al establecer nuevas disposiciones en lo referente al incentivo de anualidad y la conversión de incentivos a montos nominales fijos, tanto los ya recibidos previo a la vigencia de la citada Ley, como los que se adquieran posterior a su vigencia. Esta situación provocó un conflicto entre los sindicatos, autoridades de la Caja y el Gobierno.
Desde el pasado 5 de agosto, los trabajadores de la CCSS iniciaron una huelga, con el objetivo de que se respete el acuerdo suscrito en febrero de este año.
Los sindicatos señalaron que el movimiento duraría dos días; sin embargo, el martes por la tarde anunciaron que se extendería hasta el sábado a las 6 a.m.
El viernes y sábado de esta semana, las autoridades de la Caja, el Gobierno y los sindicatos, han tenido reuniones maratónicas de más de nueve horas; sin embargo, hasta el momento, no han podido llegar a un acuerdo para así deponer el movimiento.
En ambos días, los representantes de los sindicatos, reprocharon la imposibilidad de terminar con la huelga a las autoridades de la Caja, a quienes calificaron de “intransigentes” y de no tener voluntad para solucionar el problema.
El presidente ejecutivo de la Caja, Román Macaya, destacó el viernes que propusieron a las jerarquías sindicales solucionar el conflicto mediante un arbitraje y un contencioso administrativo; no obstante, fueron rechazadas.
El sábado por la noche, Macaya señaló que harían una pausa en la negociación y que esperaban convocar a los sindicatos este domingo. Al cierre de edición de esta noticia, la CCSS no había realizado la convocatoria.
La huelga en los servicios de la Caja continuará de manera indefinida.
Según datos de la CCSS, los primeros cinco días del movimiento suman ya la suspensión de 67.632 consultas externas y 1.365 cirugías.
